Con el precedente de tener tres expresidentes acusados por enriquecimiento ilícito, el Congreso de El Salvador ha dado un importante paso para reformar la Constitución y que ese delito sea “imprescriptible” para cualquier funcionario o empleado público que lo cometa.
La reforma, promovida por el presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce y unos 32 parlamentarios más, busca modificar el último inciso del artículo 240 de la Constitución.
Según los diputados tal y como está actualmente el artículo, solo detalla que “los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse dentro de los diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento”.
De acuerdo con el presidente del Congreso el delito de enriquecimiento ilícito “es un mal” que El Salvador ha venido arrastrando por muchos años, y el crimen en sí afecta a la población más pobre a la que no llegan los programas de “educación, salud y la construcción de infraestructura básica para el desarrollo del país”.
La moción pide que “el delito de enriquecimiento ilícito sin causa justa que cometan los funcionarios o empleados públicos sea imprescriptible y por consiguiente, pueden ser perseguidos en cualquier tiempo, aún cuando aquellos hubiesen cesado en sus funciones”.
A ese respecto, la pieza destaca que es preciso adoptar todas las medidas necesarias para investigar y llevar ante la justicia a todos aquellos funcionarios o exfuncionarios, empleados o exempleados públicos que sin causa razonable se apropiaron indebidamente de bienes del Estado, incrementando de esta manera su patrimonio sin poder justificarlo.
Actualmente, según una nota de prensa, la propuesta y de Acuerdo de Reforma Constitucional, fue enviada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su respectivo análisis, y deberá ser estudiada junto a otros expedientes afines.
El precedente
De los tres mandatarios acusados por drenar las arcas del Estado Salvadoreño, solo uno, Elias Antonio Saca, que gobernó el país entre 2004 y 2009, ha sido enjuiciado y condenado a una pena mínina de 10 años.
Los otros dos exmandatarios Mauricio Funes (2009-2014) y Francisco Flores (1999-2004) no enfrentaron la justicia, el primero se encuentra asilado en Nicaragua y bajo la protección del presidente Daniel Ortega y el segundo falleció cuando se encontraba en pleno proceso de investigación.
Recientemente un tribunal de justicia salvadoreño declaró culpables al expresidente Saca y su esposa Ana Ligia de Saca de enriquecimiento ilícito, por desviar fondos públicos y fueron condenados a restituir al Estado 4,4 millones de dólares.
Saca, desde 2019 cumple una condena de diez años en prisión, por el desvío de cerca de 300 millones de dólares de las arcas públicas para favorecer a sus empresas y terceros.
