La Corte Suprema de EE.UU. concedió una solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para hacer cumplir plenamente una nueva regla que restringiría las solicitudes de asilo de inmigrantes en la frontera de EE.UU. y México, un elemento clave de sus políticas de inmigración de línea dura.
El máximo tribunal de la nación dijo que la regla, que requiere que la mayoría de los inmigrantes que desean asilo busquen refugio en un tercer país a través del cual viajaron a Estados Unidos, podría entrar en vigencia a medida que continúan los litigios que desafían su legalidad.
Los jueces liberales Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg disintieron.
"Una vez más, el Poder Ejecutivo emitió una norma que busca anular las prácticas de larga data con respecto a los refugiados que buscan refugio de la persecución", escribió Sotomayor.
"Aunque esta nación ha mantenido sus puertas abiertas durante mucho tiempo a los refugiados, y aunque las apuestas para los solicitantes de asilo no podrían ser mayores, el gobierno implementó su regla sin primero dar aviso público e invitar a la opinión pública generalmente requerido por la ley", dijo la magistrada.
Una demanda para detener la nueva política todavía se abre camino en tribunales inferiores.
Como resultado de la decisión de la Corte Suprema, el gobierno de EE.UU. ahora puede negarse a considerar una solicitud de asilo de cualquier persona que no la solicitó en otro país después de salir de su país pero antes de venir a EE.UU.
Significa que los inmigrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador no pueden solicitar asilo en Estados Unidos si no lo solicitaron primero en México.
Un número récord de familias centroamericanas han solicitado asilo durante el año pasado, y la mayoría han sido puestas en libertad para esperar audiencias judiciales, frustrando los esfuerzos de Trump para frenar una nueva ola de migrantes.
El Departamento de Justicia dice que más de 436,000 casos pendientes incluyen una solicitud de asilo.
La administración Trump anunció el cambio en julio, y cuatro grupos de derechos de los inmigrantes lo cuestionaron rápidamente.
Un juez federal de distrito en California dictaminó que la ley probablemente no era válida porque es incompatible con la ley federal. También dijo que violó la Ley de Procedimientos Administrativos y emitió una orden judicial a nivel nacional.
Un panel del Noveno Circuito dijo que el juez fue demasiado lejos. La política probablemente violó la APA, dijo, pero la orden judicial debería limitarse a los estados dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito. Eso significaba que el cambio de reglas no podía implementarse a lo largo de las fronteras de California y Arizona. Los otros estados fronterizos del sur, Nuevo México y Texas, están en diferentes circuitos, y un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, hablando con la condición de no identificarse, dijo que la nueva regla se está aplicando en esas áreas fronterizas.
Pero el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Jon Tigar, restableció el lunes el mandato a nivel nacional, diciendo que era la única forma de proporcionar a las organizaciones el alivio que él merecía, y mantener la ley de asilo de la nación uniforme.
Incluso antes del último fallo de Tigar, el Procurador General Noel J. Francisco había pedido a la Corte Suprema que permitiera que las nuevas reglas se implementaran en todas partes mientras continuaba la batalla legal.
