La minería ilegal está causando daños irreversibles al medio ambiente, alimentando abusos de los derechos humanos y creando amenazas de seguridad significativas para Venezuela y la región, según indica un informe del Center for Strategic and International Studies, CSIS.
El informe del centro de pensamiento con sede en Washington afirma que a medida que la crisis económica, humanitaria y política en Venezuela empeora, los grupos criminales, incluidas las pandillas, los grupos guerrilleros colombianos y los colectivos o grupos paramilitares, compiten por el control de los valiosos recursos minerales del país. Estos recursos incluyen bauxita, coltán, diamantes y, en particular, oro.
Al mismo tiempo, como las sanciones y el aislamiento diplomático aún no han impactado el control del poder de Nicolás Maduro, la minería ilegal plantea tres cuestiones fundamentales para los responsables políticos: las implicaciones de una mayor inestabilidad en un estado ya fallido, el impacto en políticas de sanciones y el desafío de recuperar estos territorios de los grupos armados una vez que haya una transición, señala el informe de CSIS.
En un evento virtual organizado el viernes por el CSIS, Carrie Filipetti, subsecretaria asistente para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que “es muy importante que entendamos que el dinero que el régimen de Maduro recibe de la venta y distribución de oro ilícito no es la amenaza número uno. La amenaza número uno es que posibilita que el régimen provea control e intercambie sobre cierto territorio”.
EE.UU. destaca violación de DD.HH. en zonas mineras de Venezuela
Otra amenaza, agrega Filipetti, es la violación de derechos humanos. “La gente que trabaja en las minas de oro está siendo groseramente explotada. Están sometidos a horribles violaciones de derechos humanos. Principalmente en Bolivar y Amazonas que tienen el mayor porcentaje de actividad minera”.
Estados Unidos ha establecido un grupo de trabajo con el propósito de detener a quienes lucran de cualquier manera con la minería ilegal, indicó. Para ello se hace énfasis en el compromiso diplomático y en el uso de los mecanismos multilaterales.
Alessandra Pinna, gerente de programa senior para América Latina y el Caribe de Freedom House, dijo que entre el 70% y el 90% del oro de las minas de Venezuela sale del país ilegalmente.
“De acuerdo con Ecoanalítica, (una de las más importantes firmas de consultoría económica y financiera venezolana) las pérdidas por la salida ilegal de oro entre 1998 y 2016 fueron 3.000 millones de dólares. En 2018 solamente 2,71 millones de dólares. Eso significa que en un año la cifra es solo comparable con los previos 18 años”, indicó Pinna.
Cristina Burelli, asociada senior del programa Américas de CSIS, dice que la comunidad ambiental ha estado muy en silencio sobre la crisis ambiental en Venezuela.
“Una vez que el sector petrolero fue destruido, la actividad minera se ha convertido en la única fuente de ingresos para el régimen de Maduro”, indica Burelli.
Agrega que el desprecio total por el extremadamente delicado ambiente ha dañado la estructura social de comunidades indigenas, esta propagando una crisis de salud y ha acelerado la violación de derechos humanos, lo que ha alentado toda clase de actividad delictiva, violencia y socabando la segurtidad nacional y la sobranía.
Venezuela es uno de los principales 10 países con mayor biodiversidad en el mundo junto a Brasil.
