La Organización de las Naciones Unidas ha tenido en su agenda la situación de Venezuela los últimos años. Y esta atención no ha pasado desapercibida por el gobierno venezolano. Un ejemplo, es la visita al país en estos días de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, para evaluar “cualquier impacto negativo” de las sanciones en el disfrute de los derechos humanos.
Durante su visita de casi dos semanas, del 1 de febrero al 12 de febrero, Douhan se reunirá con representantes del gobierno, sociedad civil, “la oposición y el mecanismo nacional de derechos humanos”, explicó la organización.
En una carta pública a la Relatora, firmada por de más de 60 organizaciones, recuerdan que es la primera visita que se concreta por parte de alguno de los mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo.
Esto, agregan, a pesar del compromiso del gobierno venezolano con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, adquirido durante su visita de tres días al país en junio de 2019 de invitar a diez de estos mecanismos temáticos del Consejo en un periodo de dos años.
Después esa visita, Bachelet ha presentado sus informes sobre la situación de DD.HH. en el país y ha hecho un número de actualizaciones para el Consejo.
¿Qué ha dicho Bachelet?
En sus reportes, como el presentado a finales del año pasado, la alta comisionada ha destacado la cooperación con las autoridades venezolanas e incluso la presencia de funcionarios de ACNUDH en el país.
Sobre las sanciones económicas y sectoriales, a las que el gobierno venezolano responsabiliza de la situación económica que atraviesa el país, Bachelet ha indicado que su aumento ha “exacerbado” la crisis económica y social preexistente al menguar los recursos que podrían haberse utilizado en programas o servicios públicos, por lo que ha ratificado su recomendación de revisar o levantar estas sanciones.
A pesar de ello, en unas de sus últimas actualizaciones orales, explicó que siguen documentándose casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma decretado por la pandemia el año pasado. Además de corroborar que existen "restricciones a la libertad de expresión”.
Igualmente, ha expresado su preocupación por el número de muertes de jóvenes en sectores vulnerables como resultado de operativos de seguridad.
Defensores de los DD.HH. consultados por la Voz de América anteriormente han destacado que otras preocupaciones y recomendaciones de la oficina de la Alta Comisionada, como priorizar la asistencia en la salud, el acceso de la población al agua, la liberación de presos políticos e incluso la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, no han sido acatadas.
¿Cuáles son las expectativas de la visita de la relatora?
Al menos unas 66 organizaciones venezolanas han dicho -a través de la misiva a la relatora- que si bien es positiva, la visita por sí sola es “insuficiente ante la emergencia humanitaria compleja y la grave situación de derechos humanos del país”.
Si bien están de acuerdo con el alivio de las sanciones sectoriales “con el fin de disponer de todos los recursos posibles en la respuesta” a la pandemia y las necesidades de los venezolanos, le piden a Douhan, entre otras cosas, tomar en cuenta la situación preexistente a la imposición de las sanciones.
Además de constatar la “falta de transparencia en la gestión pública y la negación del derecho al acceso a la información”.
Katherine Martínez, directora de la oenegé Prepara Familia, una de las firmantes de la misiva, destacó en declaraciones a la VOA la importancia de poder visibilizar la “grave emergencia humanitaria compleja” que vive el país.
Martínez consideró que es "fundamental" que Douhan pueda revisar "de primera mano" lo que ocurre en el país. "Las sanciones, por supuesto, puede ser que agraven algún contexto, pero realmente ya lo de nosotros, todo el tema de salud y alimentación, ya estaba agravado”, puntualizó.
Por su parte, trabajadores y líderes piden que se ejerza la presión para que se haga cumplir las leyes venezolanas.
“Le pedimos -a nivel internacional- no solo que se involucren en Venezuela, sino que ejerzan las acciones reales para un gobierno que no hace cumplir la Constitución, la cumpla. Para eso está la Organización de las Naciones Unidas, para eso es que está la OEA, para presionar a los gobierno que no cumplen sus Constituciones, a que las cumplan”, indicó el dirigente sindical Carlos Salazar.
Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del gobierno liderado por Juan Guaidó, expresó este martes en un tuit su preocupación por el "perfil" de la relatora, pues asegura que "mantiene una cercanía" con gobiernos que han ayudado al gobierno de Nicolás Maduro, por lo que pide que su informe "esté apegado a la verdad".
La Relatora Especial presentará su informe final en septiembre de este año ante el Consejo de Derechos Humanos.
