La ambigua relación del gobierno español con Venezuela, y la posibilidad sanciones económicas estadounidenses derivadas de esa relación, han emergido como un problema en el en el período previo a las elecciones legislativas este fin de semana.
En un debate de candidatos este lunes en la noche, el candidato centrista Albert Rivera acusó al socialista presidente de gobierno Pedro Sánchez de “siempre estar de último y arrastrando los pies” sobre Venezuela. El líder de derecha del Partido VOX, Santiago Abascal, entre tanto, acusó a los socialistas de perjudicar las importantes relaciones de España con Estados Unidos.
Las acusaciones surgen después de reportes publicados de que EE.UU. está contemplando sanciones para castigar a España por no tomar medidas más duras contra el gobierno venezolano del presidente en disputa Nicolás Maduro, el cual Washington busca aislar y finalmente sacar.
La semana pasada, Bloomberg citó a un funcionario de alto rango estadounidense diciendo que las sanciones estaban en las etapas iniciales de planificación seguidas de investigaciones del Departamento de Tesoro a transacciones que involucran al banco central español en violación a las restricciones estadounidenses de hacer tratos financieros con Venezuela.
El ministro de Exteriores español aseguró a la VOA que no han sido notificados por el Departamento de Tesoro de EE.UU. sobre ninguna sanción planificada. Hablando desde Bruselas el viernes en la mañana, el ministro relaciones exteriores español Josep Borrel desestimó los informes como "rumores basados en nada".
Pero el presidente estadounidense Donald Trump, al ser cuestionado por la agencia EFE el mismo día sobre la posibilidad de sanciones, dijo: “Veremos. Veremos”.
Según Bloomberg, no se tomará ninguna decisión hasta después de las elecciones españolas este domingo, las cuales podrían llevar al poder a los partidos de centroderecha que favorecen una política más dura contra Venezuela.
EE.UU. y España son tradicionalmente aliados, unidos a través de altos volúmenes de comercio e inversiones bilaterales, y por tratados de defensa que proporcionan bases militares estratégicas para las fuerzas estadounidenses en territorio español. Pero desacuerdos por Venezuela, Cuba y renovadas sanciones estadounidenses sobre Irán tensó la relación desde que Sánchez llegó al cargo hace un año y medio.
Sánchez ha mostrado poco entusiasmo por el esfuerzo de la administración de Trump para sacar a Maduro, llevando a lo que algunos analistas llaman un “doble enfoque” que usualmente molesta a Washington. Tomó dos semanas para respaldar a EE.UU. en su llamado al reconocimiento del líder parlamentario Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela en febrero, a pesar de repetidas peticiones de importantes diplomáticos estadounidense. Otros 50 países actuaron más rápido.
España le dio al líder opositor venezolano Leopoldo López asilo en su embajada en Caracas desde que abandonó el intento apoyado por EE.UU. de sacar a Maduro en abril, pero ha bloqueado su acceso a los medios mientras le urge a la oposición que entre en conversaciones patrocinadas por la UE con el gobierno en disputa.
España es altamente susceptible al tema de las sanciones. Principales empresas españolas, incluido uno de sus bancos más grandes, todavía tienen representación en Venezuela, una ex colonia donde reside una comunidad de expatriados de aproximadamente 200,000 personas con doble nacionalidad.
La empresa petrolera española Repsol ha intentado reducir su exposición con Venezuela desde que entró en conversaciones con el Departamento de Estado estadounidense a principios de este año.
Pero Borrel ha bloqueado a la Unión Europea de implementar sanciones económicas más amplias en contra Venezuela, anunciando meses atrás que él recomendaría medidas limitantes para miembros individuales del gobierno en disputa. Tan solo la semana pasada, aceptó participar en una reunión de ministros de exteriores para expandir la lista negra de funcionarios venezolanos de la UE a 25 para incluir algunos recientemente acusados de narcotráfico y violadores de los derechos humanos denunciados por la ONU.
Funcionarios españoles afirman que han cooperado con las investigaciones estadounidenses en el lavado de dinero de funcionarios corruptos venezolanos, incluyendo el ex directos de la compañía eléctrica nacional quien fue arrestado en España y extraditado a EE.UU. el año pasado.
Pero las cortes españolas recientemente se negaron a entregar al ex jefe de espías Hugo Carvajar, quien es solicitado por las autoridades estadounidenses bajo cargos de contrabando de cocaína a través de una vasta red de narcotráfico que involucra a grupos guerrilleros colombianos y carteles mexicanos. El juicio de Carvajal reveló que era un doble agente para el servicio de inteligencia español.
“Elementos del partido socialistas están profundamente comprometidos con el régimen en Venezuela”, indicó Ramón Peralta, un profesor de derecho internacional en la Universidad Complutense de Madrid, quien también imparte cursos en varias universidades latinoamericanas.
El ex presidente de gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero vendió ocho fragatas de la marina al predecesor de Maduro, Hugo Chávez, y más recientemente se ha convertido en un consultor informal del gobierno en disputa. Un diplomático que sirvió como su embajador para Venezuela, Raúl Morodo, ha sido investigado por acuerdos corruptos con la compañía estatal de petróleo Pdvsa, que quería establecer una sede internacional en Madrid.
