La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este miércoles al máximo nivel de alerta ante el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA) al observar la crítica situación para las garantías fundamentales del pueblo nicaragüense.
La presidenta la de CIDH, Antonia Urrejola, explicó ante sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización hemisférica que, la grave situación de derechos humanos en Nicaragua ha llevado a un estado de falta absoluta de garantías para cualquier persona que se oponga a la perpetuación en el poder de Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La comisión también alerta que las prácticas represivas impuestas por el gobierno de Ortega desde las protestas del año 2018 encajan -de acuerdo al derecho internacional- en lo que “deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada”.
Y los números de denuncias y peticiones de protección de nicaragüenses que se sienten acosados por el gobierno sandinista también habla de la gravedad de la situación, acotó la alta funcionaria de derechos humanos para las Américas.
“En lo que va del 2021 la CIDH ha recibido 27 solicitudes de medidas de protección de personas nicaragüenses, la mayor parte presentadas el mes de junio, en comparación con las 26 solicitudes recibidas en todo el año 2020. Estos números hablan por sí solos”, apunto la presidenta Urrejola.
La comisión ha contabilizado como producto de las protestas y la represión que inicio en 2018 al menos 328 asesinatos de opositores en su mayoría cometidos por policías o fuerzas militares, los que no han sido investigados y mucho menos castigados; además unos 2000 heridos durante todo el proceso.
A ellos se suman más de 100.000 personas que abandonaron el país en busca de protección fuera de sus fronteras patrias, lo que supone otro reto para los países de la región a los que huyen los nicaragüenses en busca de asilo.
Preocupa a la Comisión rectora y vigilantes de derechos fundamentales en el hemisferio occidental que a la fecha haya unas 124 personas detenidas de manera arbitraria.
Entre algunas personas arrestadas en las últimas semanas en las redadas y persecución contra líderes políticos, periodistas, empresarios y activistas de derechos humanos, se encuentran algunos que gozaban de medidas cautelares otorgadas por el organismo con sede en Washington, pero que el gobierno ha decidido no respetar, denunció Urrejola.
Nicaragua es firmante de la Convención Americana y por tanto el estado está obligado a respetar las sentencias del organismo que trabaja en dupla con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ambas parte del sistema de la OEA.
“Todo esto ocurre en un contexto de impunidad generalizada frente a las graves violaciones a los derechos humanos documentadas, ante la narrativa oficial que desconoce la persistencia de la crisis de derechos humanos” aclaró la presidenta Urrejola.
Detenidos incomunicados y audiencias sin abogados
La CIDH alertó al pleno de la OEA que el estado nicaragüense no estaría garantizando a las personas procesadas los mínimos estándares internacionales de aplicación de justicia.
A todo esto los familiares de los presos políticos desconocen el paradero de sus seres queridos al tenerlos incomunicados, algunos estarían en recintos conocidos del sistema judicial, pero otros podrían estar en otras dependencias de las fuerzas de seguridad del gobierno.
“La CIDH advierte además que el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, restringiendo el acceso a abogados y representantes legales, asignando en su lugar a una abogada o abogado de oficio, y la mayoría se encontrarían incomunicadas. La CIDH recibió información sobre la realización de audiencias “secretas”, sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua”, expuso Antonia Urrejola
La titular del organismo agregó que esa falta de garantías judiciales mínimas reflejan la arbitrariedad en el actuar del gobierno nicaragüense, lo que pone en perspectiva la falta absoluta de pesos y contrapesos necesarias en el sistema democrático.
El gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, liderazgos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha desmantelado el andamiaje institucional copando con los suyos el sistema judicial, la Asamblea Nacional y el aparato fiscal, además de los cuerpos de seguridad.
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