La organización Amnistía Internacional (AI) instó el viernes a los gobernantes de Venezuela y Nicaragua, respectivamente, a respetar los derechos humanos en sus países.
En una declaración AI se refirió a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), que hizo público su dictamen el pasado 16 de septiembre.
La organización señala su preocupación porque el informe “expone no sólo la brutalidad, sino la sistematicidad y generalidad de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” en la nación latinoamericana.
“Las autoridades y las fuerzas de seguridad (de Venezuela) planificaron y ejecutaron desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales -incluyendo asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura- son crímenes de derecho internacional”, denuncia AI.
El informe “es explícito en la responsabilidad del presidente, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el ministro de Defensa” de Venezuela, indica Amnistía, por haber ordenado “o contribuyeron a la comisión de los delitos”.
Derechos en Nicaragua
Además, Amnistía lideró un pronunciamiento público en el que más de 30 organizaciones alertaron al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua “con el fin de evitar la aprobación de la iniciativa de Ley de Regulación de ‘Agentes Extranjeros’ por considerar que su contenido es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
La ley ya ha sido criticada por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea pues obliga a toda persona, organización o institución que reciba fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros en el ministerio del Interior y a someterse al control financiero de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Amnistía Internacional considera que estas medidas “contribuirían directamente al bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos y agravaría la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones”.
“Llamamos la atención de organismos internacionales de protección de derechos humanos y cuerpo diplomático de la comunidad internacional para que refuercen su compromiso con movimientos sociales, organizaciones y personas defensoras en Nicaragua”, concluyó AI.
