![La Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tras analizar la situación de los medios en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/2631e3a1-509d-454c-b70a-a3644933236e_w250_r1_s.jpg)
La libertad de prensa en algunos países de América Latina corre un serio peligro, según apuntan algunos expertos y analistas que han visto cómo los gobiernos de la región han aprovechado la crisis del coronavirus para “coartar” aún más libertad de prensa y expresión “sin motivo aparente”.
Es la conclusión a la que llega Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tras analizar la situación de los medios en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua.
“Se han aprovechado de la crisis sanitaria”
El estudioso, que participó en una de las sesiones especiales de la SIP, lamentó que las administraciones de la región no han impulsado medidas “para garantizar la sustentabilidad de los medios” en plena crisis sanitaria teniendo en cuenta que “las inversiones han bajado” en publicidad. Al contrario, critica, “aprovecharon los estados de emergencia para coartar el derecho a informar y a ser informado”.
En esa línea también advirtió de la “impunidad” con la que actúan los grupos de crimen organizado en América Latina y se mostró muy “preocupado” por el avance que se ha registrado en los últimos tiempos, algo que también tiene una incidencia especial en la prensa.
“El crimen organizado avanza en la región y coarta a policías, jueces, militares, políticos, funcionarios y legisladores, sus miembros ya no temen al escrutinio, se siente al margen del control social y no perciben que tienen que rendir cuentas”, indicaba Jornet, que también es director periodístico del periódico argentino la Voz del Interior, durante su intervención vía telemática.
Estigmatizan a medios y periodistas que investigan casos de corrupción
Sobre eso, señaló que algunos gobiernos están realizando “movimientos” para estigmatizar a los medios o a los periodistas que se dedican a destapar casos de corrupción, una práctica que, a su parecer, ha crecido en los últimos tiempos.
“Utilizan las redes sociales o las de sus ejércitos de trolls para descargar una violencia verbal y poner sospechas a quienes se atreven a denunciar abusos de poder. Este clima alienta agresiones de fuerzas policiales y manifestantes contra quienes realizan coberturas de protestas sociales en el continente”, indicó.
La situación es especialmente complicada en Venezuela, donde se han dado caso “flagrantes” de represión contra medios y periodistas por denunciar episodios de corrupción o narcotráfico.
El caso de El Nacional
La semana pasada se supo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha condenado al diario El Nacional a pagar 13 millones de dólares al vicepresidente del país, Diosdado Cabello, como indemnización por “daño moral”.
Los hechos se remontan a agosto de 2015, cuando El Nacional se hizo eco de una información publicada en el diario español ABC indicando que Cabello, actual número dos del oficialismo, estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico.
Miguel Henrique Otero, fundador de El Nacional, que también participó en la sesión especial de la SIP para hablar de la situación de la prensa en la región, denunció las irregularidades del proceso judicial en el que se ha visto envuelto por replicar una noticia “que se ha corroborado que es cierta”.
La justicia venezolana, que no está reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional, consideró que la publicación de la noticia sobre la investigación de Estados Unidos a Diosdado Cabello por temas relacionados con narcotráfico representaba unos actos de “difamación”, por lo que castigó al rotativo con una multa superior a los 13 millones de dólares.
Más tarde, “la Administración de Control de Drogas (DEA) determinó que Cabello era culpable de narcotráfico y puso una recompensa de 10 millones de dólares”, recordaba Otero considerando que, en este caso, “la demanda de difamación quedaría anulada”.
Pero no ha sido así y el caso ha seguido su curso judicial, “de acuerdo a las directrices del gobierno”. Ahora las instalaciones de El Nacional serán confiscadas y operadas bajo el mando de Diosdado Cabello.
El Nacional no fue el único caso tuvo consecuencias legales por publicar esa información que atañía a Diosdado Cabello. El número dos del chavismo también interpuso demandas contra los miembros del consejo editorial y accionistas del diario digital La Patilla y de Tal Cual, que también replicaron la información del diario ABC.
“Hay que ser más tolerantes”
Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también lamentó que se estén dando este tipo de situaciones en Venezuela y recordó que “las personas que tienen trabajos públicos deben ser más tolerantes a la crítica y a los cuestionamientos públicos”.
“Eso es algo que se pide a las sociedades democráticas, que piden pesos y contrapesos. Especialmente cuando tiene que ver con el poder judicial independiente, y esa independencia en Venezuela es algo que se cuestiona”, subrayó Vaca.
![Integrantes de la SIP consideran que Venezuela es un país muy censurado y negado a la libertad de expresión por las agresiones a los periodistas. [Foto: Archivo]](https://gdb.voanews.com/79da719e-f695-4a0d-a8fc-9dfe5644e38c_w100_r1.jpg)
Sobre los últimos casos de represalias que se han visto contra los medios de comunicación, el experto en libertad de prensa de la CIDH aseguró que en últimamente se ha visto como la justicia en vez de frenar este tipo de situaciones, “ha puesto el acelerador”.
“Los ataques a la prensa y a la libertad de expresión se ha agravado en los últimos tiempos y la normalización (de esa situación) es algo preocupante”, expuso Vaca.
El efecto censura
Con todo, considera que “esto es algo que debe leerse como una muestra más del desprecio de quienes tienen el poder en Venezuela en materia de derechos humanos”. “Vemos con preocupación cómo la judicialización es un atajo para acabar con el debate público y para que los actores públicos no participen del debate”, argumentó.
A su parecer, “el evitar el debate público y pretender que sea el poder judicial quién decida qué es lo verdadero y lo falso, además de imponer sanciones civiles desproporcionadas puede tener un efecto de censura para otros medios”.
A modo de conclusión, Vaca espera que el poder judicial, “lejos de domesticar, sea un aliado del poder público diverso” y actúe como tal. “Pero la situación, en estos momentos es muy preocupante en Venezuela”, concluyó.
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