El informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, que sugiere la responsabilidad del presidente en disputa Nicolás Maduro y de varios de sus altos funcionarios en la comisión sistemática de delitos de lesa humanidad, abre por primera vez la posibilidad de juicios individuales, advierten expertos en derechos humanos.
Luego de un año de labores, los investigadores de la ONU concluyeron la semana pasada que existen motivos razonables para creer que Maduro y sus ministros de Defensa y del Interior, los generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol (retirado), ordenaron o contribuyeron sistemáticamente con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones.
El madurismo repudió el informe, basado en 270 entrevistas a víctimas, testigos, exfuncionarios, abogados y documentos confidenciales. Su canciller, Jorge Arreaza dijo que estaba “plagado de falsedades” y que no tuvo “rigor metodológico alguno”, haciendo énfasis en que se realizó “a distancia”.
Defensores de derechos humanos consideran, sin embargo, que las conclusiones de la misión de las Naciones Unidas allanan un camino de justicia jamás transitado en el país, e incluso más allá de sus fronteras.
Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión de la organización no gubernamental Provea, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Venezuela, enfatiza en lo inédito del contenido del informe.
Expedientes de la Comisión de Derechos Humanos, así como la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, en 2017 y 2018, y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del organismo multilateral, habían incluido denuncias similares sobre la conformación y profundización de una estructura institucional de abuso de poder, cada vez más preocupantes, precisa.
En tales documentos de talla internacional, acota, la letalidad de los cuerpos de seguridad, las desapariciones forzadas y las prácticas de torturas por motivos políticos o contra acusados de delitos comunes ya aparecían reflejados.
“La diferencia de todos los informes anteriores (sobre derechos humanos) es que todos establecían una responsabilidad del Estado sin ahondar, sin definir responsabilidades de personas”, explica a la Voz de América.
Expedientes en desarrollo
Alvarado resalta que las misiones internacionales de años anteriores no pudieron determinar responsabilidades individuales en el caso Venezuela porque sus competencias originarias no se lo permitían.
El caso de la Misión de Determinación de Hechos, creada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019, es distinto.
“Se está avanzando en términos de justicia. El informe termina siendo una sanción moral contra los presuntos responsables, pero les corresponde a los tribunales de justicia establecer el nivel de responsabilidad y las condenas específicas en su momento”, asegura.
El experto en derechos humanos nota que se abre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional avance en alcanzar justicia con autores particulares.
Otro escenario, apunta, es que haya enjuiciamientos por delitos de lesa humanidad en todo aquel país cuya legislación establezca la aplicación de la llamada justicia universal, entre los que menciona a España, Brasil y Venezuela.
“Son expedientes que se van armando, que estarían disponibles para que haya justicia”, remarca.
El Consejo de Derechos Humanos debe definir en breve si prorroga o no la labor de la misión en el caso venezolano. De extenderse, su trabajo puede profundizar en la responsabilidad de Maduro, Reverol y Padrino López, pero además podría sumar la de otros funcionarios y agentes involucrados en los presuntos delitos.
Juicios y negociación
Félix Arellano, doctor en ciencias políticas y versado en relaciones internacionales, no cree que sea abundante la factibilidad de juicios en países de la región, como Brasil y Colombia.
“Jair Bolsonaro (presidente brasileño) está en un volcán, tiene más de una docena de solicitudes de investigaciones en el Congreso. No veo la fortaleza de su poder judicial” como para emprender acusaciones penales contra funcionarios venezolanos, expresa en conversación con la VOA.
Valora, además, que existe “mucho presidencialismo” en los países de la región y que la atención está centrada en la dinámica interna en plena pandemia.
“El mundo está consciente de que los efectos (de Venezuela) se expanden, de que esta crisis profunda genera diáspora, miseria, problemas para toda la región”, comenta, sin embargo, a propósito de los efectos del informe.
Asegura que la postura sobre Venezuela de gobiernos sin perfil democrático, como los de Rusia, China e Irán, aliados de Maduro, se mantendrá inamovible.
Pero anticipa que ejecutivos de naciones como la mexicana pudieran modificar su tradicional neutralidad luego del documento de las Naciones Unidas.
No descarta que, a lo interno de Venezuela, el reporte multilateral genere, con el tiempo, negociaciones de parte de los funcionarios señalados en las denuncias.
“Un informe tan contundente debería generar preocupación en (el Palacio de) Miraflores, que haya conciencia de que la mejor opción es la negociación seria” sobre el futuro del poder político en Venezuela, examina.
Las conversaciones derivadas del contenido del expediente de la ONU, cree Arellano, pueden incluir asilos y la aplicación de las máximas de la justicia transicional, que consiste en confrontar abusos a los derechos humanos en sociedades fracturadas con el fin de restaurar la reconciliación y la paz.
