El informe de una agencia del Congreso de Estados Unidos sobre las sanciones al gobierno venezolano refleja que las instituciones de poder en Washington buscan concertar su postura para muy probablemente adoptar una nueva política en la materia, apuntan analistas.
La agencia no partidista conocida como Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, determinó que las sanciones impuestas en los últimos cuatro años al madurismo “probablemente” agravaron la ya acentuada crisis económica en Venezuela y dificultan la operatividad de las asociaciones humanitarias en el país.
Su principal recomendación al Departamento del Tesoro fue dar seguimiento sistemático a los requerimientos hechos por teléfono y correo electrónico a su programa de sanciones específicas e identificar problemas relativos a ellas.
Luis Angarita, experto en economía internacional de la Universidad Central de Venezuela, valoró el informe de GAO como insólito en cuanto a la revisión de políticas estadounidenses ante el gobierno madurista y la crisis nacional.
“Están dando los pasos para que haya una concertación, ya ahora a nivel interno. Hay un esfuerzo por reconducir y reinstitucionalizar” la estrategia sobre Venezuela, una vez culminada la administración del expresidente republicano Donald Trump, comenta en entrevista con la Voz de América.
El también docente universitario indica que el contenido del informe pareciera estar orientado “a tratar de recomendar algún tipo de cambio de política con respecto a las sanciones y a su aplicación a su Venezuela”.
Recomendaciones “tímidas”
Giullio Cellini, abogado y analista de asuntos de política exterior, apunta que las sanciones aplicadas durante la administración Trump no lograron el resultado esperado y considera lógico que la nueva presidencia revise su funcionamiento.
“Las sanciones no pueden ser vistas como un fin, sino como un medio, y, si como medio para lograr un cambio político no dio el resultado esperado, lo que corresponde es que se revise. Desafortunadamente, se creó una expectativa por sanciones de muy alto nivel contra el gobierno de Maduro”, dice a la VOA.
Angarita, por su parte, destaca que las recomendaciones del informe son “muy limitadas” e incluso “tímidas” por circunscribirse a “una cuestión operativa”, como la revisión frecuente de las vías de contacto del Departamento del Tesoro.
Notó que los discursos sobre el documento de los senadores Andy Levin y Gregory Meeks, secretario del comité de asuntos extranjeros de la Cámara de Representantes, trataron de demostrar “alguna nueva iniciativa para cambiar la política exterior” hacia Venezuela y su crisis multifactorial.
“Es hora de superar los cuatro años de políticas fallidas de la administración Trump en cuanto a Venezuela y trabajar con nuestros aliados en el Grupo de Lima y la Unión Europea en una aproximación más efectiva y multilateral a las crisis múltiples del país”, indicó Meeks en una nota divulgada por su comité.
El gobierno de Nicolás Maduro atribuye la crisis nacional a las sanciones estadounidenses. La oposición, encabezada por el último presidente del Parlamento electo en 2015, Juan Guaidó, las ha valorado como una estrategia útil para destronar al chavismo del poder e iniciar una transición política.
Angarita subraya que el reporte de GAO incluye notas marginales importantes, como su intento de “alejarse de la opinión de USAID”, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que, a su entender, trata de desvincular a las sanciones de la crisis venezolana.
“Es la primera vez que una agencia federal reconoce que puede haber efectos relaciones a las sanciones”, destaca.
Según Cellini, director de la firma consultora LOG Consultancy, el eventual levantamiento de algunas sanciones económicas no supondrá una mejora inmediata de la economía venezolana. Observa, eso sí, la potencial oportunidad de lograr negociaciones clave para un cambio político en el país.
“Espero que esa revisión vaya acompañada de acuerdos puntuales y parciales con el régimen de Maduro. Sería una gran torpeza, un grave error político y una pérdida terrible en términos políticos, institucionales y diplomáticos para el gobierno de Estados Unidos, si no”, advierte.
