La comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, instó este viernes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a detener la implementación de una ley que exigiría que periodistas y medios de comunicación se inscriban como "agentes extranjeros" en caso de recibir fondos del exterior.
Michael Kozak, subsecretario interino del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, criticó en un tuit la medida de Ortega por poner a los comunicadores y activistas fuera de la ley y calificó la iniciativa como "una ofensa contra la democracia en Nicaragua".
"En vez de proteger la soberanía, esta ley busca criminalizar medios independientes y grupos pro democracia. Estamos con el pueblo nicaragüense que resiste este ataque contra la libertad", concluyó el diplomático estadounidense.
Además, en una misiva expedida también este viernes, 21 diputados de la Unión Europea llamaron al gobernante nicaragüense a que, “recapacite” ante el anuncio de un proyecto de ley que intenta poner coto a la libertad de expresión y prensa en el país.
“Esta medida no se sustenta en ningún estudio o análisis de riesgo y violaría, entre otros derechos, los derechos constitucionales a la privacidad de la información, el derecho al trabajo y la libertad de asociación”, explica la carta que firman, entre otros, el eurodiputado español José Ramón Bauzá.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros pudiera entrar en vigor el próximo martes 29 de septiembre y obligaría a toda persona, organización o institución que reciba fondos del exterior a registrarse en el ministerio del Interior y a someterse al control financiero de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), so pena de ser declarado un “agente extranjero”.
Esta legislación –advierte la UE- “puede convertirse en una limitación real a la participación política de movimientos, organizaciones o asociaciones, que por alguna razón reciben financiación internacional para proyectos de desarrollo”.
La carta critica la medida por ser “una grave violación de derechos humanos” y por salir a la palestra “en el contexto de una creciente polarización y un clima de intimidación y amenaza percibido por los defensores y defensoras de derechos humanos”.
Finalmente, la comunicación alienta a las autoridades nicaragüenses a “que recapaciten” y les exhorta “a que no aprueben la ley propuesta”.
Alerta del CPJ
También este viernes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) llamó a la dirigencia nicaragüense a que rechace la propuesta.
“Etiquetar a periodistas y medios de comunicación como agentes extranjeros es parte del intento sistemático del gobierno de Nicaragua de restringir y controlar el trabajo de los medios independientes”, dijo Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York.
![Opositores al gobierno de Daniel Ortega mostraron su rechazo a la nueva propuesta de ley, señalando que atenta contra la Constitución del país. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/3395cd4b-e5d1-4945-b345-237e8e248334_w100_r1.jpg)
La ley fue propuesta el 22 de septiembre de conjunto por 70 congresistas del partido gobernante del presidente Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), según informes de prensa del estado y gobierno.
En Facebook, según recoge el CPJ, la rama nicaragüense de la asociación internacional de escritores PEN apuntó que el requisito podría afectar a los periodistas que reciben financiamiento de fundaciones internacionales u otras fuentes, empleados de servicios de cable, periodistas independientes que reciben pagos de medios en el extranjero y corresponsales internacionales con sede en Nicaragua, entre otros.
Quienes se inscriban deberán presentar informes mensuales sobre sus ingresos al ministerio del Interior, así como registros de gastos y actividades relacionados con su labor profesional.
Gustavo Porras, presidente del Congreso de Nicaragua y miembro del FSLN, y Edwin Castro, quien lidera el caucus del Congreso del FSLN, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico, aseguró el CPJ.
