Amnistía Internacional pidió el martes al gobierno de Estados Unidos que detenga la violencia policial contra los manifestantes del movimiento “Black Lives Matter” [Las vidas de los negros importan] que han estado protestando en todo el país desde finales de mayo.
El grupo defensor de los derechos humanos aseguró haber documentado “125 ejemplos separados de violencia policial contra manifestantes en 40 estados y el Distrito de Columbia entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2020”.
Las protestas se desataron en todo EE.UU. el 25 de mayo, cuando tras una detención policial, el afroestadounidense George Floyd murió en un hospital de Minneapolis, estado de Minnesota.
Otros reclamos
Los reclamos del cese del racismo y la violencia policial vinieron acompañados de actos de vandalismo que empañaron las exigencias de la mayoría de los manifestantes.
Además, recientemente grupos de manifestantes han derribado estatuas de militares y políticos relacionados con los estados confederados del sur por su presunta relación con la esclavitud o la discriminación racial contra los ciudadanos de la raza negra.
Este martes el presidente Donald Trump autorizó al gobierno federal a arrestar y condenar con hasta 10 años de prisión a cualquiera que vandalice o destruya un monumento o propiedad federal en Estados Unidos.
Tras la muerte de Floyd se sucedieron los encuentros entre las fuerzas del orden y los manifestantes.
“El análisis muestra que los agentes de la ley violaron los derechos humanos diariamente en las calles en lugar de cumplir con sus obligaciones de respetar y facilitar el derecho de las personas a protestar pacíficamente”, indica el reclamo de la organización con sede en Nueva York y Londres, Reino Unido.
Para evaluar estos incidentes, el Laboratorio de Pruebas de Crisis de Amnistía Internacional reunió casi 500 videos y fotografías de protestas de plataformas de redes sociales.
El contenido digital, dijo el grupo, “fue verificado, geolocalizado y analizado por investigadores con experiencia en armas, tácticas policiales y leyes internacionales y estadounidenses que rigen el uso de la fuerza”.
En algunos casos, los investigadores también pudieron entrevistar a las víctimas y confirmar la conducta policial con los departamentos de policía locales.
Las demandas
“Las fuerzas de seguridad solo pueden recurrir al uso de la fuerza en las asambleas públicas cuando es absolutamente necesario y proporcionado para lograr un objetivo legítimo de aplicación de la ley’, alertó Amnistía.
También expresó que los actos violentos de un individuo “nunca justifican el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes pacíficos en general”, y por tanto, añadió, “la fuerza solo se justifica hasta que se contenga la amenaza inmediata de violencia hacia los demás”.
"Amnistía Internacional exige reformas reales y duraderas a la policía estadounidense en todos los ámbitos", que incluyen:
- Detener las ejecuciones policiales extrajudiciales de personas negras y rendir cuentas por sus muertes a través de investigaciones independientes.
- Garantizar el derecho a protestas pacíficas contra la violencia policial, sin la amenaza de que manifestantes, periodistas o transeúntes sean blanco de mas violencia policial.
- Aprobar la legislación federal, incluida la Ley PEACE, así como las leyes estatales para restringir el uso policial de la fuerza solo a lo estrictamente necesario y proporcionado.
- Poner fin a la doctrina de la "inmunidad calificada", que impide que la policía rinda cuentas legalmente cuando viola la ley.
- Aprobar legislación federal para desmilitarizar las fuerzas policiales.
“Se necesita una reforma policial real, sistémica y duradera en todos los niveles para garantizar que las personas en todo el país se sientan seguras para caminar por las calles y expresar sus opiniones de manera libre y pacífica sin enfrentar una amenaza real de daño por parte de los mismos agentes que se supone que los protegen (…)”, dijo Brian Griffey, investigador-asesor estadounidense de Amnistía Internacional.
