WASHINGTON D.C. - El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en contra de otorgar la residencia permanente a los beneficiarios del TPS que entraron de forma irregular al país, encendió la alarma entre los miles de inmigrantes amparados y solicitantes de este estatus.

De acuerdo con la ley, este beneficio les protege de la deportación, pero no elimina el hecho de que ingresaron ilegalmente.

“La Corte Suprema es contraria a otros jueces que sí han decidido que obtener el TPS es un beneficio y es considerado una entrada a EE. UU. para calificar y pedir a largo plazo la residencia. Ha habido cortes de los circuitos de EE. UU. como el noveno que ha dicho que tener TPS es como una forma de admisión. Ahora eso se acabó. Ahora con la decisión de la Corte Suprema que es la corte más alta de EE. UU., dicta para todos los estados y para todos los circuitos”, dijo la abogada experta en migración Julia Toro a la Voz de América.

De esta forma, el dictamen del Supremo, que afecta solo a aquellos que entraron de manera irregular a Estados Unidos, entierra de por vida las esperanzas de quienes opinaban que la concesión del TPS sí permite obtener el estatus de Residencia Legal Permanente a pesar de su entrada ilegal.

Sin embargo, según los expertos, la decisión de la más alta instancia judicial del país podría impulsar la lucha por la reforma migratoria presentada por Joe Biden al Congreso en su primer día como presidente.

Según Toro, “aunque hubo esta decisión de la Corte Suprema que no permite que los TPS puedan ajustar su estatus, sabemos que en el Congreso y con nuestro presidente Biden hay un proyecto de leyes donde quieren legalizar el status de todos los que tienen TPS, de cualquier país que vengan”.

El proyecto de ley, conocido como “Acta de Ciudadanía Estadounidense 2021”, permitiría eventualmente a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos obtener la ciudadanía, incluyendo a los que entraron de forma irregular.

No obstante, a pesar de tener mayoría en las dos cámaras, la iniciativa de la administración Biden podría enfrentar obstáculos en el Congreso. Según Claudia Flores, analista de migración del Center for American Progress, “el problema que tenemos y el desafío que tiene la administración es que en el Senado se necesitan completamente todos los votos demócratas en adición a 10 votos republicanos”.

Sin embargo, para los sectores progresistas, la alta presencia de venezolanos en estados clave como Florida y Texas, y la cercanía de los comicios de medio término, podría decantar la papeleta de algunos senadores a favor de la reforma de Biden.

De acuerdo con Flores, “para impulsar una reforma migratoria en el congreso tenemos que ver que puede suceder en estos dos años, sabemos que vienen las elecciones de medio término. Y los estados como la Florida que es donde reciben muchos venezolanos, muchos tepesianos, existen algunas personas que ya son ciudadanas, que ya van a poder votar en las elecciones de medio término. Entonces esta es una buena oportunidad para que sus senadores impulsen estas reformas en el Congreso”.

Pero concebido para ser un beneficio temporal, renovable por plazos de 6, 12 y 18 meses, el TPS ha despertado el recelo de algunos sectores conservadores que sí ven con buenos ojos el fallo del Tribunal Supremo.

“Como dice el título, se suponía que iba a ser temporal. Pero en múltiples administraciones, este beneficio se ha extendido una y otra vez, por lo que se ha vuelto bastante permanente. Pero esa no era la intención del programa, por lo que la Corte Suprema tiene razón", según Lora Ries, investigadora senior de la Heritage Foundation.

Aunque el presidente Joe Biden se ha mostrado a favor del cambio en la ley de migración, el debate queda ahora en manos del Congreso, donde los legisladores deberán defender su posición, signada por visos de partidismo y promesas de campaña.

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