Un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este miércoles denuncia el control que grupos armados ejercen con violencia en la frontera colombo-venezolano, específicamente en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure.
“Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan niños, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte o con meses de trabajo forzado”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en la nota de prensa publicada por la organización.
HRW denuncia que se trata del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo que se formó a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La organización explica que estos grupos han impuesto a los ciudadanos de estas localidades “una serie de normas asociadas con las leyes que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos”.
Se trata de toques de queda; imparten justicia ante delitos “prohibidos” por ellos; reglamentación de actividades cotidianas y hasta el pago de deudas. Las consecuencias de no cumplir estas “normas” van desde multas y trabajos forzados, hasta muerte, detalla el informe.
“Acá se hace lo que ellos dicen, o uno se muere (…) Las reglas son (…) no se le puedo hablar al Ejército, no se puede salir tarde en la noche. Y si no las cumplimos, el objetivo o la pena es muerte”, relata una residente a la organización en condición de anonimato.
Vivanco afirmó que los grupos “operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera”.
En el caso colombiano, la organización indica que si bien las autoridades colombianas han intentado contrarrestar el poder de los grupos armados, la impunidad sigue “siendo la norma”. Detallan que hasta septiembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación de Colombia había obtenido condenas en apenas ocho casos de homicidio cometidos en Arauca desde 2017, de un total de más de 400. Ninguno de los condenados eran miembros de grupos armados.
Recomiendan al Estado colombiano que fortalecer el poder judicial, reforzar la protección de la población y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos.
Del lado venezolano, HRW asegura que “pareciera que los grupos armados tienen mucha más libertad de acción”. Apuntan que las autoridades venezolanas no han divulgado estadísticas confiables ni completas sobre las muertes ocurridas allí sobre homicidios perpetrados por estos grupos en Apure.
Asegura que además, en ocasiones, los grupos armados actúan con la connivencia de las fuerzas de seguridad y autoridades locales venezolanas.
“Incrementar la presión internacional sobre el régimen de (Nicolás) Maduro sigue siendo una herramienta importante para prevenir abusos y que se haga justicia por los crímenes cometidos en Venezuela”, afirmó Vivanco.
