El 23 de junio, la agencia noticiosa Reuters reportó que el estado venezolano de Zulia se había convertido en una zona caliente del coronavirus, señalando que “los desabastecidos hospitales y la crónica escasez de agua y energía hacen difícil evitar que la enfermedad avance”.
Pero, solo dos días antes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había tuiteado: “Todos los días protegemos la salud de nuestro pueblo”.
Esa afirmación es engañosa.
Maduro pasa por alto la cada vez peor crisis económica y humanitaria que, según Naciones Unidas, ha resultado en el éxodo de unos 5 millones de personas en años recientes.
La situación del coronavirus es tan alarmante que el 20 de junio personas contagiadas con el virus pidieron ser dadas de alta del Hospital Universitario de Maracaibo, la capital del estado de Zulia, porque no tenían ni comida ni agua.
Sin duda, el virus se sumó a una caída libre económica y política en Venezuela, donde la inflación es galopante y muchos dependen de la ayuda humanitaria externa para poder sobrevivir. En el más reciente Indice Global de Seguridad Sanitaria, un estudio de 195 países publicado el año pasado, la capacidad hospitalaria de Venezuela ocupó el lugar número 146.
"El coronavirus ha forzado al gobierno a decretar el estado de alarma, con cierres obligatorios, lo cual indica una parálisis de los sectores productivos, educativos y recreativos, en un país con una inflación acumulada del 740,9% desde el 1 de enero al 31 de mayo de este año”, dijo Maryorin Méndez, una periodista venezolana del canal por internet NTN24.
(Nota del editor: los cálculos de la inflación en Venezuela pueden variar considerablemente).
A mediados de marzo, Maduro ordenó el inicio de un confinamiento nacional, con el que realísticamente muchos venezolanos no podían cumplir. Entre otras razones, porque necesitaban acceso a lo básico, como agua potable y mercados de alimentos.
Luego introdujo un nuevo sistema intermitente, (conocido como el Sistema 7-7), bajo el cual las restricciones se alternan cada siete días. “Siete días de trabajo más siete días de cuarentena”, según anunció la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Pero los críticos dicen que ese sistema, similar a uno desarrollado en Israel, podría no funcionar en las condiciones de Venezuela. Y los casos de COVID-19 continúan aumentando.
Venezuela ha reportado 4.365 casos positivos de COVID-19 y 38 muertes hasta el 25 de junio. Pero estos números son muy discutidos. A inicios de la pandemia, Maduro aseguró haber realizado un millón de pruebas, cuando Naciones Unidas estimaba habían sido unas 1.800, en realidad.
En un estudio publicado el 8 de mayo, la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, concluyó que “las pruebas realizadas hasta ahora en Venezuela han sido insuficientes para adecuadamente estimar el verdadero tamaño de la pandemia del COVID-19 en Venezuela”. Determinó además que el “subreporte es estimado, en el mejor de los casos, en un 63% y, en el peor de los casos hasta en un 95% de los casos sintomáticos a 23 de abril del 2020”.
Tras la publicación del estudio, el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, desestimó el estudio y ordenó que se abriera una investigación. La academia dijo en Twitter que había sido amenazada por “hacer su trabajo”.
Maracaibo fue en un tiempo un próspero pueblo, rico por la bonanza del petróleo, pero ahora sufre de escasez de gasolina y apagones constantes. La asociación de médicos del estado de Zulia ha denunciado una falta de camas hospitalarias y suministros, el uso de hoteles baratos para tener en cuarentena a pacientes de coronavirus y el uso limitado de mascarillas.
Según Alianza Rebelde Investiga (ARI), una cooperativa de medios noticiosos por internet, una muestra de los 47 hospitales estatales designados para atender el coronavirus mostró “que tanto los equipos hospitalarios, como el personal médico y la provisión de servicios básicos es insuficiente”.
La investigación de ARI, publicada el 7 de junio, encontró que el número de camas disponible para el tratamiento de pacientes, según el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, no coincidió con un reporte del Ministerio de Salud del país. En Marzo, Rodríguez dijo que había 23.762 camas para pacientes del COVID-19, contando hospitales públicos, clínicas privadas y centros de diagnósticos, parte del programa de beneficencia social Misión Barrio Adentro, y hoteles. Ese número se traduce a 0,8 camas por cada 1.000 personas, menos de las 3 camas por 1.000 recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
ARI también reportó que solo el 57% de los hospitales tiene un suministro continuo de agua potable, y el 43% tienen un insuficiente o ningún suministro equipos de protección, como batas, guantes y mascarillas. También señala que solo hay 15 ambulancias en funcionamiento para toda la red hospitalaria.
Por casi una década de debacle política y económica en el país, el sistema de salud de Venezuela se ha deteriorado severamente. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó en el 2018 que unos 22.000 de 66.138 médicos en el país habían salido al extranjero para el 2014. Tomás Páez, un experto en temas migratorios de la Universidad Central de Venezuela, le dijo al diario The Washington Post en el 2018 que el éxodo estaba obligando a los hospitales a clausurar pisos enteros.
Enfermedades como la malaria, el sarampión y la tuberculosis han resurgido en el país, y enfermedades crónicas como el cáncer han quedado sin atención. Desde el 2016, los brotes de sarampión han aumentado. Del 2016 al 2017, Venezuela registró un aumento del 69% en los casos de malaria, el mayor incremento en el mundo. Entre 2017 y 2018, la mayoría de los pacientes de SIDA suspendieron sus tratamientos por falta de medicamentos, según un estudio de la prestigiosa revista médica estadounidense, The Lancet.
En febrero, un cirujano general en Maracaibo le dijo al medio estatal estadounidense PBS, que el sistema nacional de salud estaba como “viviendo en el siglo XIX, cuando los hospitales no tenían agua, cuando no había electricidad”.
Para junio, un sondeo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OSVP), dio que el 60% de los encuestados no tenían acceso a servicios de calidad para lidiar adecuadamente con la cuarentena. Cerca del 65% dijo que no tenían suficiente agua para mantener prácticas higiénicas, y un 62% dijo que no tenían servicios de internet para trabajar desde casa o asistir a la escuela.
La hambruna es también una preocupación, en parte debido al hecho que Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo. El salario mínimo mensual en Venezuela son 400.000 bolívares, que actualmente representan unos dos dólares. Eso no es suficiente para comprar 500 gramos de mantequilla (2,6 dólares), 30 huevos (3 dólares) o un kilo de leche en polvo (2,3 dólares), según los precios al 25 de abril.
"El colapso económico se remonta a los tiempos cuando Hugo Chávez gobernaba y se ha acelerado con su sucesor”, dijo la periodista Maryorin Méndez.
La producción del principal producto venezolano, el petróleo, ha colapsado a los niveles más bajos desde 1945, según la agencia noticiosa financiera Bloomberg News. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo pero carece de las refinerías y debe importar gasolina. Y las sanciones estadounidenses por violaciones a los derechos humanos y la corrupción, han mantenido alejados a los compradores de petróleo.
Maduro, el sucesor de Chávez, culpa del colapso económico del país a las sanciones estadounidenses. Su principal adversario político, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha acusado a Maduro de ocultar la gravedad de la pandemia. No obstante, el ministerio de Salud del gobierno de Maduro y funcionarios sanitarios de la Asamblea Nacional encabezada por Guaidó, acordaron el 1 de junio trabajar juntos para combatir el virus.
Desde una disputada elección en el 2018, Maduro y Guaidó han estado enfrascados en una pugna por el control del país. Encabezados por Estados Unidos, unos 65 países han reconocido a Guaidó como líder de Venezuela, mientras las Naciones Unidas aún reconoce a Maduro y ha promovido una solución negociada.
