La ley antibloqueo que aprobó la semana pasada el chavismo en su Asamblea Nacional Constituyente servirá al gobierno en disputa de Nicolás Maduro para privatizar, de espaldas a la Constitución, actividades económicas que son competencia del Estado, advierten expertos.
El documento legal servirá, según sus estatutos, para permitirle a Maduro “contrarrestar, mitigar y reducir” los efectos de las sanciones económicas impuestas a individuos e instituciones vinculadas al chavismo.
La ley permitirá al gobierno de Maduro hacer “todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República” en un esquema de confidencialidad y protección de datos de los involucrados en tales proyectos.
Su aprobación es una forma de “prescindir de la Constitución y las leyes a placer” de parte del madurismo, opina Nelson Chitty La Roche, abogado y profesor de derecho constitucional en la Universidad Central de Venezuela.
“Es una manera de acometer la tarea de privatizar lo que sienta (Maduro), lo que le parezca y apartarse del estado de derecho para gobernar con los hechos”, evalúa el analista jurídico en entrevista con la Voz de América.
Chitty La Roche teme que el gobierno madurista pretenda imponer los postulados de la ley por la vía del “control militar y policial”.
“No se aprobó con las provisiones constitucionales. En términos jurídicos, no hay tal ley. No hay tal Asamblea Nacional Constituyente”, dice, al recordar que el Parlamento es la única institución venezolana envestida del poder legislativo.
Cualquier acto fundamentado en la Ley Antibloqueo debe considerarse “nulo, írrito, sin ningún efecto”, juzga la experta en derecho constitucional y docente de la Universidad Central de Venezuela, Isabel Esté Bolívar.
“Ese instrumento no tiene calificación en el derecho. No es una ley. Las leyes constitucionales (como apodó el chavismo a la Antibloqueo) no están contempladas en nuestra Constitución”, declara a la VOA.
Coincide con Chitty La Roche en destacar que la Constituyente de 2017 fue un órgano creado mediante la violación de la Constitución, a su entender.
“Es el pueblo como titular del Poder Constituyente quien puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta no fue convocada por el pueblo y la ANC tiene como único fin producir un proyecto de Constitución”, explica.
Repartición entre amigos
La Ley Antibloqueo tropieza con preceptos constitucionales que determinan que la explotación petrolera, salvo algunas actividades específicas, es monopolio estatal, comenta el economista y profesor de la Universidad Metropolitana, Hermes Pérez.
“El proyecto de ley que se aprobó de alguna forma salta toda la arquitectura legal que regula la actividad petrolera en general”, afirma a la VOA.
Venezuela vive una crisis aguda en su principal industria, la petrolera, que representa el 95 por ciento de los ingresos de la república. A pesar de tener las mayores reservas de crudo del mundo -cerca de 300 mil millones de barriles-, produjo en septiembre 390.000 barriles. En 1999, producía 3,2 millones.
Pérez resalta que los “amplios poderes” de discrecionalidad que contempla la Ley Antibloqueo para la privatización de servicios, actividades o competencias del Estado anularán los procesos de transparencia en la gestión pública.
Se trataría de un modelo similar a la privatización ocurrida en Rusia tras la caída de la “Cortina de Hierro” de los soviéticos a finales del siglo XX, sospecha.
“Hubo una repartición entre los grandes amigos del gobierno ruso, que se quedaron con actividades que antes eran públicas. De la noche a la mañana, pseudo empresarios se hicieron millonarios”, asegura.
El docente universitario critica que la Ley Antibloqueo de Venezuela dé la potestad de privatizar sin que nadie se entere de los detalles de la operación.
Pérez advierte sobre otro agravante: la ley es desconocida hasta por el mismo chavismo. “Había más de un proyecto. No sabremos hasta que haya la publicación en Gaceta Oficial cuál fue el proyecto aprobado”, indica.
Al menos cuatro integrantes de la ANC denunciaron que no conocían el contenido del proyecto de ley. Reprocharon que no hubiese un debate amplio.
Nuevo “capitalismo militar”
Chitty La Roche estima que la normativa es semilla de “una nueva forma de capitalismo militar”. La considera “un ensayo fallido a todo evento por velar, cubrir, esconder las actuaciones que se encaminarán a desconocer la constitucionalidad y la institucionalidad” en Venezuela.
Valora que la ley de la ANC, aprobada por “urgencia reglamentaria”, es una muestra de que el chavismo está prescindiendo de la Constitución para llevar al país a “la barbarie”. “Nos llevan a la perfecta crisis”, añade.
La ley, a su juicio, denota un “giro”, una “maniobra” del madurismo para tratar de resucitar la industria petrolera con prácticas poco transparentes desde un Estado que Chitty La Roche define como “hipertrofiado”.
“No hay capital humano ni financiero (para vencer la crisis económica). Están de rodillas. Ya vendieron el oro del que éramos dueños. Creen que llegó el momento de hacer con el petróleo lo que le venga al espíritu, porque no tienen con qué pagar ni lo elemental”, asevera el abogado venezolano.
La Ley Antibloqueo, examina, nace de la necesidad del gobierno madurista de tener “las manos libres para seguir canibalizando, saqueando al país”.
Da por sentado que el chavismo no logrará levantar la economía, cualesquiera que sean el modelo y las leyes que estrenar. Venezuela, dice, vive “la perfecta crisis”.
“No habrá escenario que funcione. Viene la cuasi paralización”, concluye, citando los bajos salarios, el colapso de los servicios públicos y la amenaza “seria” de una hambruna, que le recuerdan a la caída de la Unión Soviética.
