La suspensión de las sanciones a la industria petrolera venezolana, impuestas por Estados Unidos mediante órdenes de la Presidencia y del Departamento del Tesoro, es un paso determinante para la recuperación económica del país, opinan expertos del sector.
Estados Unidos colocó sobre la mesa política internacional su plan para un Gobierno de transición en Venezuela, que contempla la activación de un consejo de Estado, la renovación de los poderes públicos, la reivindicación del Parlamento y la celebración de elecciones presidenciales.
Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU., detalló en marzo la oferta de 12 pasos hacia la transición en Venezuela. Las seis primeras fases proponen, además, la liberación de todos los presos políticos, la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y la retirada de fuerzas extranjeras.
La séptima, justo en el epicentro del proyecto, plantea el levantamiento de las sanciones que han dificultado, orden tras orden, el manejo de la industria de los hidrocarburos de parte del madurismo.
“Una vez se establezca el consejo de Estado y las fuerzas de seguridad (extranjeras) hayan partido, quedarán suspendidas las sanciones que EE.UU. aplicaron al gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela y al sector petrolero”, indica la iniciativa descrita por Pompeo.
Sanciones petroleras
Entre febrero de 2015 y agosto de 2017, Estados Unidos anunció sanciones individuales contra funcionarios policiales, líderes militares, magistrados y políticos del madurismo en Venezuela.
Las medidas, anunciadas el 31 de julio de 2017, incluyeron al propio Nicolás Maduro, a quien Washington congeló todos los activos sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.
En 2017, la administración Trump apuntó a Petróleos de Venezuela. La primera sanción, del 25 de agosto de ese año, prohibió a la estatal petrolera negociar nuevas emisiones de deuda y bonos.
También, impidió negociar ciertos bonos en manos del sector público y el pago de dividendos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
En marzo de 2018, Trump firmó una orden ejecutiva para proscribir las transacciones con cualquier moneda, divisa o ficha digital, incluido el Petro, la criptomoneda lanzada por el madurismo.
Dos meses después, el departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió hacer transacciones con todas las empresas venezolanas relacionadas con la administración de Nicolás Maduro.
La decisión imposibilitó la compra de cualquier deuda expedida por el Gobierno venezolano, incluso aquellas facturas que aún no se habían pagado.
Se prohibió vender, transferir, asignar u otorgar garantías a “colaterales” de parte del Ejecutivo madurista y poseer acciones en cualquier entidad de la que el Gobierno fuese accionista mayoritario, mencionando particularmente a PDVSA y el Banco Central de Venezuela.
Trump aprobó en noviembre de 2018 la imposición de sanciones contra las exportaciones de oro venezolano y de cualquier otro sector que las autoridades norteamericanas consideren “pertinente”.
La intensidad de las sanciones específicamente en contra de PDVSA subió varios escalones a partir de enero de 2019. Su baza fue la ilegitimidad de la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia tras ganar en 2018 unas elecciones consideradas fraudulentas e ilegales por EE.UU.
El 28 de enero de ese año, luego que Juan Guaidó se proclamara presidente interino, la Casa Blanca anunció el bloqueo de 7.000 millones de dólares en activos petroleros venezolanos en Estados Unidos y la designación de la estatal en la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.
El departamento del Tesoro prohibió entonces que cualquier estadounidense pudiera operar en el sector petrolero de la economía venezolana.
En abril de 2019, el gobierno estadounidense aplicó sanciones contra 35 cargueros utilizados para transportar el petróleo de Venezuela a Cuba. Dos de los buques pertenecían a empresas de Liberia y Grecia, también incluidas en las inhabilitaciones y congelación de activos anunciadas ese mes.
Más recientemente, en febrero pasado, la administración Trump sancionó a una subsidiaria de la empresa estatal rusa Rosneft, conocida como Rosneft Trading, por sus operaciones en Venezuela.
Orlando Ochoa, economista, admite que las sanciones han impactado considerablemente la industria, especialmente desde enero de 2019.
Considera, no obstante, que el desplome de la producción petrolera y minera, y el colapso de la refinación de acero, aluminio y cemento en Venezuela “vienen de antes, son endógenos”.
Experto en macroeconomía y petróleo, observa que la eliminación de las sanciones es un paso importante para la reconstrucción de la economía, pero, advierte, no debe ser el único.
“Quitar las sanciones es una condición necesaria, pero no suficiente para arrancar. Así como no es la causa fundamental (del colapso de la industria), es un obstáculo, sí, pero se requiere atender un programa de estabilización macroeconómica y de reorganización de la industria petrolera”, indica.
Ochoa confía en que ambos planes son “posibles” y necesarios junto a otro que reestructure la deuda pública en Venezuela, que se estima entre 140.000 y 150.000 millones de dólares.
Protección de activos
Entre febrero de 2015 y agosto de 2017, EE.UU. anunció sanciones individuales contra funcionarios policiales, líderes militares, magistrados y políticos del madurismo en Venezuela.
En 2017, la administración Trump apuntó a Petróleos de Venezuela. La primera sanción, del 25 de agosto de ese año, prohibió a la estatal petrolera negociar nuevas emisiones de deuda y bonos.
Pero la intensidad de las sanciones en contra de PDVSA escaló varios peldaños en enero de 2019.
El 28 de enero de ese año, luego que Juan Guaidó se proclamara presidente interino, la Casa Blanca anunció el bloqueo de 7.000 millones de dólares en activos petroleros venezolanos en Estados Unidos y la designación de la estatal en la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.
Ochoa, con estudios de postgrado en la Universidad de Oxford, no recomendaría levantar de inmediato esa sanción, que protegería a Venezuela mientras reestructura su deuda pública.
“Estados Unidos debe determinar qué sanciones va a levantar primero, pero algunas de ellas protegen los activos de PDVSA contra embargos de terceros. Se trata de la organización y reestructuración de la deuda sin el riesgo de embargos de terceros. Esa hay que mantenerla”, dice.
“Puntillazo” petrolero
Carlos Mendoza Potellá, economista y asesor del Banco Central de Venezuela, se rehúsa a evaluar la posibilidad de una transición, mas está dispuesto a contemplar la recuperación económica nacional.
Desestima que la oferta de levantar las sanciones petroleras a cambio de un golpe de timón político sea “nueva”.
Su eventual suspensión, recuerda, se ventiló en el diálogo del madurismo y la oposición en República Dominicana, en 2017. Aquellos planes no progresaron.
“Fueron ofertas políticas con un trasfondo de una pistola en la espalda” de parte de Estados Unidos, opina. “Así no se puede negociar”, concluye.
El profesor de Economía Petrolera valora que las sanciones han sido “mortales y terribles” para la industria petrolera nacional, si bien reconoce que su capacidad operacional estaba previamente comprometida por “mala administración y corrupción”.
“Las sanciones vienen a ser la puntilla que liquida al toro, la que termina la corrida. Nuestra industria está desfalleciente, bloqueada, no puede sacar la producción” al mercado internacional, comenta, en conversación con la Voz de América.
Coincide en que la industria petrolera no podrá reflotar si no se eliminan las sanciones estadounidenses o si no existe respaldo internacional. “Está fundida y castigada”, lamenta.
Advierte que no se trata de un problema de producción, que ya es grave -un reporte de Reuters detalló que Venezuela produjo 670.000 barriles al día a finales de marzo-.
Mendoza Potellá recapitula que “el bloqueo” de Estados Unidos tuvo su origen en la administración del expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017).
En febrero de 2015, Obama firmó una orden ejecutiva que declaró “una emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” de Venezuela a su seguridad nacional y su política exterior.
Mendoza Potellá subraya que las presiones de Washington se centraron entonces en forzar que los países del Caribe dejaran de depender del petróleo venezolano y retiraran su apoyo a Maduro.
Fue, a su juicio, “una política agresiva contra la geopolítica venezolana”, que, años más tarde, se expresa en sanciones que hoy EE.UU. ofrece eliminar.
Primero: el acuerdo
Ochoa diagnostica que PDVSA ha perdido su capacidad operaciones y está vapuleada por el deterioro de equipos e infraestructura, así como por la pérdida de personal especializado.
Asegura que en marzo pasado se paralizaron los últimos cuatro taladros en operaciones de construcción de pozos petroleros, un hecho inédito en los últimos 100 años.
Los precios del mercado petrolero internacional se desplomaron en marzo por los efectos de la COVID-19 y por las diferencias entre Arabia Saudita y Rusia sobre la reducción de producción.
Ochoa advierte, en ese contexto, que la capacidad de pago de PDVSA es inexistente y que la extracción, producción, refinación, almacenamiento y distribución de su crudo se ha ralentizado.
Se calcula que Venezuela tiene acopiados entre 20 y 25 millones de barriles de petróleo en sus tanques de almacenamiento, precisa el economista.
Prevé que la suspensión de las sanciones estadounidenses normalice el ingreso de Venezuela a los mercados. De entrada, debe recomponerse la relación con socios y contratistas, dice.
La recomposición petrolera dependerá no solo del levantamiento de sanciones. Ochoa cree que la reactivación local también estará atada a factores mundiales, como los niveles de demanda del mercado si se controla o no la pandemia.
Se atreve a poner foco en una luz al final del túnel. “Venezuela tiene amplia riqueza en crudos medianos y pesados, mezclados con diluyentes, que tienen una demanda muy fuerte en Estados Unidos, China e India. Eso, al mediano y largo plazo puede ser prometedor para Venezuela”, opina.
Antes, asevera, debe existir un consenso político. Sin él, no habrá recuperación económica.
“El conflicto político es un enorme obstáculo para la transición. Debemos construir consensos. Los sectores que han cometido grandes errores seguirán estando aquí, de alguna manera”, apunta.
