Desde hace meses, diversas Organizaciones No Gubernamentales habían solicitado que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) ingresara al país con “todas sus capacidades” para hacer frente a la inseguridad alimentaria que atraviesa Venezuela.
En ese sentido, la visita de David Beasley, Director Ejecutivo de esa organización humanitaria, quien alcanzó un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para iniciar operaciones y llevar comida a escuelas, fue bien recibido por la sociedad civil y supone, en primer lugar, “el reconocimiento de la gravedad de la emergencia humanitaria compleja”.
Representantes de distintas organizaciones coincidieron en que se trata de un paso “significativo para fortalecer la respuesta a la emergencia humanitaria”.
“Priorizar a preescolares hará que los impactos de este programa duren toda una vida…buen trabajo”, reaccionó en su cuenta en Twitter la experta en seguridad alimentaria, Susana Raffalli.
“Que miles de niños y niñas de familias pobres empiecen pronto a recibir un plato de comida y no puedan ser usados para propaganda política o chantajear a sus padres, es una buena noticia. Bienvenido el Programa Mundial de Alimentos”, manifestó, Marino Alvarado, coordinador de investigación de la organización defensora de derechos humanos, Provea.
Papel de las ONGs
Luis Francisco Cabezas, director de Convite, asociación civil dedicada a atender a las personas mayores, con más de 15 años de trayectoria, considera que el WFP debió haber estado en Venezuela desde hace mucho tiempo, pero obstáculos gubernamentales lo impidieron.
“Tenemos más de dos años haciendo llamamientos para que el WFP entre con todas sus capacidades. Ellos ya estaban en el país, pero fundamentalmente levantando información, haciendo una especie de triaje de la situación humanitaria”, explica.
“Ellos tienen una gran capacidad sobretodo para mitigar el impacto en el tema nutricional, para evitar bolsones de pobreza importantes por todo el país, con importantes dígitos de malnutrición y desnutrición, pero tiene la capacidad de reactivar las capacidades productivas propias, tiene la capacidad del suministro de semillas, de fertilizantes”, agrega.
Consultado por la Voz de América, Cabezas no descarta que el WFP pueda servir de mediador para que cese la persecución contra organizaciones sin fines de lucro debido a la importancia que tienen como actores humanitarios.
“El WFP no puede solo, por más capacidad logística que tienen y es por una razón muy sencilla, quienes conocemos el campo somos los que estamos acá, ellos fundamentalmente vienen con su know how en las capacidades instaladas que tienen para hacer llegar la ayuda y su know how en el tema de identificación rápida de las necesidades”, subraya.
“No es posible el despliegue de la ayuda humanitaria sin el apoyo de las organizaciones locales, esta amenaza no es sólo contra las organizaciones locales, también contra organizaciones internacionales”, añade.
La semana pasada se conoció de una providencia que establece que organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro que las obliga a entregar al gobierno de Nicolás Maduro la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica y humanitaria.
Una normativa considerada “inconstitucional” por especialistas, que estiman, tendrá un impacto negativo sobre el trabajo de miles de organizaciones, en especial de aquellas que atienden a víctimas de derechos humanos y a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Venezuela integra una lista de 45 países “en crisis que necesitan ayuda alimentaria externa”.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida, tres de cada siete hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria severa, un panorama que podría agravarse, entre otras cosas, como consecuencia de la escasez de combustible.
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