La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró la omisión del Parlamento, nombró un nuevo poder electoral e inhabilitó las directivas de dos de los principales partidos de oposición, solo en cuestión de horas. Sus últimos fallos, según analistas, reafirman su filiación política a favor del chavismo.
El rol del Tribunal Supremo de Justicia en la fecundación y prevalencia del socialismo en Venezuela desde hace 21 años ha sido determinante, valora Laura Louza Scognamiglio, abogada y fundadora de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
Una sentencia tras otra, cuatro de sus salas han favorecido la “toma del poder absoluto” en Venezuela, según Louza Scognamiglio.
La Constitucional, luego de la Electoral, la Político Administrativa y la Penal, lidera la tendencia, explica.
“Es una ‘súper sala’, por encima de la Constitución. Se transformó en una sala legislativa, que hace cambios legales y a la Constitución. Es, totalmente, la Sala más poderosa”, comenta en entrevista con la Voz de América.
El control de la Sala Constitucional, detalla, ha sido clave para atornillar el proyecto político del chavismo desde sus inicios, en 1999.
Ha dictado al menos 132 sentencias contra el poder legislativo desde diciembre de 2015, cuando la oposición obtuvo una victoria electoral aplastante que le concedió las dos terceras partes de las diputaciones del Parlamento nacional, según Acceso a la Justicia.
Los registros de la organización no gubernamental reflejan que la Sala Constitucional dicta, en promedio, un fallo cada 12 días para “anular” a la Asamblea Nacional.
Hubo una docena de sentencias con ese fin entre enero y junio de este año. Las últimas validaron a la directiva del diputado disidente de la oposición Luis Parra -anulando la de Juan Guaidó- y refrendaron los estados de emergencia firmados por el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
En la última semana, la Sala nombró a nuevos integrantes del poder electoral venezolano en un fallo tachado de inconstitucional por el gobierno interino de Juan Guaidó y entregó las directivas de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia a políticos disidentes.
Guaidó, el miércoles, llamó a la Sala Constitucional “el brazo jurídico de la dictadura” y la acusó de crear “de un plumazo” instituciones y una oposición a la medida del madurismo.
Un “superpoder”
La vida de la Sala Constitucional se remite a la Constitución de 1999, fundada en un proceso constituyente por el expresidente Hugo Chávez.
Leonel Alfonso Ferrer, jefe de la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, recuerda que existen sentencias de sus primeros cinco años que pueden considerarse “loables” y justas.
Describe su creación como parte de un viejo anhelo del mundo jurídico local de crear una jurisdicción especial encargada del orden constitucional, como en España, Alemania, Ecuador, Chile o Costa Rica.
La radicalización política del chavismo, sin embargo, desdibujó su rol, describe. “En la medida en que el gobierno se volvió más intransigente, la Sala Constitucional tomó una vertiente ideológica hasta convertirse en el adefesio que es hoy en día”, expresa.
Cuatro de los siete magistrados que la componen ejercieron como diputados, militares, embajadores o ministros vinculados al poder ejecutivo chavista antes de que el Partido Socialista de Venezuela los nombrara juristas en procedimientos contrarios a la ley.
La misma sala designó el viernes pasado a una de ellas, Gladys Gutiérrez, exprocuradora de Venezuela y exembajadora del madurismo en España, como rectora del poder electoral.
Ferrer, jefe del departamento jurídico de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, lamenta que esa instancia se haya convertido en una “especie de puerta giratoria” donde entran y salen magistrados al antojo del poder político.
El punto de partida de esa dinámica fue 2004, cuando el jefe de la bancada parlamentaria del partido oficialista Movimiento Quinta República, Luis Velázquez Alvaray, fue nombrado magistrado de la Sala Constitucional. Caído en desgracia con el chavismo, lo destituyeron dos años después bajo acusaciones de corrupción.
“Cuando ves que, para nombrar un CNE, agarran dos magistradas del TSJ, entre ellas una expresidenta de la Sala Constitucional, como es Gladys Gutiérrez, te preguntas de qué tipo de imparcialidad y justicia o en manos de qué juzgadores estamos”, manifiesta Ferrer.
En los últimos cinco años, esa sala declaró que Maduro “es venezolano por nacimiento”, eliminó competencias a gobernadores y alcaldes, allanó la inmunidad de diputados y refrendó leyes orgánicas -deben aprobarse con al menos 112 votos en el Parlamento-.
Sus sentencias 155 y 156, en marzo de 2017, arrebataron las competencias legislativas de la Asamblea Nacional para pretender asumirlas ella misma. El argumento legal fue que el Parlamento estaba en desacato y que la sala deseaba garantizar “el Estado de derecho”.
Los fallos provocaron protestas en todo el país durante meses. La fiscal general Luisa Ortega Díaz, cercana al poder ejecutivo, denunció una “ruptura del orden constitucional”.
La Sala Constitucional asumió más poderes gracias a reformas legislativas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en 2004 y 2010. El chavismo, entonces, era dueño y señor del Parlamento.
“En un país democrático, esa sala debería ser la garante de la Constitución y los derechos de los ciudadanos. En Venezuela, es al revés: se ha transformado en un órgano de persecución y represión política”, diagnostica Louza Scognamiglio.
A la experta en derecho, no le parece casualidad que sentencias de la Sala Constitucional sobre asuntos políticos se conozcan en épocas cercanas a procesos electorales en el país.
“Le dieron superpoderes. La intención era mantenerse en el poder, sobre todo desde 2003, cuando la gente ya no estaba tan de acuerdo con este proyecto. La Sala Constitucional es un brazo ejecutor y un brazo político del régimen”, asevera.
El mismo Maduro ha anticipado sentencias de corte político de esa sala judicial en declaraciones públicas. En mayo, dijo que ella debería “deliberar y tomar decisiones” sobre la celebración de las elecciones parlamentarias previstas para finales de este año.
“Período oscuro”
Juan Manuel Raffalli, abogado experto en la Carta Magna de Venezuela, cree que la degradación de los fallos de la Sala Constitucional ha sido progresiva. Coincide en que esa instancia judicial se transformó en un “superpoder” con la venia del chavismo.
Las sentencias presidencialistas y otras tantas en detrimento de la institucionalidad del Parlamento, advierte, aumentaron su gravedad y frecuencia cuando el chavismo pierde la mayoría legislativa y se desploma la aprobación de Nicolás Maduro.
“El período más oscuro del TSJ, en cuanto a su genuflexión al poder ejecutivo, fue justamente a partir de diciembre de 2015 y enero de 2016. No era el nivel de atrocidad jurídica que presentan actualmente las decisiones, ni mucho menos una invasión absoluta para usurpar competencias del poder legislativo”, declara a la VOA.
La Sala Constitucional, a su juicio, dejó de ser un tribunal con competencias para revisar los temas de la Carta Magna de Venezuela para transfigurarse en un actor político.
“Ha interpretado la Constitución de manera acomodaticia y ha abusado de recursos de interpretación, la omisión legislativa, recurso de revisión, para crear una Constitución paralela desde su área de poder”, nota.
Raffalli, profesor de las universidades Católica Andrés Bello y Monteávila, señala que las decisiones de la Sala Constitucional venezolana son estudiadas como “ejemplos en negativo” de la desfiguración del control de la constitucionalidad universal.
“Son sentencias jurídicamente impresentables, por más que se presenten algunos galimatías. Son sentencias disparatadas, sin basamento y absolutamente políticas”, asegura.
