El lunes crecía la tensión en Bolivia tras la detención el sábado de la expresidenta interina, Jeanine Áñez, por presunto “golpe de Estado”. Está acusada formalmente de “sedición, terrorismo y conspiración” y la fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva.
Una audiencia de medidas cautelares realizada en la ciudad de La Paz determinó la detención preventiva por cuatro meses para la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus exministros, Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energías).
Los argumentos de la Fiscalía sostienen que la expresidenta obligó a renunciar a la entonces presidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra al igual que a Víctor Borda, quien fungía como presidente de la Cámara de Diputados. De esta forma la Fiscalía dice que en 2019 Jeanine Áñez allanó el camino para asumir la presidencia interina de Bolivia.
La exmandataria, que permanece en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, se acogió a su derecho al silencio y pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea que envíen misiones para evidenciar la “persecución política” porque, según argumenta, su arresto y el de sus exministros, vulneran el principio y garantía constitucional del debido proceso y la presunción de inocencia que establece el artículo 116 de la Constitución Política del Estado.
También hay órdenes de detención para los exministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno) y Fernando López (Defensa). Los dos últimos están fuera del país.
En su cuenta de Twitter, la exmandaria envío un mensaje.
![La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, es arrestada en su casa el 13 de marzo de 2021 por acusaciones de colaborar en un golpe de estado contra su antecesor Evo Morales en 2019. [Foto cortesía del Ministerio de Gobierno de Bolivia]](https://gdb.voanews.com/a41e6e93-f07e-4811-9653-e07163ee96d1_w100_r1.jpg)
Oposición pide a la ciudadanía defender la democracia
Tras las detenciones del sábado se generaron varias reacciones de las fuerzas opositoras en el país. El expresidente Jorge Quiroga pidió que se reactive el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) para protestar por lo que llamó esta “cacería política”.
"Jamás en América Latina se ha criminalizado una sucesión constitucional y nunca antes se hizo arrestos o aprehensiones a expresidentes o ministros sin que fueran citados a declarar, violando todo el derecho procesal, dijo el exmandatario en un vídeo difundido en sus redes sociales.
En el oriente del país, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, instó a la ciudadanía a una “resistencia civil” contra el “abuso y la persecución política” del gobierno del presidente Luis Arce.
El expresidente y líder de la oposición Carlos Mesa llamó a articular movimientos ciudadanos para defender la democracia. “Creo que debemos articular de manera positiva, objetiva y democrática a los mecanismos políticos, cívicos, de organizaciones sociales, de plataformas ciudadanas, que creen en la democracia y que se dan cuenta que enfrentamos un momento extremadamente grave”, dijo Mesa en una conferencia de prensa desde la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, el virtual gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien participó activamente en las movilizaciones de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales y su posterior salida del país, dijo que permanecerá en Bolivia y coordinará la “rearticulación del movimiento nacional de la oposición”.
Camacho insiste en que lo ocurrido en la crisis poselectoral se debió a un fraude electoral orquestado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido oficialista y que no hubo un golpe de Estado.
Gobierno justifica aprehensiones
El ministro de Justicia, Iván Lima explicó que el arresto de Jeanine Áñez se dio en su calidad de exsenadora y no como expresidenta por lo que no corresponde un juicio de privilegio constitucional sino un juicio ordinario, y pidió que no se distorsione la realidad porque no se trata de una persecución política.
Según el ministro de Justicia la investigación es por la actuación de Añez como senadora y los miembros de su partido político, quienes solo con el 4% de apoyo del electorado tomaron el gobierno mediante un “golpe de Estado”
“Hay personas que han actuado y han realizado un golpe de Estado y deben ser llevadas a juicio, este proceso ha comenzado en diciembre de 2020”, justificó Lima.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también respaldó esta postura y aseguró que no existe amedrentamiento porque “la justicia debe continuar su trabajo de manera independiente a los gobiernos de turno”.
En el cierre de la jornada del sábado también se dio a conocer la detención de Yassir Molina, líder del grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en Cochabamba. Es acusado por los delitos de organización criminal, fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, privación de libertad y daño calificado, entre otros.
Organismos internacionales piden transparencia
En las últimas horas, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia, a través de un comunicado, exhortó a que los casos en contra de exautoridades se cumplan con el debido proceso.
“La Misión subraya una vez más la importancia de que en todo proceso se observen estrictamente: las salvaguardas del debido proceso, lo que implica asegurar que toda persona cuente con una defensa adecuada y sea sometida a un juicio justo, independiente e imparcial”, dice el organismo internacional.
Antes ya se habían manifestado, a través de su cuenta de Twitter, Julie Chung, subsecretaria de Estado adjunta para Latinoamérica del Gobierno de Estados Unidos, quien instó a los " amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana". Su mensaje fue divulgado en castellano por la embajada de EE. UU. en Bolivia.
Por otro lado, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric pidió “plena transparencia en todos los procedimientos legales". El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, solicitó resolver las acusaciones "en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes".
Asimismo la Secretaría General de la OEA también expresó su preocupación ante el hecho que en Bolivia se pueda abusar de “mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno” y presentó ciertas recomendaciones ante la situación que a traviesa el país suramericano.
En un comunicado de prensa el organismo citó que, “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración”.
Entre algunas de las recomendaciones dadas por el organismo están:
a) Conformar en el marco del sistema de la ONU y/o de la OEA una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición.
b) Remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional para que el juzgamiento sea imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad.
c) Reformar el Sistema de Justicia a través de un diálogo político profundo de todos los actores políticos, académicos y sociales, así como - de considerarlo oportuno - la cooperación internacional. La reforma de la Justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente y revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente.
d) La liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades como los señalados ut supra, y especialmente teniendo en cuenta la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto CASLA.
