![Néstor Reverol, un general que ocupaba la cartera de Interior y Justicia desde 2016, fue sustituido tras la fuga al exilio del dirigente opositor Leopoldo López. [Foto del 21 de marzo de 2019, Caracas]](https://gdb.voanews.com/dfbd9bcd-a5e0-4dd6-8a9f-461668524db3_w250_r1_s.jpg)
Defensores de derechos humanos en Venezuela no consideran que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro esté procurando un cambio en su política de violaciones y abusos sistemáticos en esa materia al sustituir a su ministro del Interior y Justicia.
Los voceros de organizaciones no gubernamentales consultados por la Voz de América tampoco notan que haya disminuido la represión del estado venezolano tras la publicación del informe de Naciones Unidas sobre violaciones a derechos humanos.
La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela reportó en septiembre que el gobierno de Maduro, sus agentes estatales y los grupos que trabajan con ellos han cometido “violaciones flagrantes de los derechos humanos” desde 2014.
Con base en 274 entrevistas vinculadas a 223 casos, la ONU concluyó que Maduro y sus ministros de Defensa y el Interior tenían conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, y abrió paso a las respectivas acusaciones penales individuales.
Maduro sustituyó el lunes a Néstor Reverol, un general en jefe en condición de retiro que ocupaba la cartera de Interior y Justicia desde 2016, apenas 48 horas después de la fuga al exilio del dirigente opositor Leopoldo López.
Carmen Meléndez, una almirante retirada que ganó en las elecciones de 2017 la gobernación del estado occidental de Lara gracias al apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela, se encarga actualmente del ministerio.
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, que suele representar a políticos y militares detenidos por el madurismo, no alberga esperanzas de que la llegada de la nueva ministra del Interior provoque cambios fundamentales en las prácticas represivas del oficialismo.
“Eso no va a tener ninguna repercusión. Si nos ceñimos a lo que ha pasado recientemente, no pareciera ser que lo que pase en Venezuela vaya a cambiar porque se haya cambiado de ministro de Interior”, declara a la VOA.
Himiob se refiere a la detención de 10 personas presuntamente vinculadas a la evasión de López, entre ellos el periodista Roland Carreño y seis empleados de la embajada de España, donde el líder opositor era huésped desde abril de 2019.
Sin señal de cambio
La directora de la organización no gubernamental Cofavic, Liliana Ortega, una de las más antiguas en Venezuela, advierte que identificar una eventual disminución de las violaciones de derechos humanos en el país tomaría al menos un año.
No interpreta los cambios ministeriales de Maduro como un gesto de buena voluntad en cuanto al respeto a los derechos humanos.
“Tampoco es una señal de que estamos ante un cambio en la política de derechos humanos en un país determinado”, dijo a la VOA.
Para Ortega, abogada, un giro en la política de derechos humanos solo se evidencia mediante la aplicación de investigaciones “serias, conclusivas y transparentes” que determinen condenas individuales en los casos evaluados.
Un escollo en Venezuela para determinar ese eventual golpe de timón a los abusos de derechos humanos es la “opacidad” de la data oficial, dice.
Precisa, sin embargo, que las estadísticas de Cofavic en la materia no reflejan modificaciones algunas en las políticas del Estado venezolano.
La ONG venezolana registró, por ejemplo, 1.143 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales entre enero y septiembre de 2020, mientras que, en el mismo período de 2019, reportó 1.106.
“Nuestra data independiente tampoco genera un elemento conclusivo de que podríamos estar en una curva descendiente de casos en esta etapa”, observa.
Alfredo Romero, abogado y también directivo del Foro Penal, aseguró que su organización comprobó “cierta mejora” en algunas cárceles políticas del país, particularmente la de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Detalló que, luego del informe de septiembre de las Naciones Unidas, se permitieron llamadas de presos políticos a sus familiares y visitas de abogados.
Evalúa esos hechos como el resultado del documento de la ONU y de las gestiones de los delegados en Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Descarta, eso sí, la disminución de la represión.
“No veo que la sustitución (de Reverol) sea necesariamente positiva. La represión como patrón sistemático del régimen ha sido efectiva y es necesaria como un pilar de sostenimiento de ese régimen”, comenta, crítico, a la VOA.
Romero puntualizó que, en agosto, tras 53 liberaciones por indultos, había 334 venezolanos detenidos por razones políticas. Hoy, hay 359, es decir, 25 más.
“Salieron unas personas excarceladas producto del indulto y fueron encarceladas unas nuevas. La represión ha venido en aumento”, remarca.
Himiob, por su parte, reconoce que informes como el de la ONU generan “un efecto preventivo” temporal en gobiernos como el de Maduro, no tanto en los cuadros superiores, que se sienten “intocables”, sino en los niveles subalternos, más vulnerables a acusaciones penales, a su entender.
