Al menos 138 personas deportadas a El Salvador desde Estados Unidos en los últimos años fueron asesinadas a su regreso, dijo Human Rights Watch en un nuevo reporte publicado el miércoles, mientras el gobierno del presidente Donald Trump dificulta que los centroamericanos busquen refugio en el país.
La mayoría de los decesos documentados por Human Rights Watch en el informe ocurrieron menos de un año después de que los deportados volviesen a El Salvador, y algunos incluso en cuestión de días. La ONG de derechos humanos confirmó también al menos 70 casos de agresión sexual u otro tipo de violencia.
La violencia subraya el riesgo que enfrenta la gente forzada a regresar por una ley estadounidense que obliga a deportar a las personas sin ciudadanía condenadas por una serie de delitos, y las políticas del gobierno de Trump que desaniman a los solicitantes de asilo, señaló Alison Leal Parker, directora gerente del grupo en Estados Unidos.
“Nuestra preocupación es que muchas de estas personas se enfrentan a una sentencia de muerte”, señaló Leal Parker.
Entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a alrededor de 111.000 salvadoreños a su país, que durante mucho tiempo estuvo dominado por la violencia de las maras.
Naciones Unidas reportó el año pasado que los asesinatos en El Salvador, en su mayoría ligados al conflicto de las pandillas, descendieron desde su apogeo de más de 6.000 en 2015. Pero el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
En respuesta a una solicitud de comentario de la VOA, un portavoz de Seguridad Nacional indicó que EE.UU. y Centroamérica comenzaron a trabajar para abordar muchos de los factores que provocan la migración ilegal, "incluyendo la construcción de actividad económica y la mejora de la seguridad".
"Juntos, establecimos una asociación sólida que está profundamente arraigada en la visión de una región más segura y próspera", indicó el portavoz.
"Nuestro mensaje a los posibles migrantes que están considerando el peligroso viaje es claro: no confíen en los traficantes", agregó, indicando que si el migrante no tiene un caso legal para estar en los EE.UU., se le dará la oportunidad de tener asilo en otro país o le regresá a su lugar de origen.
Mientras, el número de salvadoreños que solicitaron asilo en Estados Unidos creció cerca de un 1.000% entre 2012 y 2017, y muchos de ellos alegaron amenazas de bandas como motivo, solo alrededor del 18% recibió protección.
Human Rights Watch confirmó las 138 muertes durante ese periodo a través de los registros oficiales, entrevistas con familias y reportes en prensa, pero cree que la cifra real es mucho más alta, en parte porque algunas no se notifican por el estigma de la deportación. El número de agresiones es probablemente bajo también por la falta de denuncias.
César Ríos, director ejecutivo de la ONG Instituto Salvadoreño del Migrante, dijo que en el país no se controlan los decesos de deportados, pero apuntó que el dato parece creíble y refleja la realidad de muchos de los que regresan a comunidades controladas por las pandillas.
Trump ha hecho del control migratorio uno de los pilares de su gobierno. Esto incluye la política de obligar a los solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México la resolución de sus peticiones, y la deportación a sus países de origen si es rechazada.
Antes, muchos de los que reclaman protección habrían podido quedar en libertad condicional en Estados Unidos ante una decisión que podía demorarse un año o más. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que está intentando hacer que el proceso sea más eficiente y acabar con las solicitudes fraudulentas.
Pero Leal Parker y otros críticos apuntan que este reporte, y los esfuerzos previos para documentar la violencia contra los salvadoreños que esperan la resolución de sus casos en la frontera mexicana, muestran los riesgos de la política migratoria estadounidense.
“Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Trump para aniquilar literalmente el derecho a buscar asilo en Estados Unidos”, agregó.
Human Rights Watch instó a la Casa Blanca a retirar la política que hace que los solicitantes de asilo tengan que esperar en México, además de los acuerdos que permiten que guatemaltecos, salvadoreños y hondureños sean reubicados en otros países de Centroamérica mientras se resuelven sus casos. También pidió al secretario de Justicia que revoque las restricciones que complicaron la petición de asilo en el país a causa de las amenazas de las maras o la violencia de género.
Con información de AP
