![Manifestantes de Birmania que residen en Japón se manifiestan contra el ejército birmano, en Tokio. [Reuters]](https://gdb.voanews.com/4f9152a1-b943-409f-8d39-8be7a66525d1_w250_r1_s.jpg)
Las autoridades de Myanmar han presentado cargos contra la líder detenida Aung San Suu Kyi por violar las leyes de importación y exportación.
Un funcionario de prensa de su Partido Liga Nacional para la Democracia (LND) dijo el miércoles en su página oficial de Facebook que se ordenó que Aung San Suu Kyi permaneciera recluida durante dos semanas.
La líder birmana fue detenida junto con otros líderes, incluido el presidente Win Myint, el pasado lunes cuando los militares tomaron el poder.
El partido LND también dijo en un comunicado el miércoles que las autoridades habían allanado sus oficinas en múltiples regiones del país.
Los ministros de Relaciones Exteriores del grupo de naciones G-7 condenaron el miércoles el golpe.
"Estamos profundamente preocupados por la detención de líderes políticos y activistas de la sociedad civil, incluida la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el Presidente Win Myint, y los ataques contra los medios de comunicación", dijeron en un comunicado los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos.
El grupo pidió al Ejército de Myanmar que pusiera fin al estado de emergencia declarado y que permitiera el acceso humanitario sin restricciones para ayudar a las personas más vulnerables del país.
"Los resultados de las elecciones de noviembre deben ser respetados y el Parlamento debe ser convocado lo antes posible", dijeron los ministros del G-7.
Empleados del sector de la Salud protestan contra el golpe
El miércoles también se produjo un paro laboral por parte del personal de 70 hospitales y departamentos médicos en 30 ciudades para protestar por el golpe.
Un comunicado del recién formado Movimiento de Desobediencia Civil de Birmania dijo que el ejército había puesto sus propios intereses por encima de una población que enfrentaba dificultades durante la pandemia que mató a más de 3.100 personas en Birmania.
Un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. dijo a periodistas el martes que el gobierno había declarado oficialmente la toma del poder militar a principios de esta semana como un golpe, una designación que "desencadena ciertas restricciones a la ayuda extranjera al gobierno".
El funcionario dijo que Estados Unidos "tomará medidas contra los responsables", pero continuará con los programas que ayudan a los ciudadanos del país, incluida la asistencia humanitaria y las iniciativas de apoyo a la democracia.
![Protesta frente a la embajada de Birmania en Bagkok después de que el ejército birmano tomara el poder. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/9149d7bb-9848-469a-8232-29666549f50a_w100_r1.jpg)
Birmania ha luchado durante mucho tiempo entre el gobierno civil y el militar, pero hasta el golpe había estado disfrutando de una transición esperanzadora hacia la democracia.
Birmania, una colonia británica hasta 1948, fue gobernada por dictadores respaldados por el ejército desde 1962 hasta 2010.
Un levantamiento en 1988 impulsó la celebración de elecciones en 1990, que el partido LND ganó de manera aplastante, pero los miembros electos del parlamento fueron encarcelados y la dictadura continuó.
Aung San Suu Kyi, la hija del héroe de la independencia de Myanmar, el general Aung San, que fue asesinado en 1947, emergió como líder en los mítines a favor de la democracia y en la LND. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991 mientras estaba bajo arresto domiciliario.
En 2010, el general Than Shwe anunció que el país sería entregado a líderes civiles, entre los que se encontraban generales retirados. Los presos políticos fueron liberados, incluidos los legisladores de la Liga Nacional para la Democracia, y Aung San Suu Kyi, quien fue elegida en las elecciones parciales de 2012 y luego se convirtió en consejera de Estado de Birmania.
Pero Aung San Suu Kyi, de 75 años, aunque popular entre la mayoría budista del país, ha visto disminuir su reputación internacional por el trato que ha dado su gobierno a la minoría Rohinyá.
En 2017, una represión del ejército contra los Rohinyá, provocada por ataques mortales contra las comisarías de policía en el estado de Rakhine, llevó a cientos de miles de ellos a huir al vecino Bangladesh. La Corte Penal Internacional está investigando al país por crímenes de lesa humanidad.
