Las Organizaciones no gubernamentales de Transparencia y sectores de la oposición política denunciaron supuestos abusos en los proceso de compra de los insumos para atender la pandemia de la COVID-19 en El Salvador.
El ministro de Salud Francisco Alabí es investigado en un proceso abierto en el Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvadorpor una compra por $275 mil dólares a una empresa de un familiar.
Al respecto, la abogada Daniela Genovéz dijo que existen “las circunstancias de conflicto de interés, por parte del ministro de Salud para poder otorgar o para realizar esa compra".
Indicó que por ello el Tribunal "ha definido que existen los elementos suficientes, las circunstancias suficientes para poder admitir esa denuncia y poder aperturar a la fase de investigación preliminar".
La asignación a una empresa, propiedad de un familiar de la asistente del ministro de Salud, es parte de los señalamientos contra este funcionario, que no pudo explicar el proceso administrativo: “La parte de adjudicaciones y contrataciones, no la manejo yo como ministro de Salud, ¿no firma usted? No firmo yo esa parte administraciones de contrataciones", dijo.
Por su parte, Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización salvadoreña Acción Ciudadana, sostiene que la pandemia de la COVID-19 fue el espacio para dejar de lado los mecanismos de control de los fondos.
"En el tema de transparencia, no hay duda que el gobierno queda a deber en varios aspectos", dijo.
La organización ya había manifestado en junio que esperaba que la Corte de Cuentas de la República (CCR) auditara la supuesta compra irregular de equipo de protección facial por parte del ministerio de Salud.
Escobar manifestó que esperaba una investigación, auditoría o fiscalización al respecto.
Los sectores de oposición señalan que el gobierno debe hacer cumplir uno de sus lemas: “Dinero alcanza cuando nadie roba", haciendo alusión a las prácticas de corrupción en administraciones públicas anteriores.
