La pandemia de COVID-19 agudizó la situación de miles de venezolanos dentro y fuera de su país. Se estima que cerca de 100.000 de ellos habrían retornado a Venezuela desde el inicio de la pandemia, la mayoría provenientes de Colombia, situación que pone en alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la comisionada de la CIDH y relatora especial para Venezuela, Esmeralda Arosemena, la situación de los retornados es un punto de principal preocupación para el organismo, que trabaja con organizaciones de la sociedad civil en el terreno.
Lo que más inquieta a los miembros de la CIDH, según Arosemena, es que el rechazo proviene de las propias autoridades. “Las instituciones venezolanas están rechazándolos, están calificándolos de traidores porque están llevando, y así se ha dicho, el virus para contagiar a toda Venezuela. Ese planteamiento respecto de sus connacionales es una situación de gran preocupación”.
En declaraciones emitidas el 14 de julio, el presidente en disputa Nicolás Maduro se refirió a los migrantes que retornan a Venezuela. Aseguró que existe un plan orquestado, desde Colombia, para propagar el virus en territorio venezolano.
“(..) El plan de Iván Duque por detrás de pasar por todas las vías ilegales la mayor cantidad de connacionales para que contaminaran Venezuela”.
Ante esto, las organizaciones que defienden derechos humanos en Venezuela elevan la voz de protesta y hacen un llamado a las autoridades, como lo afirma Mariano Alvarado de la organización “Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos” (PROVEA).
“Es necesario que se deje de estigmatizar a los retornados, se les está culpando como si ellos fueran los responsables de la expansión del coronavirus en el país. Exigimos desde PROVEA atención digna a quienes retornan”, aseguró el activista.
Cerca de 24.000 venezolanos permanecen en la frontera sin poder ingresar a territorio venezolano, según Alvarado, pero quienes logran ingresar se enfrentan al desafío de la cuarentena obligatoria en albergues dispuestos por las autoridades.
“Se les obliga a un confinamiento forzoso en condiciones no dignas, sin agua, con mala calidad de alimentación, con poca atención de salud y en algunos casos hacinados".
Ante este panorama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una serie de pronunciamientos y exhortó a las autoridades venezolanas para atender las necesidades de los retornados. “El llamado que le hace constantemente la Comisión Interamericana a esa institucionalidad del país que está sustentada en sus leyes, en sus normas de protección de sus nacionales, el llamado de dar esa respuesta", afirmó Arosemena.
A medida que la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 se agudiza en Latinoamérica, miles de venezolanos se enfrentan al dilema de regresar a un país, que abandonaron debido a la crisis humanitaria compleja.
