![La negociación de las pandillas con el gobierno salvadoreño en 2012 dio paso a un nuevo fenómeno de capacidad del control territorial de las maras. En la actualidad habrían evidencias de un nuevo pacto con el actual gobierno. [Foto archivo]](https://gdb.voanews.com/959e418d-0874-4622-86d5-eb4b00f33804_w250_r1_s.jpg)
Las cifras son aterradoras. En solo seis años Guatemala, Honduras y El Salvador en conjunto registraron más de 72.000 personas asesinadas, sin contar los desaparecidos entre 2015 y 2020, pues estos pasan a un limbo legal por no existir en las jurisprudencias locales una ubicación categórica para registrar las desapariciones, que en gran parte terminan abonando a las listas luctuosas de la región cuando se descubren “cementerios” clandestinos.
Si bien el año pasado los gobiernos de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica celebraron las sustanciales bajas, Guatemala comparó los 2.572 homicidios registrados en 2020, como la cifra más baja desde 1986; El Salvador adjudicó que los 1.322 asesinatos obedecían a la estrategia de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, y Honduras que cerró el año con 3.482 lo adujo a los planes del gobierno de Juan Orlando Hernández en controlar la violencia.
Un punto en común para toda la región, como en otras partes del mundo, fue el impacto de las medidas de restricción de movilidad impuestas por los gobiernos ante la emergencia sanitaria para controlar la pandemia de COVID-19. Como se había previsto, las cuarentenas afectaron sensiblemente las tasas de homicidios.
Ante las cifras de 2020, y las proyecciones del año en curso, tres expertos consultados por la Voz de América: Douglas Farah, de IBI Consultants, en Washington; José Miguel Cruz, de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y Steven Dudley, de InSight Crime también en la capital estadounidense, exponen desde diferentes perspectivas el espinoso problema de inseguridad en los tres países, donde las pandillas siguen siendo uno de los motores de la violencia homicida, sin ser los únicos.
Douglas Farah aludió a la rápida transformación de la MS-13 y cómo aprovechó una coyuntura puntual luego que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), robusteciera desde principios de la década pasada el combate a las redes de narcotráfico en Honduras, y que al quedar desierto el panorama de traficantes los carteles mexicanos le dieron el visto bueno a la MS-13 para ser su responsable en la franja atlántica del país centroamericano.
En la actualidad, con las ingentes sumas del mercado de la droga y en control de las rutas del tráfico de migrantes irregulares desde Honduras hacia Estados Unidos, esa pandilla ha dejado la extorsión generalizada “de menudeo” contra la población -dice Farah-, y ahora se apresta a jugar un papel más protagónico como actor político, prestándose como un factor social clave en la cohesión de grandes conglomerados de zonas urbanas que no la ven “tan peligrosa” por las dádivas que ya reparte en áreas bajo su control.
En El Salvador las pandillas todavía no tienen campo abierto en las rutas de drogas, en comparación al tráfico superior de su vecino Honduras, pero también los fenómenos coyunturales les han llevado a valorar el poder de su control territorial.
El analista José Miguel Cruz, uno de los primeros investigadores de las pandillas desde la década de 1990 en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), explica que un punto agudo de la inseguridad por pandillas se experimentó a mediados de la década pasada. En ese momento, El Salvador fue calificado como el país más peligroso del mundo a razón de 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015. Y el Triángulo Norte en conjunto fue catalogado como la región más letal del mundo superando a zonas de guerra en otras latitudes.
Pero Cruz valora cómo la MS-13, que domina hasta un 70% del territorio salvadoreño, descubrió el poder político que se puede tener al negociar una tregua con el gobierno de Mauricio Funes, entre 2009 y 2014, para bajar los homicidios a cambio de favores desde el estado.
Negociación aquella, con carácter secreto, que fue duramente criticada por Estados Unidos y otros centros de análisis del país por la falta de transparencia y porque en ningún momento condicionó la desarticulación de las pandillas MS-13 y Mara 18 involucradas en el pacto. Y menos todavía se consiguió que dejaran de extorsionar a la población y a las empresas. Más tarde, otros políticos también encaminaron pláticas con ese grupo delictivo, que han abierto investigaciones fiscales.
Pero además, informes confiables que provienen del terreno indican que el actual gobierno de El Salvador liderado por Bukele tiene un nuevo acuerdo secreto con las pandillas para bajar los homicidios. “Las últimas informaciones que no son muchas sugieren una negociación con el actual gobierno salvadoreño”, dice Cruz.
Guatemala es el único país donde la MS-13 ha tenido la menor acogida, logrando solo controlar áreas de la ciudad capital y otras importantes urbes del país. Es la única nación del Triángulo Norte donde este fenómeno al parecer muestra cierto achicamiento si se compara con sus vecinos Honduras y El Salvador.
Sin embargo las pandillas en Guatemala siguen siendo un factor importante como detonantes del crimen y homicidios, sumado a otros grupos que pululan alrededor del tráfico de drogas.
El especialista Steven Dudley dice que las pandillas siguen adecuándose bastante rápido a los contextos y modelando nuevas formas de accionar, y los gobiernos cada vez están más prestos a lograr acuerdos con las pandillas para reducir los homicidios que al final son los principales indicadores de inseguridad ciudadana.
“Homicidios es la manera que desde afuera inversionistas y otros que estamos viendo como está actuando el gobierno en el tema de seguridad es a través de los homicidios, entonces el gobierno está actuando alrededor de ese tema porque es importante”, comenta Dudley.
De El Salvador, por ejemplo, agrega Dudley también llegan informaciones muy “creíbles” de el nuevo pacto del gobierno de Nayib Bukele con estos grupos para reducir los homicidios y hacer ver como “exitosa” la estrategia de seguridad del gobierno, lo que ha llevado a otras formas de ocultar los homicidios, con un aumento sustancial en las desapariciones, que ya reflejan una preocupación de la ciudadanía, según consignan medios de comunicación independientes en El Salvador.
Señalan los analistas que en contraposición a la disminución de asesinatos hay cada vez más denuncias ciudadanas que indican que la modalidad ha girado a la desaparición de las víctimas, algo que en El Salvador se reiteró desde los dos años de la tregua en 2012.
Otro factor novedoso en el tema es que después de consumadas la destitución del fiscal general de la república en El Salvador y la 5 jueces de la Corte Constitucional del país, el 1 de mayo reciente. El nuevo fiscal general nombrado por Bukele y su Asamblea Legislativa suspendió las cuentas institucionales para reportar desaparecidos, según han reportado medios locales salvadoreños.
No obstante, en redes sociales se sigue divulgando información de víctimas desaparecidas, en su mayoría jóvenes -según compilaciones- que dejaron de ser vistos cuando se dirigían a sus trabajos, o a actividades académicas en las universidades, entre otras.
La disparidad de los crímenes y la apuesta de EE. UU.
En el Triángulo Norte la ola de homicidios toca de forma disparar a hombres y mujeres. Los primeros ocupan en su gran mayoría las cifras de recuento que ofrecen las instancias gubernamentales, y los asesinatos de mujeres resaltan en estadísticas que registran organizaciones de derechos humanos y de género.
También la edad es otro factor, numerosos estudios han resaltado que el mayor riesgo de ser víctimas de asesinatos en estos países -por igual hombres y mujeres- se encuentra en el rango menor de 30 años.
Bajo este panorama los expertos dicen que cualquier apoyo a la región que contemple el plan de la administración del presidente Biden con la dotación de los 4.000 millones proyectados para crear condiciones que reduzcan la migración forzada desde Centroamérica hacia Estados Unidos, debe contener amplios componentes para reforzar la seguridad ciudadana.
En su discurso de 100 días de mandato el presidente Joe Biden dijo que es preciso llegar a la raíz del problema.
"Tenemos que llegar a la raíz del problema de por qué la gente está huyendo a nuestra frontera sur desde Guatemala, Honduras, El Salvador. Huyen de la violencia, la corrupción, las pandillas, la inestabilidad política, el hambre, los huracanes y terremotos", dijo Biden.
Estados Unidos considera a la MS-13 como la segunda amenaza a su seguridad nacional, ubicada solo después del terrorismo.
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