Después de años, la Iglesia Católica en El Salvador abrió los archivos de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado capitalino, que contienen documentos relacionados con la masacre perpetrada por el ejercito salvadoreño en 1981.
La inspección de la masacre de El Mozote se da después que el juez salvadoreño Jorge Guzmán, ordenará el pasado 14 de enero la requisa de los archivos. El mismo juez se reunió el lunes 25 de enero, con autoridades eclesiásticas, miembros de la fiscalía y representantes de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, entre otros, para garantizar que la diligencia se apegue a la legalidad.
La masacre, que cobró la vida de casi un millar de campesinos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, ocurrió en 1981 durante la guerra civil en el país centroamericano.
De acuerdo con la agencia de noticias AFP, los documentos consisten en partidas de nacimiento, cédulas de identidad, boletas de vacunación, boletas de cooperativas, entre otros archivos que demuestran la vida civil de las personas que fueron asesinadas.
“No era un campamento guerrillero, era población civil que fue masacrada en la operación Rescate de 1981”, dijo David Morales de la organización Cristosal, que defiende a víctimas de la masacre de El Mozote.
"Son documentos que sin duda demuestran que las víctimas eran personas civiles, que llevaban una vida de un civil, no eran guerrilleros", agregó por su parte el abogado Wilfredo Medrano de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, que también defiende a víctimas de la masacre.
Monseñor José Luis Escobar Alas, quien acompañó a las autoridades, afirmó que la iglesia siempre estará "a favor de las víctimas, de la justicia y de la verdad".
Desde mediados de 2020 Guzmán intentó infructuosamente acceder a los archivos en seis cuarteles militares para buscar información sobre el hecho.
El 27 de octubre del año pasado, el ejército entregó información seleccionada de la masacre al juez, pero según los abogados defensores de los deudos es "intrascendente".
Con la inspección se da cumplimento al amparo interpuesto en 2013, donde según lo informado por medios locales como La Prensa Gráfica, la Sala de lo Constitucional ordenó al Arzobispado de San Salvador certificar todo tipo de documento que fuera solicitado por el Ministerio Público, por el órgano judicial, por las víctimas o por cualquier organización de Derechos Humanos.
