La solicitud de extradición del político venezolano Leopoldo López solicitada por el gobierno de Nicolás Maduro al de España es un proceso “cuesta arriba”, sin sólidos fundamentos jurídicos, que difícilmente se concretará, concluyen analistas consultados por la Voz de América.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que suele publicar sentencias favorables al gobierno de Nicolás Maduro, declaró procedente esta semana la solicitud de la extradición de López al Reino de España “para el fiel cumplimiento del resto de su condena, de ocho años, seis meses, 25 días y 12 horas” por delitos de incendio, daño, instigación pública y asociación.
El poder judicial acotó que comunicaría la decisión al Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela. Hasta el momento, no hay confirmación de que el gobierno de Maduro haya formalmente solicitado la extradición.
El propio López dijo este jueves que confía “plenamente” en la justicia de España tras conocerse el fallo sobre su extradición en Venezuela.
“Me pongo a disposición de la justicia, en esta oportunidad de un país con instituciones democráticas, separación de poderes y justicia, en la cual confío plenamente”, manifestó el líder opositor en una nota de prensa.
López cumplía su pena de casi 14 años en su arresto domiciliario, en Caracas, cuando se evadió el 30 de abril de 2019 para participar en una intentona militar de golpe de Estado contra Maduro, que finalmente resultó fallida.
El dirigente del partido Voluntad Popular se refugió en calidad de huésped, junto a su esposa y sus tres hijos, en la embajada de España en Caracas. En octubre de 2020, abandonó la sede diplomática para viajar hasta Madrid.
El exalcalde y ex precandidato presidencial de la oposición venezolana en 2012, recordó que la extradición la formalizan funcionarios cercanos al madurismo que Europa ha sancionado por prácticas antidemocráticas, entre los que mencionó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y al fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab.
Sadio Garavini, embajador venezolano y doctor en ciencias políticas, considera que es “muy cuesta arriba” que España extradite a López a manos de la justicia venezolana. Observa “pocas bases jurídicas” en el caso penal del político opositor y subraya el desconocimiento de Madrid, como parte de la Unión Europea, de las elecciones parlamentarias de 2020 y las presidenciales de 2018.
“Es más que nada una maniobra propagandística (de Maduro) orientada a su propia gente para reafirmar la imagen que tratan de transmitir de ‘Leopoldo terrorista, violento’. Pero lo veo muy cuesta arriba, muy difícil”, dijo Garavini a la VOA.
Una decisión política
El embajador venezolano, recuerda que fue España quien acogió a López en su sede en Caracas en 2019 y que su primera visita formal en Madrid fue justamente un encuentro privado con Pedro Sánchez, en su despacho.
La causa de la redemocratización de Venezuela cuenta asimismo con apoyos dentro del mismo partido de gobierno español, el PSOE, según el diplomático.
Garavini duda, además, que el partido Podemos tenga fuerza suficiente para impulsar una eventual extradición de López luego de la derrota política sufrida hace semanas por su líder, Pablo Iglesias, en su aspiración a la alcaldía de Madrid.
“No creo que hay base jurídica para que los jueces españoles puedan recibir pruebas de que López cometió delito. Los delitos imputados son realmente endebles. Al final, la extradición siempre es una decisión política”, resalta.
Antonio Ecarri Bolívar, designado como embajador del gobierno interino opositor de Venezuela en España, estimó que la decisión del TSJ pretende distraer la atención de asuntos políticos prioritarios.
“Es una cortina de humo para tratar de huirle al tema de la propuesta de negociación formulada por Guaidó y que tiene el respaldo de todos los gobiernos democráticos, desde Estados Unidos hasta la Unión Europea, pasando por el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto", manifestó por escrito a la VOA.
Dio por sentado que la petición sería desestimada por el gobierno de Pedro Sánchez. “Obviamente, España ni siquiera va a considerar esa petición solicitada por un Fiscal no reconocido y sancionado por cómplice en la violación de derechos humanos y un TSJ que tampoco es reconocido por ningún país democrático de América ni Europa", acotó Ecarri Bolívar.
Emilio Figueredo, embajador retirado y profesor de derecho internacional, coincide en que la eventual extradición de López es “improbable”.
“Aunque quizás le gustaría la jugarreta (de aprobarla), el gobierno de Sánchez está pendiendo de un hilo después de la derrota apabullante que sufrió en la elección de Madrid. Es una jugada muy difícil, que dejaría en una situación políticamente mala al gobierno de Sánchez”, expone a la Voz de América.
La relación diplomática reciente entre España y Venezuela ha estado caracterizada por los altibajos. El gobierno español del socialista Pedro Sánchez anunció en febrero que no enviará un nuevo embajador a Caracas por ser consecuente con la postura de la Unión Europea de que las elecciones presidenciales de 2018, donde resultó reelecto Maduro, no fueron justas.
El más alto delegado español en Venezuela es en este momento el encargado de negocios. Maduro prometió en febrero “revisar a fondo” las relaciones cuando la canciller española Arancha González Araya visitó la frontera con Colombia para conocer la realidad de la migración venezolana en esa nación vecina.
Además, cuando López viajó a Madrid, en octubre de 2020, España reclamó que agentes de inteligencia detuvieran a personal de la embajada en Caracas y requisaran un edificio donde reside su personal diplomático como parte de las investigaciones de la salida del líder opositor al extranjero.
“Medida disparada"
Los opositores tanto de Sánchez como de Maduro han denunciado secretos nexos de La Moncloa y el Palacio de Miraflores, o al menos las indulgencias retóricas de funcionarios españoles sobre el oficialismo venezolano.
El caso más citado es el del polémico encuentro en enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas, Madrid, entre el ministro de Transporte José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien tenía prohibido transitar o volar ese territorio debido a sanciones que le impuso la Unión Europea.
Pablo Casado, presidente del PP, se refirió a la solicitud de extradición de López. Exigió en un tuit que Sánchez afirme “de inmediato que no reconoce a un tribunal de una dictadura y que no va a tramitar la extradición de un exiliado”.
Figueredo menciona que España forma parte de las negociaciones que adelantan la Unión Europea y el Grupo Internacional de Contacto para promover un diálogo formal y una solución integral a la crisis en Venezuela.
“Dudo que España tome medidas disparatadas como esa (aprobar la extradición de López). Ese (diálogo) es un acuerdo con los actores de la comunidad internacional en forma y fondo”, dice el experto en relaciones internacionales.
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