El gobierno de Bolivia a través del ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, defendió la aprobación del decreto supremo que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar operaciones para el restablecimiento del orden público, advirtiendo que en caso necesario puedan asumir medidas extremas y los exime de responsabilidades penales.
Justiniano defendió la norma asegurando que es un "elemento disuasivo".
"Se ha dicho que este decreto supremo, creemos de manera distorsionada, se constituye en una licencia para matar. Lo que no significa ello, simplemente autoriza para que de manera conjunta con la Policía Nacional puedan actuar en resguardo de todos los bolivianos", dijo.
Sin embargo, el decreto generó varias críticas. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que estimula la represión violenta, mientras los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales, preparan un recurso legal para buscar la inconstitucionalidad de la norma, como anunció la diputada Sonia Brito.
"No se está respetando los estándares intenacionales en el uso de la fuerza (…) El Ejército no puede estar en las calles para reprimir al pueblo", expresó Brito.
Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, ofreció su apoyo al gobierno de transición y a la presidenta Jeanine Añez y pidió avanzar en el proceso electoral a la brevedad posible.
"Vamos a hacer un esfuerzo para apoyar este periodo transitorio para que desemboque en elecciones creíbles, para que los bolivianos puedan elegir sus autoridades definitivas", instó el diplomático de la Unión Europea.
Por su lado, el enviado de las Naciones Unidas, Jean Arnault, convocó a una "mesa de diálogo" a dirigentes y legisladores del MAS, con apoyo de los obispos católicos, dijo también el domingo el ministro Justiniano.
La muerte de nueve cocaleros seguidores del expresidente Morales a manos de las fuerzas de seguridad ha puesto en entredicho el llamado a la paz de la presidenta interina Añez, quien ha dicho que la pacificación del país y la convocatoria a nuevas elecciones en tres meses son su prioridad.
Bolivia aún se debate entre la incertidumbre y tensión promovida por grupos que respaldan a Morales, con bloqueos que persisten en las carreteras generando escasez de alimentos.
La nación andina no ha vuelto a la normalidad tras las elecciones del pasado 20 de octubre, debido a los dudosos resultados que fueron criticados bajo denuncias de fraude, que finalmente fue admitido por una auditoría de la Organización de Estados Americanos que sugirió la celebración de nuevas elecciones.
Morales, que aspiraba a su cuarto mandato en Bolivia, renunció ante la presión de los militares y las protestas populares.
Ni su exilio en México, ni los intentos del gobierno de transición, han conseguido frenar las manifestaciones y el malestar de parte de su población.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Bolivia en casi un mes de protestas se registraron 23 muertos y 715 heridos.
Los defensores del pueblo han pedido que además del diálogo que se adelanta entre el gobierno de transición y la oposición, se establezcan "mesas regionales donde podamos acercarnos desde el Estado hacia la población".
