Las expectativas sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, crecen en Nicaragua, debido al protagonismo que ha tenido este país en la búsqueda de una salida democrática a la crisis social y política que afecta a los nicaragüenses.
La transición del gobierno estadounidense se da el mismo año en que Nicaragua organiza elecciones presidenciales, en medio de la demanda de reformas electorales, garantías constitucionales y respeto a los Derechos Humanos y Políticos de los participantes en la contienda electoral.
Mientras el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, llaman al "respeto y al entendimiento" a la comunidad internacional, la oposición le pide al presidente electo Joe Biden no abandonar la presión mantenida durante los últimos años por su antecesor, Donald Trump, para restablecer la democracia.
El excanciller nicaragüense, Victor Hugo Tinoco, dijo a la Voz de América que considera que, dentro de los intereses estadounidenses, está continuar presionando diplomáticamente para que Ortega realice elecciones libres este año.
“Nosotros esperamos que por la vía diplomática Biden presione, y con firmeza para que se hagan elecciones libres, con observación internacional, para que haya observación de la OEA, para que se hagan los cambios que se tienen que hacer dentro del Consejo Supremo Electoral", dijo Tinoco.
De lo contrario, advierte Nicaragua viviría una "etapa de desestabilización tremenda", de la mano de un agravamiento de la represión y un mayor declive de la economía debido a la pérdida de la inversión extranjera.
Esta opinión es compartida por el analista político y exembajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, que espera que la administración Demócrata no suavice la política exterior de Estados Unidos con algunos países de América Latina, especialmente Nicaragua.
“Ojalá que la administración Demócrata no caiga en el error de creer que con políticas suaves, con mecanismos de diálogo, van a persuadir a este tipo de regímenes. Ellos lo han visto tanto en la administración demócrata como republicana, en la relación con cuba por ejemplo", argumentó Díaz.
En las redes sociales, los opositores jóvenes temen que los demócratas "suavicen” su trato hacia Ortega, e incluso algunos se han hecho eco de las campañas de Trump. Sin embargo, esta es una posibilidad poco probable para Díaz, quien cree que Biden insistirá en apoyar a través de instituciones internacionales como la OEA, la realización de elecciones libres y observadas en Nicaragua, una de las principales demandas de la oposición local, hoy más fragmentada que nunca.
Díaz cree que las futuras decisiones de Estados Unidos en relación con Nicaragua estarán basadas en las leyes vigentes, aprobadas por demócratas y republicanos; tal es el caso de la Ley Global Magnitsky y la Ley Nica Act que establece, entre otras cosas, que el gobierno de Daniel Ortega es una amenaza a la seguridad del país norteamericano.
Sin embargo, fue el mismo presidente Ortega que ofreció una relación de "respeto y entendimiento" al nuevo presidente de Estados Unidos durante su primer discurso del año.
Ortega aseguró que espera que, "Estados Unidos puede trabajar hacia nuestra región, hacia América Latina y el Caribe, hacia Nicaragua con una política de respeto y entendimiento, como decía Darío, si Estados Unidos se volcara a esa posición cuánto respeto ganaría".
Mientras, en un sondeo realizado por las calles de Managua, los ciudadanos expresaron a la Voz de América su interés porque el nuevo Gobierno de Estados Unidos mantenga la mirada en el difícil proceso electoral que enfrenta el país.
La profesora Rosa Vargas, una de las personas consultadas dijo que desde su gremio esperan que la comunidad internacional "apoyada por las grandes potencias" no se olvide de lo que se vive en el país.
"Esperamos que no se olviden de Nicaragua, de nuestros muchachitos asesinados, esperamos que estén pendientes de este país, que tanto hemos sufrido y ahora más con esta pandemia, cuantos colegas hemos perdido", lamentó.
Desde su llegada al poder, Trump mantuvo la cooperación con el gobierno sandinista, no obstante, tras la revuelta social de abril de 2018, aplicó sanciones a unos 24 allegados a Ortega y funcionarios de gobierno, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y los jefes de la Policía y del Ejército, a quienes acusó de corrupción y violación de derechos humanos durante las protestas ciudadanas, una política que analistas y ciudadanos esperan se mantenga durante el 2021.