Condiciones de reclusión y enfermedades previas son las principales preocupaciones de familiares, de abogados y de la Asamblea Nacional de mayoría opositora por los presos políticos de Venezuela y la llegada al país del coronavirus.
Desde que se confirmaron los dos primeros casos de COVID-19 el pasado viernes 13 de marzo, el gobierno en disputa del país ha ido tomado progresivamente medidas hasta llegar a decretar una “cuarentena colectiva” en toda la nación.
Joel García, abogado de un grupo de los presos políticos, explicó a la Voz de América que -en general- la población penitenciaria “se encuentra en un estado de vulnerabilidad debido a que ningún centro penitenciario, ningún centro de reclusión, cuenta con las medidas sanitarias, de salubridad, de higiene necesarias. Como tampoco cuentan con los servicios médicos necesarios”.
Detalló que en los centros penitenciarios donde están algunos de sus defendidos, como en las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), no tienen agua potable o está limitado el aseo personal, contrariando las recomendaciones para prevenir el coronavirus.
“Estar a un metro de distancia el uno del otro es imposible”, aseguró el abogado.
El abogado resaltó casos como el del jefe de despacho de la presidencia interina del país, Roberto Marrero, que sufre de asma; el diputado Juan Requesens, con una infección respiratoria desde hace tres semanas; y Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó, quien ha tenido crisis de hipertensión.
El gobierno en disputa, agregó, no ha hecho ningún tipo de contacto con familiares o defensores, y aseguró que más bien “el sistema de justicia se paralizó” por las medidas anunciadas, a pesar de las peticiones y trámites en curso.
El miércoles (18 de marzo), familiares de presos políticos civiles y militares, emitieron un comunicado en el que aseguraban que condiciones como cuatro personas en una celda 2 x 2, la mala alimentación y la falta del sol “ponen en riesgo mortal la vida de los presos políticos”.
“Un solo funcionario contagiado basta para poner en riesgo la vida de todos los presos políticos en un centro de detención”, se lee en el comunicado.
Esta preocupación no es única de los familiares y defensores de presos políticos. ONGs como Una Ventana por la Libertad (UVL) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) han expresado su preocupación por la llegada del virus al país y el peligro de la comunidad carcelaria.
“Es el hacinamiento carcelario, la principal causa de la crisis penitenciaria en Venezuela y el compañero constante de todas las otras violaciones de derechos fundamentales de los reclusos, pues constituye uno de los primarios riesgos de salud para la población penitenciaria”, se lee en el comunicado de la UVL.
Según su registro, 1103 detenidos están enfermos, de los cuales el 20% tiene tuberculosis y el 9% enfermedades respiratorias.
Por su parte, el OVP señaló en una nota de prensa las carencias de los detenidos en Venezuela. “Son muchos los casos de desnutrición en las cárceles, sumado al hacinamiento y otros factores que atentan contra sus derechos humanos”, indica el texto.
Campaña desde la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional (AN) liderada por el presidente interino Juan Guaidó inició esta semana una campaña dirigida a los organismos internacionales con el propósito de solicitar una medida humanitaria de libertad para los presos políticos.
La diputada Adriana Pichardo explicó que han apelando a la oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH. de las Naciones Unidas, la comisión de DD.HH. de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Cruz Roja, este último para que sea garante de que se cumplan las condiciones de salubridad y de atención médicas para los presos políticos.
“La Asamblea Nacional seguirá presionando, denunciando, alzando la voz por la solicitud de medida humanitaria y por supuesto enviará a los organismos internacionales y a los distintos gobiernos y parlamentos del mundo para que se sumen a esta petición de sociedad civil, de familia y de la Asamblea Nacional por una medida humanitaria para los presos políticos”, indicó la diputada a la VOA.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano reiteró la vulnerabilidad de estas personas ya expuesta por sus familiares. “No hay ninguna medida de prevención para los presos políticos. Si alguno de ellos lo contrae, uno, hay un riesgo enorme de contaminación para todos los demás (…) y dos, ellos mismo corren grave peligro”, señaló la parlamentaria a la Voz de América.
“Están en hacinamiento. No recibe luz solar (…) por ejemplo en el DGICM hay 16 celdas, y hay 60 presos metidos en esas celdas. No tienen ventanas. No están recibiendo atención médica”, agregó.
Indicó que aparte de buscar la presión internacional, buscan conseguir la presión ciudadana necesaria para que se logren las medidas humanitarias. “Estos venezolanos que no han cometido ningún delito y que hoy están en riesgo de coronavirus, tiene que ser puestos en libertad”, señaló.
Según la ONG Foro Penal, para el 9 de marzo había en el país 316 presos políticos - incluyendo un adolescente - , entre los que están 196 civiles y 120 militares.
Desde el gobierno en disputa de Nicolás Maduro o el Ministerio para el Servicio Penitenciaron no se han pronunciado o tomado mayor medida aparte de suspender las visitas en los centros de reclusión.
