La prensa independiente de Venezuela pudiera entrar al ojo del huracán de una fiscalización gubernamental de sus fondos y sus operaciones podrían estar amenazadas, advierten periodistas, directores de medios de comunicación y especialistas del área del país suramericano.
El Poder Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro publicó el 30 de marzo una providencia que crea el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Cientos de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles de Venezuela estarán expuestos a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, actas constitutivas, beneficiarios y socios, así como a la vigilancia oficial de sus asambleas, miembros y personal, siempre bajo la presunción de que incurren en delitos, como el financiamiento ilícito.
Numerosos medios de comunicación de Venezuela, como páginas digitales nativas o diarios impresos que debieron reconvertirse a plataformas web, estarían incluidos en esa lista de asociaciones civiles fiscalizadas, explica Andrés Cañizález, periodista y director de Medianálisis, una organización sin fines de lucro dedicada a la capacitación de empresas periodísticas en el país.
Explica que buena parte de la prensa independiente de Venezuela pasó a depender de la cooperación internacional por las limitaciones económicas que enfrenta el país en los últimos siete u ocho años.
“Estamos en un país con la peor hiperinflación del mundo, con la caída más abrupta del producto interno bruto. Eso ha hecho que este país se quede sin anunciantes privados. Las propias empresas privadas están destruidas, trabajando a media máquina por la pandemia”, comenta a la Voz de América.
Observa que “la complejidad económica” ha impactado el modelo de negocios en Venezuela, donde estrategias como los ensayos de “clubes de amigos” de la prensa, donde se invita a los lectores y consumidores de información a apoyar financieramente a medios de comunicación, no parecen tener el éxito requerido.
“Eso puede ocurrir en otros países, como Estados Unidos o Europa, pero estamos con una sociedad deprimida económicamente. En este momento, ningún medio se plantea la estrategia de cobrar por los contenidos”, detalla.
Pan cotidiano para sobrevivir
La prensa venezolana ha buscado su supervivencia en ese contexto espinoso mediante el financiamiento internacional, con becas o aportes de organizaciones dedicadas al fortalecimiento de la democracia y la libre expresión.
“Hay una tendencia grande de que lo que existe hoy es financiado internacionalmente. Hay medios participando en concursos (internacionales), desarrollando proyectos. Es el pan cotidiano para el periodismo, una estrategia para poder sobrevivir”, apunta Cañizález.
Entonces, se encienden las alarmas cuando el gobierno de Maduro anuncia que controlará el financiamiento de asociaciones de esa estirpe.
El temor ha cundido entre quienes dirigen medios con esas características en Venezuela. Prefieren no hablar del tema “para no dar ideas al gobierno”, si no lo ha pensado ya, o, simplemente, optan por hablar bajo condición de anonimato, comparte con la VOA el director de uno de los medios que podrían fiscalizar.
“Por supuesto que hay preocupación. Ese tema nos tiene muy tensos”, admite la fuente, que pide reservar su identidad por miedo a represalias.
Otro director de un medio digital en Venezuela valora la providencia como “genérica e imprecisa” y dice no tener muy claro si afectará a la prensa.
“En líneas generales, las empresas y organizaciones civiles tienen que estar en un registro. Uno no sabe si esta providencia quiere subrayar y afectar a alguna persona o institución, o si puede incluir a los medios de comunicación”, dice.
Según la fuente, hay una “percepción compartida” en el mundo de la prensa venezolana y las asociaciones civiles de que son “punto focal de riesgo”.
Cañizález resalta que el financiamiento internacional de la prensa venezolana puede ser utilizado como “una vendetta pública” por parte del gobierno o de sus seguidores para descalificarla y cuestionar su independencia.
Un reportaje del Comité de Protección para Periodistas, CPJ en inglés, concluyó esta semana que la providencia de registro de asociaciones civiles tendría un “gran impacto” en los medios independientes “en una nación con un gobierno autoritario que ya ha recortado severamente las libertades de la prensa”.
La publicación de esa norma ocurre cuando el oficialismo recién estrena su mayoría absoluta en el Parlamento -considerado como ilegítimo por buena parte de la comunidad internacional- y mientras el presidente Maduro impulsa la aprobación de una ley “muy importante, crítica, este año”, que regule donaciones de gobiernos extranjeros y de organizaciones filantrópicas.
Esta semana, 663 organizaciones no gubernamentales de Venezuela firmaron un documento en el que rechazan la providencia por “constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos”.
“El gobierno quiere obligar a que digas quiénes son tus financistas, pero puedes ser objeto de ataque público por ello”, insiste Cañizález, en el caso de la prensa.
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