Observadores de derechos humanos y dirigentes de la Iglesia católica en Venezuela describen como “una masacre” los asesinatos de al menos 47 detenidos, ocurridos el pasado 1 de mayo en una cárcel del interior del país, por disparos presuntamente realizados por custodios civiles y militares.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció en un comunicado que funcionarios del Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare, a 400 kilómetros de Caracas, balearon a un grupo de internos que les reclamó por la retención de alimentos entregados minutos antes por sus familiares.
Los reos, siempre según la oenegé, recibieron “disparos contra su humanidad” cuando se acercaron al área administrativa de la cárcel para reprochar que militares de la Guardia Nacional Bolivariana se quedaran con porciones de sus comidas.
Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, declaró al periódico Últimas Noticias que el hecho ocurrió tras un intento de fuga masiva.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, que confirmó 47 fallecidos y 75 heridos, rechazó que una presunta “fuga, revuelta, pelea o motín entre los internos” haya originado los ataques.
“Sí, fue una masacre”, afirma Carolina Girón, directora del Observatorio. En entrevista con la Voz de América, insiste en que los disparos contra la población carcelaria fueron “indiscriminados”.
El Centro Penitenciario de Los Llanos, destaca, puede albergar hasta 750 reos y, al momento de la refriega del viernes, había 2.500 detenidos en sus instalaciones. La mitad de ellos, dice, no ha recibido sentencia firme por los delitos de los que se les acusan, debido a retardos procesales.
Expresa asombro por “el silencio de las autoridades” ante lo ocurrido. El ministro del Interior del gabinete madurista, Néstor Reverol, denunció el domingo la frustración del ingreso al país, por vía marítima, de un grupo de “mercenarios” que buscaba atentar contra miembros del Gobierno en disputa.
Pero el funcionario no habló sobre los asesinatos en la cárcel del estado Portuguesa. Tampoco lo hizo el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.
“Es un Estado responsable y ausente”, comenta Girón.
“Hay hambre”
La protesta del viernes en el presidio, estima Girón, se exacerbó por la retención de una porción de los alimentos enviados por los familiares en un contexto de semanas de prohibición de visitas de familiares.
“Hay hambre en las cárceles venezolanas. Depende (el recluso) de que su familiar le lleve ropa, artículos de limpieza, comida, y te encuentras en un país donde hay declarada una cuarentena. No implementaron un protocolo para la atención de estas personas, les prohíben visitas, no hay agua, no llegan alimentos, se le suma ahora a esto (del robo o retención de comida)”, expone.
Al menos 52 de las 75 personas heridas están recluidas en el Hospital Doctor Miguel Oraá, de Guanare, y el resto regresó al penal por solo presentar heridas leves, reportó el Observatorio.
Girón reclama que los cuerpos de seguridad y representantes de los asuntos penitenciarios de parte del Ejecutivo en disputa de Venezuela han tardado en elaborar una lista precisa de los fallecidos.
“No saben ni cómo se llaman los que están ahí, ni quiénes viven allí en la cárcel”, dice.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó el mismo viernes su preocupación por los hechos violentos acontecidos en la prisión de Guanare.
“Llamamos al Gobierno a investigar, resolver el hacinamiento y garantizar derechos básicos”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.
Según la versión del madurismo, el director de la cárcel recibió puñaladas en la espalda y la cabeza. Los reos, de acuerdo con el Gobierno en disputa, atacaron con armas de fuego y objetos punzantes.
“Rechazamos la violencia y lamentamos profundamente la situación que enluta a los hogares de humildes familias venezolanas”, declaró Varela, citada por el diario Últimas Noticias.
“Represión violenta”
La Iglesia católica llamó “masacre” a lo ocurrido en Guanare.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana incluyó el término en su comunicado oficial sobre los asesinatos de la cárcel. Monseñor Roberto Lückert, presidente de la comisión, lo reitera en conversación telefónica con la VOA.
Critica la respuesta de funcionarios del Estado a un reclamo “un tanto violento” de parte de los internos de la penitenciaría por hambre y falta de comida.
“El derecho a protestar es un derecho de los venezolanos y de los privados de libertad. No es posible que para reprimir una protesta un tanto violenta se acuda a la represión violenta. La respuesta de la institucionalidad carcelaria fue agresiva, violenta e injusta”, comenta.
Lückert afirma que la ministra Iris Varela le tiene prohibido ingresar a las cárceles del país a pesar de su condición de prelado. Dice que solo logra entrar cuando realiza una llamada a uno de los líderes de los internos, conocidos en Venezuela como “prames”.
“No quiere que entre a la cárcel porque allí me doy cuenta de la situación de los presos”, reclama el purpurado, de 80 años.
Dice haber visto a grupos de cuatro o cinco internos comiendo caraotas con fideo de un mismo plato. “La situación de las cárceles es precaria”, asegura.
Lückert exige al Ejecutivo en disputa que permita una investigación independiente de lo ocurrido el viernes en la cárcel de Guanare y que resguarde la vida y derechos fundamentales de los detenidos.
El texto publicado el fin de semana por la Iglesia menciona que los privados de libertad en Venezuela son “uno de los grupos más vulnerables” por no tener una atención sanitaria adecuada, vivir en hacinamiento, sujetos a retrasos procesales y sin garantías de poder alimentarse.
Historial violento
Juan Guaidó, presidente interino y del Parlamento en Venezuela, también calificó el hecho como “masacre”. Humberto Prado, su comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, aseguró a la Voz de América que la cifra de víctimas en la cárcel de Guanare era de 50.
Considera que la tesis del intento de fuga se desploma al notar que los cuerpos de los asesinados quedaron inertes en el área administrativa del penal y que la balacera ocurrió al mediodía.
El Gobierno interino de Guaidó notificó la “masacre” a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, exigiendo, asimismo, las garantías de no repetición de los hechos, la indemnización a las víctimas y a sus familias, y la realización de una investigación independiente.
Prado subraya que el madurismo tiene, a su juicio, un historial amplio de uso letal de la fuerza en las cárceles de Venezuela. En un centro de reclusión temporal de Zulia, precisa, hubo la “neutralización” de 35 presos evadidos, según Ovidio Delgado, jefe militar en la región.
Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana mataron en abril de 2019 a 29 reclusos en Acarigua, estado de Portuguesa, durante un motín. En 2018, hubo un hecho similar, que dejó 69 internos fallecidos en un centro de detención policial en Carabobo, detalla Prado.
“Desde 2011, más de 1.000 internos han sido asesinados a manos de estas autoridades”, denuncia.
