La libertad de prensa en el Perú enfrenta un panorama sombrío bajo la gestión de Dina Boluarte según la la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). En los dos años transcurridos desde su ascenso al poder, la ANP ha registrado una cifra de 740 ataques contra la prensa.
Los funcionarios públicos, incluyendo a la propia presidenta Boluarte, se han convertido en protagonistas de esta escalada de agresiones indica la ANP. Señala que más del 29 % de los ataques provienen de funcionarios estatales, quienes en lugar de garantizar la libertad de prensa, la obstaculizan y la agreden.
Zuliana Lainez, presidenta la Asociación Nacional de Periodistas y Vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodista señala que “Esto se ha dado en un contexto en el que la presidenta de la República ha logrado acumular 200 días sin responder a las preguntas de la prensa. Hemos podido documentar varias situaciones en las que se han dado inauguraciones de obras públicas o colegios emblemáticos en Lima o en regiones, donde a los periodistas los han mantenido casi retenidos en estrados o en salas de esos espacios públicos en los que se producían las inauguraciones para evitar que se puedan acercar a la presidenta de la república y plantearle alguna pregunta sobre temas que en ese momento eran y que hasta hoy son de absoluto interés público”.
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Zuliana Lainez, presidenta la Asociación Nacional de Periodistas de Perú
La presidenta Boluarte ha protagonizado varios episodios de confrontación con la prensa. Desde calificar de "agresiva" a una periodista que le hacía preguntas incómodas, hasta desacreditar investigaciones periodísticas que revelaban irregularidades en su entorno familiar, la mandataria ha mostrado una creciente intolerancia hacia el escrutinio periodístico.
En 2024, la hostilidad de Boluarte hacia la prensa se intensificó según la Asociación Nacional de Periodistas de Perú. Evitar preguntas sobre escándalos de corrupción, responder agresivamente a periodistas y acusar a los medios de "terrorismo de imagen" se han convertido en prácticas habituales.
El ministro Santiváñez: Amenazas y descalificaciones
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también ha contribuido a este clima de hostilidad. Desde que asumió el cargo en mayo de 2024, ha protagonizado al menos 16 incidentes de ataques a la prensa, incluyendo estigmatizaciones, amenazas e incluso acciones legales contra periodistas.
Un caso emblemático es la amenaza que envió vía Whatsapp a Karla Ramírez Camarena, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana TV, por "difamarlo" en un reportaje. Ante la respuesta de la periodista, Santiváñez adoptó un tono aún más agresivo, advirtiéndole sobre "acciones legales".
Además, el Ministerio del Interior ha utilizado sus redes sociales oficiales para desacreditar reportajes e incluso advertir sobre campañas de desprestigio, en un claro intento de amedrentar a la prensa. Presuntas conversaciones grabadas por un agente policial muestran la actitud de Santibañez, insultando al periodista Marco Sifuentes y mencionando acciones contra él.
Un problema estructural
La agresión a la prensa no se limita al Ejecutivo. Autoridades locales, congresistas, agentes de seguridad y civiles también han estado involucrados en un número significativo de ataques. El Congreso, por ejemplo, ha sido escenario de agresiones verbales y proyectos de ley que buscan limitar el trabajo de la prensa.
En tanto varios de los principales medios independientes en formato digital son asociaciones civiles, la llamada Ley Anti ONG, impulsada por el partido fujimorista, se suma a las acciones para controlar o acallar a los medios.
Sobre esta iniciativa de ley, 16 embajadas y recientemente los senadores estadounidenses Ben Cardin (demócrata por Maryland), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y Tim Kaine (demócrata por Virginia), presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental, expresaron su preocupación por las propuestas legislativas del Congreso peruano. El lenguaje amplio y vago de estas propuestas de ley sobre la sociedad civil corre el riesgo de amedrentar la libertad de expresión y socavar la democracia, expresaron en la web de la comisión.
Si bien las amenazas y el hostigamiento son los ataques más comunes, las agresiones físicas y verbales también representan un porcentaje significativo. Estas agresiones se han intensificado en el contexto de las protestas sociales contra el gobierno, donde los periodistas que cubren las manifestaciones se han convertido en blanco de la violencia.
Los más vulnerables
Los medios digitales son los más afectados por esta ola de ataques, seguidos por los medios televisivos y radiales. Esto confirma una tendencia donde los medios digitales, por su inmediatez y alcance, se han convertido en blanco frecuente de ataques y censura según la ANP.
Las mujeres periodistas enfrentan una agresión diferenciada, que incluye estigmatización, acoso sexual y amenazas relacionadas con su género. Un caso que ilustra esta situación es el de Hialmar Laynes Sánchez, quien durante más de un año acosó, intimidó y amenazó a cinco reporteras. A pesar de las repetidas denuncias, Laynes Sánchez se encuentra prófugo y el Ministerio del Interior no ha logrado capturarlo.
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