Una huelga de un sector de las líneas del transporte público y de camioneros que demandan que no se cobren más peajes en carreteras y autopistas que rodean a Santiago complicaban el viernes la crisis social en Chile, que hace ocho días vive multitudinarias manifestaciones y violentas protestas que ya han dejado 19 muertos.
El envío al Congreso la víspera de un proyecto de ley para congelar un alza en las tarifas de la electricidad y de otro que será remitido el viernes para aumentar en 30 dólares las pensiones de los más pobres no han logrado desactivar las manifestaciones en el país, que no cesan pese al estado de emergencia declarado por el gobierno.
Centenares de camiones circulaban lentamente por el tramo de la ruta que une el país de norte a sur y que pasa por un costado de la capital, a los que se sumaron automovilistas y motociclistas que ondeaban banderas chilenas y letreros que decían “No+TAG”, un peaje que se paga en autopistas y carreteras construidas por privados.
En las autopistas de la capital chilena los automovilistas pagan en promedio entre 35 y 130 dólares mensuales, dependiendo del uso. Los camiones pagan valores muy superiores por sus largos trayectos por las carreteras del país.
A su vez, el paro de medio centenar de recorridos del transporte público complicaba la situación de la periferia sur de Santiago, que perdió la línea del subterráneo por los saqueos e incendios de sus estaciones. Las autoridades dicen que la línea tardará casi un año en ser repuesta.
El subterráneo movía a 2,4 millones de personas a diario en sus seis líneas. El viernes sólo funcionaba el 39% de sus estaciones.
En la ciudad unos 4.000 autobuses reforzaron el transporte después del estallido social que siguió a las protestas de los estudiantes por un alza en las tarifas del metro y que derivaron en violentos saqueos e incendios de supermercados, farmacias, grandes tiendas y pequeños comercios, seguidos de multitudinarias manifestaciones en todo el país, que tiene a 12 de sus 16 regiones en estado de emergencia y toque de queda.
El presidente Sebastián Piñera anunció el miércoles una agenda social que incluye un aumento del 20% en las pensiones y del 16% en los ingresos mínimos, proyectos para rebajar los precios de los medicamentos -que en Chile son de los más altos en la región-, y rebajas en los ingresos de los parlamentarios, que reciben hasta 14.000 dólares mensuales.
La mayoría de los chilenos gana de 400.000 a 500.000 pesos (entre 562 y 762 dólares) que no cubren las necesidades básicas.
Pero el anuncio no calmó las protestas, que carecen de voceros, y en las que multitudes piden alzas en las pensiones y salarios y rebajas en el costo de la educación, las tarifas de servicios y la salud.
Muchas de las manifestaciones han sido fuertemente reprimidas y aumentan las denuncias de abusos por parte de la policía.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció la víspera que enviará a Chile una comisión para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos después que Piñera la invitó a visitar el país.
En tanto, Amnistía Internacional anunció el viernes el envío de un equipo para documentar “las graves violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional que se están cometiendo por agentes del Estado”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esa organización.
