El procurador designado por el gobierno interino de Venezuela, José Ignacio Hernández, puso su cargo a la orden tras la polémica que se generó en la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, por el aumento de un Fondo Especial de Litigio creado para proteger los activos extranjeros del Estado venezolano.
En la sesión ordinaria de este martes 28 de enero, los diputados aprobaron aumentar de 2 millones de dólares a 20 millones de dólares destinados para atender los gastos de los casos de reclamaciones de acreedores sobre activos venezolanos en el extranjero creado el año pasado. Este dinero forma parte de los fondos congelados en cuentas en Estados Unidos por las sanciones impuestas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
La discrepancia se debió a que la fracción parlamentaria del partido Primero Justicia (PJ), al que pertenecen figuras como el ex candidato presidencial Henrique Capriles y Julio Borges, se abstuvieron en la votación. En representación de su partido, el parlamentario Alfonso Marquina explicó que se debía a la falta de controles y la necesidad de un contralor.
Primero Justicia también apeló al Estatuto que rige la transición a la democracia, aprobado también en 2019 por el Parlamento, en el que se estipula que los activos recuperados no pueden ser dispuestos hasta tanto no “cese la usurpación y se confirme un gobierno de Unidad Nacional”.
Hernández explicó en un mensaje en Twitter que puso su cargo a la orden, a consideración del presidente Juan Guaidó y de la AN, “si ello contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión” del Parlamento.
Además, apeló a implementar “controles adecuados” antes de la ejecución del fondo. Sin embargo, ratificó que la aprobación del fondo de litigios “es legal y está ajustada al estatuto”.
El gobierno interino aún no se ha pronunciado sobre la decisión de su procurador.
