Gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, expresó el martes su preocupación por la pérdida de vidas humanas en los últimos días en Colombia, durante las protestas contra una serie de medidas anunciadas por el presidente Iván Duque.
“Estados Unidos está profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en Colombia en los últimos días”, dijo Jalina Porter, portavoz del Departamento de Estado.
En un intercambio telefónico con periodistas, la funcionaria dijo que la Administración Biden extiende “sus condolencias a las familias y amigos de todas las víctimas en todo el mundo”. Además, explicó que si bien “los ciudadanos de los países democráticos tienen el derecho incuestionable de protestar pacíficamente, la violencia y el vandalismo son un abuso de ese derecho”.
Finalmente, tras subrayar que Washington apoya “los esfuerzos del Gobierno colombiano para abordar la situación actual”, Porter dijo en nombre del Gobierno estadounidense: “Instamos a la máxima moderación por parte de las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas”.
ONU y UE llaman a la calma
La ONU y la Unión Europea también advirtieron contra el uso excesivo de la fuerza en las protestas.
La portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, advirtió de los excesos de la policía y, en una declaración manifestó que están "profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida".
Hurtado llamó a la calma y agregó que la oficina de la ONU en Colombia, “está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali”.
“Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, agregó la portavoz.
La Unión Europea también pidió a las fuerzas de seguridad evitar una respuesta de mano dura. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, manifestó que “la UE condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos”, destacó.
Stano instó al fin a de la violencia y dijo que "confía" en las instituciones colombianas para “investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos”.
Preocupación de Amnistía Internacional, HRW y OEA
La organización Amnistía Internacional también pidió el fin de la violencia en Colombia.
“Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en un comunicado.
Amnistía exige que no se tomen las manifestaciones de descontento “como vandalismo y terrorismo”, en referencia –asegura- a declaraciones del presidente Duque, y que esto pueda ser usado para actos represivos.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, escribió el martes en Twitter que "el gobierno de Colombia debe tomar medidas urgentes para bajar las tensiones y proteger los DDHH".
"Si el gobierno declara el estado de conmoción interior, estaría haciendo exactamente lo contrario", sentenció.
El lunes Vivanco ya había señalado que un equipo de investigadores de Human Rights Watch estaba documentando casos de abuso policial y violencia durante las protestas en Colombia y que "el debate sobre una reforma policial es impostergable".
Duque anuncia espacio de discusión
Haciendo un extenso recuento de su gestión económica y de las operaciones emprendidas en un año de restricciones por la pandemia del COVID-19, el presidente Iván Duque se refirió de manera despectiva a una parte de los manifestantes, llamándolos “unos pocos desadaptados que han apelado al vandalismo, al terrorismo y a la violencia irracional”.
En una declaración grabada y difundida por Presidencia vía Twitter, Duque prometió emprender una investigación en caso de los abusos y anunció medidas “para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones”.
El mandatario señaló que ante los hechos ocurridos, su gobierno se ha visto obligado a “responder con contundencia desde la legalidad”.
También agregó que ha dado instrucciones al Ministro del Interior y otros altos funcionarios para entablar conversaciones con las partes implicadas en las protestas en Cali, ciudad centro de las mayores desavenencias para que con ello se pueda “articular integralmente la respuesta del Estado a la situación que vive la ciudad y el departamento”.
El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo el martes que la fuerza pública ha actuado basándose en el respeto de los Derechos Humanos.
"Nuestra Fuerza Pública tiene la misión de proteger a los ciudadanos que se movilizan en las marchas sociales, pero tienen que ser implacables con aquellos que usan el vandalismo y acciones de terrorismo que buscan destruir ciudades y afectar la estabilidad en algunas regiones", señaló Molano.
El jefe de la cartera de Defensa también informó que se registraron 471 actividades, 121 bloqueos, 59 movilizaciones, 93 marchas en todo el país.
"Esos hechos se dieron en 268 municipios de más de 27 departamentos. La tarea de la fuerza pública es mantener el orden. De esos municipios, solo en 15 hubo actos vandálicos en los que se requirió intervención. Garantizamos el derecho a las manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas”, agregó el ministro.
El ministro dijo que el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD tuvo que intervenir en 654 oportunidades frente a hechos relacionados con el vandalismo, "por ejercer violencia o afectar estructuras públicas".
El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, quien acompañó al ministro para entregar este martes un balance de la situación, aseguró que "nadie ha dado instrucciones de disparar" y que "ayer se abrieron cinco investigaciones disciplinarias, cuatro por agresiones físicas y una por presunto acoso de un miembro de la institución".
La Cancillería colombiana también manifestó el martes que Colombia garantiza "los derechos de los ciudadanos, incluido el de la vida de todas las personas y el de la movilización pacífica" y convocó a una reunión el miércoles con el cuerpo diplomático acreditado en el país para informar sobre la situación en el país.
Ciudadanos y organizaciones han denunciado reiteradamente excesos de la fuerza pública. En Cali, la noche de este lunes se registró una delicada situación de orden público, pero otras ciudades como Bogotá y Medellín también se han visto afectadas.
Las cifras aún no son claras. El portavoz de la UE en una sesión informativa habitual dijo el martes que "hay al menos 19 víctimas y también un oficial de policía".
La cifra coincide con datos de la Defensoría del Pueblo, que señalan además que las víctimas han muerto o han fallecido en Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Medellín, Pereira y otros municipios de Valle del Cauca y Cundinamarca, y señalan que hay 89 desaparecidos en el marco del paro nacional.
Según el Ministro de Defensa, existen 216 reportes de disparos contra policías y 579 uniformados lesionados, 25 de ellos se encuentran hospitalizados.
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