El presidente nicaragüense Daniel Ortega envió de urgencia a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, una iniciativa de ley que inhibe como candidatos en las elecciones del próximo año a quienes considere que “inciten a la injerencia extranjera” “o que “exalten, demanden o aplaudan la imposición de sanciones”.
La iniciativa llamada “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, llegó al parlamento nacional el viernes, al mismo tiempo que Ortega brindaba un discurso público en Managua donde ratificó que “quienes demandaban sanciones no merecían llamarse nicaragüenses”.
“No podemos expulsar (a quienes piden sanciones) porque nacieron aquí, pero automáticamente, de acuerdo a lo que manda la Constitución, está perdiendo sus derechos, ya perdió sus derechos a optar a cargos públicos cuando vienen elecciones en este país, así es que no sigan peleando por buscar candidatos a la presidencia, porque las leyes no lo permiten”, dijo Ortega el viernes por la noche.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra al menos 20 funcionarios de Daniel Ortega por actos de corrupción y violación a los derechos humanos, tras las protestas antigubernamentales de 2018.
Dichas sanciones han sido celebradas por opositores quienes han pedido la presión de la comunidad internacional para forzar al mandatario a celebrar comicios libres y transparentes.
Oposición sin opciones
Las declaraciones del mandatario nicaragüense dejan sin muchas opciones a la oposición, que pretende competir con Ortega, quien gobierna desde 2007 de forma consecutiva, señala el exdiputado Eliseo Núñez a la Voz de América.
Núñez considera que de aprobarse esta medida, el año entrante no habría elecciones pues “Ortega estaría inhibiendo a todo el que él quiera porque tiene una interpretación muy laxa de esa Ley”.
Además, el exdiputado añade que con la iniciativa de Ley, Ortega le dice a la comunidad internacional “que le importa muy poco el plazo que se le ha dado para realizar reformas electorales” profundas y transparentes, y considera que en buena parte tuvo que ver lo más de 1.300 millones de dólares que le otorgaron diversos organismos multilaterales por los huracanes Iota y Eta, y por la pandemia.
“Ortega siente que tiene dinero para el próximo año y no le importan las sanciones que vienen”, finaliza Núñez.
Por su parte el líder opositor y politólogo Félix Maradiaga considera que el proyecto de ley “es una iniciativa de una dictadura arrinconada y huérfana, que busca desesperadamente cualquier artimaña para detener su inminente derrota en un escenario electoral”.
“Es una patraña que llevaría a inhibir a millones de personas en Nicaragua que, al unísono, hemos pedido -y seguiremos pidiendo- sanciones focalizadas para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad”, dice Maradiaga a la VOA.
El politólogo señala que “aunque quieran fabricar un circo electoral con candidatos de paja, también es inevitable que en ese escenario, el régimen sea desconocido por la comunidad internacional”.
Las amenazas de Ortega se dan una semana después que el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, anunciara que Estados Unidos mantendrá la presión sobre el gobierno sandinista de Ortega, más allá del cambio de mando en la Casa Blanca en enero.
La nueva Ley sería aprobada este lunes en la Asamblea Nacional, controlada por diputados sandinistas en una sesión extraordinaria.