El cañón del Micay, ubicado en el departamento del Cauca, en el oeste de Colombia, se ha convertido desde hace meses en el centro de los enfrentamientos armados entre el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y el ejército nacional, desde que el presidente Gustavo Petro rompió el cese al fuego tras el asesinato de una líder indígena a manos del Estado Mayor Central (EMC).
Las localidades de Argelia, El Tambo y López de Micay, se ubican en este cañón que concentra una de las mayores zonas cocaleras de Colombia, con el 75 % de los cultivos de hoja de coca del convulso departamento del Cauca, centro de las acusaciones del presidente Gustavo Petro, que señaló al EMC de haberse aprovechado de las conversaciones de paz y del cese al fuego para reforzarse militarmente.
El presidente Petro, prometió desde que llegó al poder, transformar esta zona en su apuesta por un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, con la persecución de los principales narcotraficantes y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Sin embargo, en el Micay, el punto principal del piloto de su nueva política contra las drogas, el plan ha chocado con el EMC, que controla este amplio territorio anclado en la cordillera Occidental de los Andes colombianos, una zona estratégica y que brinda acceso al océano Pacífico, desde donde el grupo criminal distribuye los cargamentos de coca.
La Voz de América habló con analistas, líderes indígenas y voces del gobierno sobre cómo el cañón del Micay llegó a convertirse en el centro del poder del EMC, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dificulta las negociaciones de paz con este grupo, al que las autoridades acusan de dedicarse al narcotráfico.
Para Édgar Tumiña, líder indígena Misak, un pueblo originario del departamento del Cauca, la situación en el cañón del Micay, se da, porque actores externos como los grupos armados que empezaron a llegar a este territorio “estratégico” por su cercanía al Pacífico, “impusieron” una “economía de guerra”, donde no se puede sembrar cacao, café o plátano.
“Hay una colonización moderna que se sigue dando asociada al conflicto armado para la utilización de territorios indígenas para cultivos de uso ilícito porque hay un empobrecimiento tan fuerte de nuestras comunidades que le están dejando como única opción a nuestros pueblos indígenas ser raspachines (recolectores de hoja de coca) y obligadas a ser parte de estos grupos armados”, explica a la VOA Tumiña.
“La realidad es bastante triste, por eso para nosotros avanzar en la construcción de paz es que en estas zonas de conflicto deben existir vías de acceso directo a estas zonas para que las comunidades pueden hacer lo que siempre han hecho y es sembrar comida porque si no hay buenas vías es imposible que estas zonas dejen de ser zonas de conflicto y seguirán siendo aprovechadas por los actores del conflicto”, añadió.
El valle del Micay concentra el 75 % de los cultivos de hoja de coca del departamento del Cauca, la cuarta zona de Colombia con el mayor número de cultivos ilícitos del país, según cifras de la ONU.
En ese sentido, para Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz Territorial y Derechos Humanos, de la fundación Pares, los grupos armados han aprovechado la “autonomía” y “soberanía” de los territorios indígenas para su reforzar su posición.
“La soberanía indígena puede ser instrumentalizada por los grupos armados teniendo en cuenta que pueden hacer uso de los resguardos indígenas que se rigen bajo reglas propias y en el marco del despliegue territorial y la cobertura que tienen los resguardos indígenas son un elemento de uso para los grupos armados para su posicionamiento y movilizarse en el departamento del Cauca y eso supone escenario de riesgo para estas comunidades”, dice Daza a la VOA.
Los intensos combates en esta región comenzaron el pasado 2 de mayo, cuando militares abatieron a dos guerrilleros y detuvieron a tres rebeldes en una zona rural de Argelia, Cauca.
Tras los combates, que se extendieron durante toda la semana, el Ejército informó de la muerte de los soldados Jorge David Fuentes, Javier Sosa Ballesteros, y Camilo Andrés Molina, fruto de una escalada de conflicto que empezó hace meses, cuando se rompió el cese al fuego con este grupo en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
“La ofensiva contra el EMC en el Cauca debe ser total. Son asesinos del pueblo y traficantes. Si el presidente tiene que ir, el presidente irá”, dijo Petro en su cuenta de X, tras confirmarse la muerte de los militares.
La violencia se ha intensificado “en una lucha que yo la considero más por el control territorial, control de esas economías ilícitas, tuvimos que romper el cese al fuego y estamos combatiendo muy duro con ellos”, opinó en palabras a la Voz de América el ministro de Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco.
Velasco, considera además que la falta de oportunidades ha permitido que se incremente a la par los cultivos ilícitos y la violencia.
“¿Por qué la gente siembra coca? porque no tiene otra opción. Entonces, ayudémosles, que siembren café, que siembren cacao. Si nosotros transformamos la economía de un territorio vamos a derrotar la violencia en ese territorio y en eso estamos”, dijo. “Creo que si no capaces de entender lógica del conflicto actual y cuál es la influencia del tráfico de cocaina en el conflicto actual estamos perdidos, y hay que cambiar eso”.
A pesar de la complicada situación, el gobierno y el EMC continúan con las conversaciones de paz, en ese sentido concluye Daza, que el “tono” más fuerte con el presidente se ha dirigido a este grupo es una “muestra” de que el gobierno “ya está marcando una línea roja frente a los mínimos para continuar en la mesa de negociación y esto se ve reflejado en que ahora la Fuerza Pública está adelantando acciones permanentes en el Cauca”.
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