Defensores de derechos humanos coinciden en que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pretende evadir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) al cambiar la narrativa sobre cómo ocurrieron tres de las muertes de ciudadanos venezolanos más emblemáticas en manos de funcionarios del Estado en años recientes.
Saab se refirió el fin de semana al principio de complementariedad de la CPI en “las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma”.
“En otras palabras, esta instancia interviene cuando los posibles casos que puedan entrar dentro de su competencia no han sido investigados por el sistema de justicia de un Estado parte”, expresó Saab a través del canal del Estado.
Al respecto, Delsa Sólorzano, presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, recordó que en la CPI “está por tomarse una decisión en cuanto a si continúa o no la investigación de la corte para abrir juicio y poder sancionar a los responsables de los horrendos crímenes de lesa humanidad que hemos vivido en Venezuela”.
Sólorzano considera que el fiscal busca hacer “creer falsamente que en Venezuela se está enjuiciando a los responsables de los derechos humanos”.
“Sólo actúa la Corte cuando en el país de origen no hay posibilidad de hacer justicia y cuando se demuestra de manera efectiva que esa imposibilidad se debe a que no hay Ley que sancione ello en el marco del Estatuto de Roma o que en efecto los organismos de administración de justicia están absolutamente secuestrados, ese es el caso de Venezuela”, manifestó.
“No hay posibilidad real de hacer justicia, lo ha dicho la ONU en distintos informes donde se ha señalado que no se puede hacer justicia en Venezuela porque no hay independencia del poder judicial”, agregó el lunes la defensora de derechos fundamentales durante una conferencia de prensa.
Coincide Tamara Suju, delegada de la Asociación Mundial de Juristas (WJA por sus siglas en ingles) ante la CPI y directora ejecutiva de Casla Institute, quien considera que el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra temeroso ante el avance del caso de Venezuela en la instancia internacional.
“Las investigaciones sobre los altos responsables de los crímenes ahí denunciados que se están llevando a cabo en ese examen preliminar, que se están estudiando, están libres y están todos en sus cargos. No son esos cuatro soldados que Tarek William Saab acusa en estos casos, los culpables de la inducción, de la omisión de que los crímenes de lesa humanidad hayan ocurrido en Venezuela durante tantos años”, afirmó.
A juicio de Suju, se están adelantando diálogos que buscan una salida a la crisis que atraviesa Venezuela y varias naciones pudieran estar pidiendo cuentas al Estado venezolano.
“Está echándole la pintura a la pared, nombrando los casos y diciendo que se están investigando. Se está retrocediendo incluso en casos que ya tenían sentencia para volver a abrir una investigación y meterle el cuento a los venezolanos que están investigando”, manifestó en un video que divulgó en su cuenta en Twitter.
En varias ocasiones activistas de derechos humanos y la oposición venezolana denunciaron que el concejal Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo, fueron torturados y posteriormente asesinados por funcionarios del Estado.
En 2018, Saab aseguró que Albán se suicidó en una de las sedes de los organismos de inteligencia donde estaba detenido, sin embargo, el fin de semana admitió que los funcionarios implicados fueron imputados por “homicidio culposo”.
Solórzano insistió en que se pretenden ocultar varios elementos, entre ellos que “hay una cadena de mando que no está siendo investigada”.
“Quién puede creer en su sano juicio que a Fernando Albán lo asesinaron, pero nadie se dio cuenta de que lo estaban torturando. Nadie lo vio, nadie escuchó nada (…) la tortura es voluntaria, es intencional, a Fernando Albán lo torturaron y lo mataron, esa es la realidad”, reiteró.
Además, Saab reconoció que el estudiante Juan Pablo Pernalete fue asesinado en 2017 durante una manifestación antigubernamental, tras ser impactado en el pecho con una bomba lacrimógena lanzada por agentes de Estado y no por una pistola de perno, versión que, reiteradamente, expusieron representantes del gobierno.
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