Siete días bastaron para que la vida de Elenis Rodríguez, una abogada venezolana y activista de derechos humanos designada por el Parlamento como magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de su país, diera un giro de 180 grados hace cuatro años.
Creyó tocar la cúspide de su carrera judicial el 21 de julio de 2017: se juramentó como parte de un grupo de 13 magistrados principales y 20 suplentes en un acto protocolar en la plaza caraqueña Alfredo Sadel, ante una multitud que los vitoreaba, los alababa por ser “valientes” ante el gobierno de Nicolás Maduro y hasta la clamaban cariñosamente por su apodo –“Vallita”-. El cielo.
Una semana después, recibió una llamada anónima: “No hable y escuche; no estoy de acuerdo con lo que está pasando, usted está localizada y la van a detener el lunes”. Pronto, a las 3:00 de la tarde del 30 de ese mes, decidió refugiarse junto a otros cuatro magistrados en la embajada de Chile. El infierno.
“Este no era mi proyecto de mi vida, jamás”, comparte Rodríguez en entrevista con la Voz de América desde Santiago de Chile, donde vive exiliada con su madre, combinando sus labores del derecho con oficios de docencia, cocina y limpieza para subsistir en un país a 8.000 kilómetros de distancia del suyo.
Venezuela vivía en 2017 una prolongada ola de protestas contra el poder ejecutivo de Nicolás Maduro a raíz de su convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado. El Parlamento, que el Tribunal Supremo de Justicia afín al oficialismo había declarado en desacato desde su instalación, en 2016, decidió designar a 33 nuevos magistrados, no obstante.
El presidente venezolano opinó en un evento televisado que Rodríguez y sus colegas irían “presos, uno por uno, uno detrás de otro”, y que se les congelarían sus bienes y cuentas bancarias. Al momento de su interlocución, uno de los magistrados juramentados en la plaza Alfredo Sadel, Ángel Zerpa, ya había sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Una sentencia del TSJ políticamente alineado con el oficialismo venezolano acusó de usurpación a quienes fueran designados como magistrados y valoró como nulo todo acto que adelantara en ese sentido el Parlamento. Según Maduro, los juristas que se juramentaron cometieron un “error garrafal”.
Rodríguez, conocida por ser una de las querellantes contra el oficialismo por su responsabilidad en el asesinato del joven manifestante Bassil Da Costa en 2014, confiesa haber pensado que solo se trataba de “bravuconadas” del mandatario.
“No tenía miedo. Más miedo me daba vivir en dictadura. No nos programamos para vivir en el exilio. Todo (fue) para aceptar este nombramiento, del cual no nos arrepentimos”, remarca en su conversación, de dos horas, con la VOA.
Abono democrático
La mayoría de los magistrados juramentados aquel 21 de julio se refugiaron en embajadas o vivieron en clandestinidad, procurando días o meses luego abrirse camino hacia países vecinos.
Rodríguez, por ejemplo, fue huésped de la sede diplomática de Chile en Caracas hasta que, en octubre, emprendió un accidentado viaje terrestre hasta Colombia con tres de los cuatro magistrados allí protegidos.
Cioly Zambrano, una de los siete juristas designados a la Sala Constitucional, estuvo 21 días escondida en el centro de Venezuela antes de aprovechar las elecciones de la Constituyente convocada por Maduro para moverse por carretera con su familia hasta un estado vecino de Colombia, Zulia.
“Habían bloqueado mis cuentas, no teníamos dinero para movernos. El 16 de agosto, día de mi cumpleaños, pasé la frontera vestida con lentes grandísimos, caminando en chanclas (sandalias). No fui capaz de mirar hacia atrás. Dejaba mi alma” atrás, en Venezuela, dice a la VOA, con la voz entrecortada, desde Orlando, Estados Unidos, cuyo gobierno le aprobó su asilo meses después.
Los magistrados exiliados se han mantenido en funciones desde Norteamérica, Colombia, España, Panamá y Chile, entre otros países, explica Antonio Marval, electo para la Sala Político Administrativo de la máxima corte de Venezuela y votado como presidente del Tribunal Supremo en octubre del año pasado.
“Estamos trabajando desde un inicio sobre la reinstitucionalización del sistema de justicia. Hemos emitido sentencias que han marcado pautas, a pesar de que no han sido ejecutadas”, expone en entrevista con la VOA.
Ese Tribunal Supremo que la oposición llama “legítimo”, se instaló en octubre de 2017 en la sede de la Organización de Estados Americanos, en Washington. Ha publicado desde entonces sentencias sobre materias electorales, sanitarias, políticas y penales; condenaron a Maduro en Sala Plena, incluso, a 18 años y tres meses de cárcel por delitos de corrupción y legitimación de capitales.
Sus fallos, sin embargo, parecen tener poco eco y efectividad en Venezuela, incluso entre los mismos factores políticos que los nombraron, admite Marval.
“Muchos sectores de la vida política de Venezuela no han tomado en cuenta el trabajo que viene realizando el TSJ, muchos dirigentes políticos no toman en consideración al TSJ. Pareciera que les incomodan nuestras decisiones”, reprocha el abogado, quien se embarcó el 30 de julio de 2017 en una lancha pesquera para navegar por seis horas hasta Curazao para evitar su arresto.
Rodríguez, desde Chile, dice observar “timidez” entre algunos actores de la oposición venezolana para, incluso, mencionarlos como un poder legítimo.
Sin apoyo
Los juristas exiliados se reúnen semanalmente por videoconferencia para discutir asuntos legales del presente de Venezuela. Los integrantes de sus distintas salas, como la Electoral, la Constitucional o la Político Administrativa, discuten sus casos una o dos veces por mes.
Ellos mismos pagan por la impresión de sus sentencias, el envío por correo de expedientes o por el servicio de internet, entre otros recursos que utilizan para sus labores, acotan.
“Hasta la fecha, cada acto ha sido sufragado por los miembros que componen el TSJ. Nosotros mismos pagamos nuestras oficinas, todos nuestros instrumentos de trabajo. No hemos recibido ningún tipo de pago y nos corresponde hacer actividades fuera del Tribunal para subsistir”, lamenta su presidente.
Zambrano, por su parte, detalla que sus colegas y ella salieron abruptamente de la clandestinidad al exilio, “con una mano adelante y otra atrás”.
“No me dio tiempo de nada, no pude hacer maletas. Ha faltado el apoyo necesario. Estamos (trabajando) literalmente con las uñas. No recibimos un apoyo de lo que podíamos considerar el Estado para continuar con nuestras funciones”, señala.
La oposición alega que Maduro usurpa la presidencia desde enero de 2019 y que Juan Guaidó, entonces presidente del Parlamento, es el mandatario interino de Venezuela. Hoy día, a pesar de que 50 gobiernos del mundo respaldan esa fórmula, el líder izquierdista sigue llevando las riendas del poder ejecutivo.
Guaidó, por su lado, suele anunciar diligencias propias de quien tiene dominio de la presidencia y, entre esas tareas, presentó en 2020 y 2021 un presupuesto anual nutrido por millones de dólares de fondos venezolanos congelados en Estados Unidos, administrados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.
El Parlamento venezolano aprobó el año pasado asignar 1,2 millones de dólares para salarios de los magistrados y el funcionamiento del TSJ “legítimo”. Este año, una comisión delegada de esa Asamblea Nacional refrendó una partida de 1.758.000 dólares para esos fines. Los juristas consultados por la VOA aseguran que esos recursos han quedado en el papel y niegan haber recibido pago alguno.
Las magistradas de la Sala Constitucional valoran que “siempre hay algo prioritario” en el uso de esos dineros, si bien creen que sus honorarios están “en trámite”. Zambrano, conmovida, dice haber sentido desde su clandestinidad un “abandono” por parte de los sectores que promovieron sus designaciones.
Marval, a su vez, hace votos porque se venzan pronto las “muchas trabas” para que sus colegas y él puedan recibir lo que les corresponde “por trabajo y ley”.
Cualquiera sea el resultado de esos trámites presupuestarios, los magistrados refrendan que seguirán en sus labores como integrantes del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, aún desde el exilio, y dicen que anhelan volver a una “Venezuela democrática” donde sus sentencias sean, finalmente, “ejecutables”.
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