La esposa del fallecido capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo dijo el lunes que la Organización de las Naciones Unidas debería investigar la causa de su fallecimiento, en medio de acusaciones de que habría sido torturado hasta la muerte.
Acosta Arévalo, de 50 años, murió mientras permanecía encarcelado por acusaciones de supuesta conspiración contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
La esposa y madre de sus dos hijos de 4 y 10 años, Waleswka Pérez, había denunciado el sábado que su marido sufrió torturas en la semana que estuvo detenido y un juez ordenó su traslado a un centro asistencial en el complejo militar de Fuerte Tiuna en Caracas cuando el uniformado llegó al juzgado en silla de ruedas, pocas horas antes de fallecer.
"Exijo justicia", escribió Pérez, esposa del uniformado, en Twitter. "Solicito respaldo y apoyo internacional para realizar un examen forense independiente de la ONU para determinar la causa de la muerte del padre de mis hijos", agregó.
El cuerpo de Acosta permanecía hasta la mañana del lunes en una morgue en Caracas, según el abogado de la familia.
"No hay duda alguna que fue víctima de torturas por parte de los organismos de inteligencia durante su detención", dijo el abogado Alonso Medina Roa, quien agregó que el oficial alarmó al juez cuando llegó al tribunal en silla de ruedas, sin ninguna capacidad motora y con muchos moretones.
Al momento de su detención el 21 de junio, el oficial corrió para intentar escaparse, según el acta policial que leyó su abogado.
El domingo en la noche dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar, DGCIM, que mantuvieron bajo custodia al capitán, habrían sido presentados ante un tribunal, acusados del homicidio de Acosta, según apuntó el abogado.
El fiscal general Tarek Saab dijo el sábado, al confirmar la muerte del militar, que había iniciado una investigación por el fallecimiento, pero no dio detalles.
El Ministerio de la Defensa apuntó en un comunicado que el oficial detenido "se desmayó" antes de iniciar la audiencia ante un juez militar al final del viernes.
Países condenan la muerte del capitán Acosta
Países de la región como Colombia y México han condenado la muerte del capitán.
La Unión Europea pidió también el lunes una investigación independiente en torno a la muerte del capitán, sumándose a decenas de países en América que integran el Grupo de Lima, que repudiaron "las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas" contra opositores en el país sudamericano.
Ambos grupos de naciones otorgaron su respaldo a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que aún no se ha pronunciado sobre el caso.
Alonso Medina, un abogado que representa a la familia de Acosta, dijo que las autoridades habían detenido a dos funcionarios de la agencia de inteligencia militar DGCIM, que estaba deteniendo a Acosta.
"Esto no es suficiente", dijo en una entrevista telefónica, y agregó que la investigación debería centrarse en los principales oficiales militares del país porque el caso implica a las fuerzas armadas como una institución en el uso de la tortura.
"No hay duda de que fue víctima de tortura por parte de las agencias de inteligencia durante su detención".
El informe de Bachelet
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitó recientemente Venezuela y deberá entregar un informe sobre lo que vió en la nación sudamericana.
Al salir del país, donde se reunió con sectores de la política venezolana y organizaciones de la sociedad civil, dijo que le preocupa que "las sanciones impuestas este año sobre las exportaciones del petróleo y el comercio de oro están exacerbando la crisis política" en Venezuela.
Informó que instaló en Venezuela, previo acuerdo con Maduro, a dos funcionarios de derechos humanos que permanecerán en el país, con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica, pero también muy importante continuar monitoreando toda la situación de los derechos humanos en Venezuela".
Bachelet no visitó cárceles ni hospitales y otros sitios en los que habían solicitado previamente su presencia grupos de derechos humanos.
