El Ministerio Público acusó el sábado en los tribunales de justicia a dos exfuncionarios gubernamentales, el alcalde de la capital salvadoreña y otras cuatro personas de negociar la ayuda de pandillas para ganar las elecciones presidenciales.
La fiscal Carolina Cabrera, del Grupo Anticorrupción del Ministerio Público, acudió al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para presentar el requerimiento penal contra el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara; el alcalde capitalino Ernesto Muyshondt; el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano; Raúl Mijango; Wilson Alvarado; y el periodista Paolo Luers.
Valencia y Lara fueron funcionarios del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), mientras que Muyshondt y Ruano han formado parte de la dirigencia del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Mijango, un excomandante guerrillero, y Luers, un periodista de origen alemán que formó parte de la guerrilla, fueron mediadores de la tregua entre las pandillas y el gobierno en 2012 durante el periodo del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
A todos se les atribuyen los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, pero la Fiscalía solicitó que sean procesados en libertad con el pago de una fianza de 100 mil dólares para cada uno y presentarse cada 15 días a la sede judicial que corresponda.
En el caso de Ruano, la fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo, ya que la ley establece que al haber fallecido se extingue la acción penal.
Recientemente, la Fiscalía pidió a la Asamblea Legislativa un antejuicio para quitarle el fuero a Norman Quijano, expresidente del Congreso y actual diputado por el partido Arena, para que sea juzgado por los mismos delitos.
Según el reglamento de la Asamblea, la junta directiva conocerá la petición y formará una “comisión de antejuicio” para evaluar si hay elementos suficientes para que el diputado sea procesado penalmente.
La Constitución expresa que los diputados no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin del período para el que fueran elegidos sin que la Asamblea declare previamente que hay lugar para la causa.
Esta es la primera vez que el Ministerio Público pide que se retira la inmunidad parlamentaria a un diputado señalado de tener vínculos con las maras o pandillas.
