Los enfrentamiento entre Grupos Armados Organizados (GAO) que se disputan el control territorial en la frontera entre Colombia y Venezuela han ocasionado que más de 1.000 personas se vieran forzadas a abandonar sus hogares, según un informe del la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
"Del desplazamiento proveniente del estado de Zulia en Caño Motilón (Venezuela), y de los desplazamientos en zona rural de Cúcuta y Tibú (Colombia), se ha identificado un total de 1.019 víctimas según censos de las alcaldías de Cúcuta y Tibú", dice el texto, que además indica que, de este total, 325 personas son venezolanos, 82 pertenecen a la comunidad indígena Wayúu, 45 son adultos mayores y un total de 342 (34%) son niños, adolescentes y jóvenes.
Por ejemplo, según el informe, "desde mediados de junio hasta mediados de julio al menos 167 personas (50 familias), 120 de nacionalidad venezolana y 47 pertenecientes a una comunidad indígena Wayú, se desplazaron desde el Estado de Zulia, sector Caño Motilón (Venezuela), hacia zona rural de Cúcuta (Colombia)".
Amenazas constantes, enfrentamientos y masacres son otros hechos denunciados en el informe.
La oficina de la ONU señaló que se prevé que incremente el número de personas desplazadas al interior de Colombia, en territorios fronterizos, a causa de la continuidad de los enfrentamientos entre los GAO.
Durante este año, la situación de violencia en la frontera se ha agudizado, en especial en la zona que colinda con el área rural de Cúcuta, su área metropolitana, y Tibú, zona en la que la OCHA indica que se han "perpetrado cinco masacres (tres en julio), han sido asesinados cuatro líderes sociales y se han generado cinco desplazamientos, de los cuales tres se han originado desde territorio venezolano".
Riesgos de la pandemia
La oficina manifestó su preocupación porque la pandemia ocasionada por la propagación de la COVID-19 puede impedir acceso, por parte de las instituciones estatales y organizaciones humanitarias, a la comunidad para atender "estas emergencias humanitarias".
Seguridad alimentaria, nutrición, agua, saneamiento e higiene, salud y educación son las necesidades más urgentes de la zona.
Frente a ello, "del 19 al 23 de julio las Alcaldías de Cúcuta y Tibú realizaron los respectivos Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) y los censos de la población víctima en cada territorio receptor", dice la oficina de la ONU, que explicó, además, que "el 24 y 25 de julio se realizaron misiones" de parte de las autoridades locales "para la entrega de asistencia humanitaria a la población desplazada".
Según un informe de Human Rights Watch (HRW), publicado en enero de este año, grupos ilegales también imponen su ley, en el departamento colombiano de Arauca y el vecino estado de Apure, en Venezuela.
