El chavismo promovió en el último mes normativas legales que favorecen la persecución del Estado contra las organizaciones no gubernamentales y sus directivos en Venezuela, advierten expertos en ciencias jurídicas y derechos humanos.
La asociación civil Acceso a la Justicia, que defiende desde hace 10 años los postulados del derecho, la separación de poderes y la independencia judicial, denunció esta semana que dos resoluciones atentan contra la libertad de acción, las operaciones y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales.
Se refieren, primero, a una normativa aprobada a finales de octubre por la Asamblea Nacional Constituyente, que exige a las ONG constituidas fuera del país que diligencien una “certificación” de su inscripción ante el recientemente creado “Registro Especial”. El permiso tiene vigencia de solo un año.
El objetivo de la norma es “vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, el terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas”.
Luego, apuntan a la resolución de la agencia estatal para el sector bancario, conocida como Sudeban, que permite la fiscalización de fondos y cuentas de las organizaciones sin fines de lucro por sospechas de los mismos crímenes.
Laura Louza Scognamiglio, directora de Acceso a la Justicia, considera que ambas resoluciones allanan el camino para el amedrentamiento de las ONG.
“Todo entra en la narrativa oficial de que hay que limitar y fiscalizar los recursos de las ONG. Esas resoluciones permiten esas ‘visitas’ policiales, que son allanamientos disfrazados, bajo la excusa de que deben fiscalizar”, reprocha la vocera y abogada, en conversación con la Voz de América.
Estima que esas normativas fundamentaron las acciones policiales del Estado contra las organizaciones no gubernamentales Acción Solidaria, en septiembre, y Alimenta La Solidaridad y Caracas mi Convive, esta misma semana.
Este martes, agentes de la madurista Policía Nacional contra la Corrupción allanó las oficinas de las mencionadas ONG en Caracas, así como la vivienda de los padres de su fundador, Roberto Patiño. La Sudeban congeló sus cuentas.
La policía secreta y los reguladores bancarios de Maduro tomaron así “medidas enérgicas contra una ONG patrocinada por Jill Biden”, esposa del proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que, a su vez, afectan la alimentación de 25.000 niños, según informó Anatoly Kurmanaev, reportero de The New York Times.
“Aparataje” para amedrentar
Acceso a la Justicia denuncia que el madurismo también ha ordenado a sus policías acudir a edificios donde están registradas fundaciones, dificulta el registro de toda asociación, y bloquea sus cuentas de Twitter y sus páginas web.
“Es todo un aparataje para amedrentar a las organizaciones de la sociedad civil. Crea una situación complicada. No se puede hacer el trabajo eficientemente y ya hay muchas organizaciones internacionales que no se meten (a financiar ONG) en Venezuela. Logra el efecto que quieren buscar”, dice Louza Scognamiglio.
El gobierno de Hugo Chávez, fallecido en 2013, impulsó un proyecto de Cooperación Internacional entre 2006 y 2010 para que el Estado dispusiera de los fondos extranjeros recibidos por ONG venezolanas.
Diosdado Cabello, presidente de la ANC, considerado la figura más importante del chavismo luego de Maduro, aseguró este año en su programa de televisión que redactarían leyes para vigilar que el financiamiento de las ONG desde otros países no se utilice en “atacar a la patria”.
La jurista opina que la persecución oficial contra las ONG será “una lucha sin fin”, pues, a su entender, ni las ONG ni sus financistas dejarán de intentar ayudar a aliviar la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país.
Louza Scognamiglio insiste en que las resoluciones de la ANC y de Sudeban cultivan arbitrariedades de parte del Estado y, específicamente, de sus policías.
“Realmente sabemos que la autoridades son muy arbitrarias, no hay control. Al final del día, hay mucha inseguridad jurídica, no se puede saber a quién decide el gobierno atacar, fiscalizar”, dice, sobre las ambigüedades en cuanto a si las normas afectan a ONG foráneas o a las nacionales.
A la directora de Acceso a la Justicia, le llama la atención que las acciones policiales hayan sido contra ONG vinculadas a ayuda humanitaria y no a asuntos de derechos humanos. Sobre ello, tiene una teoría.
“Allí hay más movimiento de dinero. Quizá también tenga que ver con que el costo internacional es más bajo. El costo en materia de derechos humanos es más alto y Maduro está totalmente cuestionado por ello”, puntualiza.
A final de cuentas, lamenta, el madurismo puede hoy “fiscalizar cualquier transacción y a cualquier ONG, puede hacer lo que consideren”.
Los ataques de Maduro a las ONG en Venezuela son de vieja data. Desde su ascenso al poder, las acusa de “vivir de los reales del imperio”, en referencia a Estados Unidos, y de impulsar una “campaña de mentiras” en su contra.
