Seis países del continente, incluyendo EE.UU., Canadá y Colombia, presentaron en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos una resolución que busca presionar al gobierno de Nicaragua para que reforme el sistema electoral antes de los comicios de noviembre de 2021.
El documento, firmado también por Chile, Paraguay y la representación del gobierno interino de Venezuela, exige al presidente, Daniel Ortega, reestructurar el Consejo Supremo Electoral, de mayoría oficialista, y permitir la entrada de observadores internacionales para que se realice un examen "técnico independiente" del proceso electoral, antes de mayo de 2021.
En su intervención ante el pleno del organismo, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó al gobierno de Ortega de "socavar la democracia en su país e infringir los derechos básicos de su pueblo".
El diplomático impulsó la resolución argumentando que Nicaragua no se ha "mantenido a la altura de los principios democráticos más básicos" y sostuvo que las reformas son necesarias para "tener unas elecciones libres e imparciales en Nicaragua".
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, rechazó el documento, al que calificó como una "agresión" y una "injerencia" y defendió el papel de su gobierno.
El llamado a las elecciones en Nicaragua llega en medio de presiones internacionales y fallidos intentos de diálogo, derivados de las protestas de 2018, que dejaron decenas de muertos y provocaron la salida de miles de nicaragüenses, incluyendo periodistas.
El documento, firmado también por Chile, Paraguay y la representación del gobierno interino de Venezuela, exige al presidente, Daniel Ortega, reestructurar el Consejo Supremo Electoral, de mayoría oficialista, y permitir la entrada de observadores internacionales para que se realice un examen "técnico independiente" del proceso electoral, antes de mayo de 2021.
En su intervención ante el pleno del organismo, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó al gobierno de Ortega de "socavar la democracia en su país e infringir los derechos básicos de su pueblo".
El diplomático impulsó la resolución argumentando que Nicaragua no se ha "mantenido a la altura de los principios democráticos más básicos" y sostuvo que las reformas son necesarias para "tener unas elecciones libres e imparciales en Nicaragua".
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, rechazó el documento, al que calificó como una "agresión" y una "injerencia" y defendió el papel de su gobierno.
El llamado a las elecciones en Nicaragua llega en medio de presiones internacionales y fallidos intentos de diálogo, derivados de las protestas de 2018, que dejaron decenas de muertos y provocaron la salida de miles de nicaragüenses, incluyendo periodistas.
