En un hotel de la capital de Nicaragua rodeado por patrullas de la policía y fuerzas antimotines, la opositora Coalición Nacional firmó este jueves su estatuto y oficializó así la unidad de siete organizaciones civiles y políticas adversas al gobierno de Daniel Ortega.
El documento fue suscrito por representantes de tres agrupaciones sociales y cuatro partidos políticos que en una proclama prometieron “luchar por la justicia, la democracia y contra la dictadura” de Ortega, que gobernó en la década de 1980 y regresó al poder en 2007.
“La Coalición es un espacio diverso, inclusivo … para dar los pasos necesarios hacia la justicia y la democratización de Nicaragua”, dijo Alexa Zamora, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que integra la Coalición y que a su vez está formada por otras 105 organizaciones.
Entre consignas como “libertad para los presos políticos”, Zamora aseguró que el “fin último” de la Coalición “no son las elecciones” previstas para 2021. “Nuestro objetivo es sacar a Ortega, nuestro enemigo común” dijo e invitó a otras agrupaciones a sumarse.
Por el Movimiento Campesino habló Medardo Mairena. “Esta es una nueva etapa para unirnos y derrocar a este régimen dictatorial que tanto sufrimiento ha dejado”, dijo Mairena, que estuvo preso durante casi un año junto con otros 700 opositores que participaron de las protestas de 2018.
La firma del estatuto se realizó pese a pugnas surgidas al interior de dos organizaciones que integran la Coalición: la Alianza Cívica, que había amagado con no firmar la proclama este jueves, y el derechista Partido Liberal Constitucionalista del expresidente Arnoldo Alemán, a cuya inclusión se oponían algunos sectores.
Alemán (1997-2002), condenado por corrupción, pactó en 1998 unas polémicas reformas a la constitución que permitieron el regreso de Ortega al poder, al bajar del 51% al 35% de votos como porcentaje mínimo para ganar la presidencia.
También conforman la variopinta coalición el evangélico Partido Restauración Democrática, el partido misquito Yatama y la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) que integran ex “contras” que combatieron con las armas al primer gobierno de Ortega (1979-1990).
“Estamos viviendo una situación similar a la de 1980, sin libertades, con violación de derechos humanos y miles de nicaragüenses en el exilio”, dijo a nombre de la FDN el excomandante “contra” Luis Fley.
Fley se refirió a la Coalición Nacional como una opción electoral para 2021 al compararla con la Unión Nacional Opositora que “dio al traste con la dictadura de Ortega” al postular como candidata a Violeta Chamorro, quien ganó los comicios de 1990.
“Hoy la esperanza se centra en la CN como la única alternativa para hacer el cambio con una lucha cívica, el único vehículo para las transformaciones necesarias y urgentes que necesita el país”, insistió Fley.
El gobierno de Nicaragua no emitió comentarios sobre la reunión de los opositores, si bien la policía mantuvo una férrea vigilancia en torno al hotel donde se celebró. No se produjeron incidentes.
La firma del estatuto se produjo un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrara una sesión virtual en la que volvió a poner el foco sobre la situación de Nicaragua.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que la “represión” del gobierno de Nicaragua no cesa y que se han “deteriorado las instituciones democráticas” y se ha agravado la violación de derechos humanos.
Por lo tanto, dijo Almagro, hay que avanzar hacia una declaración sobre la “alteración del orden constitucional” en Nicaragua, lo cual podría llevar a que se aplique la Carta Democrática y se le suspenda como miembro de la OEA.
La crisis en Nicaragua estalló en abril de 2018 con protestas estudiantiles en rechazo a un a reforma del seguro social. La represión de policías y paramilitares sandinistas dejó al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de detenidos y unos 88.000 emigrados y exiliados, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
