La Corte Penal Internacional (CPI) anticipa concluir su examen preliminar sobre la situación en Venezuela durante la primera parte de 2021, a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, publicó este lunes su reporte anual sobre actividades de examen preliminar, que incluye el llamado Venezuela I, iniciado en 2018 y se enfoca en los presuntos delitos cometidos en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos desde al menos 2017.
En su reporte sobre el examen, ratifica que luego de una “evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela”.
La fiscalía de la corte ya había anunciado esta conclusión, que correspondería al cierre de la fase dos del examen preliminar, a principios de noviembre, cuando recibió a funcionarios del gobierno en disputa en La Haya.
El texto explica que la fiscalía centró su análisis en un subgrupo particular de alegaciones relacionadas al tratamiento de personas en detención.
“La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, indica una de los punto.
La fiscalía señala que, con la información que tiene, “brinda un fundamento razonable para creer” que los presuntamente responsables por la comisión material de estos crímenes incluirían a miembros de ocho fuerzas de seguridad, entre ellas el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).
Como parte del examen, la fiscalía solicitó a las autoridades venezolanas información sobre “la naturaleza, los alcances y el avance de los procesos nacionales que correspondan con las constataciones materiales de la Fiscalía”.
El gobierno en disputa ya entregó una respuesta inicial al pedido de la CPI y se comprometió a dar el resto de la información solicitada por la fiscalía para enero de 2021.
Calixto Ávila, representante de Provea en Europa, explica que la fiscalía ya estaría en la tercera fase del examen preliminar.
“Eso indica que de ahora en adelante la investigación estará enfocada principalmente en si el Estado venezolano puede y quiere investigar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional”, señaló Ávila.
Por su parte, Gonzalo Himiob Santomé, abogado y director vicepresidente ONG Foro Penal, indicó en su cuenta de Twitter que: “No es cierto que el trabajo de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional haya sido “lento”. Se entiende y se comparte el anhelo general de justicia, pero como siempre lo digo, estas son carreras de resistencia, no de velocidad”.
La fiscal también presentó su informe sobre el examen preliminar Venezuela II, remitido este año por el gobierno en disputa del país alegando que se han cometido crímenes de lesa humanidad “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente” de Estados Unidos contra Venezuela.
Sobre este examen, la fiscal de la corte asegura que tiene la intención de concluir su análisis de la competencia material durante la primera mitad de 2021, para determinar si existe fundamento razonable para proceder a un análisis sobre admisibilidad.
