El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la asignación de créditos por un monto total sin precedentes para beneficiar la liquidez mundial y Venezuela -en medio de una crisis económica, política y social inédita desde hace años- no podrá aprovechar semejante oportunidad.
La Junta de Gobernadores del FMI, como se le identifica por sus siglas en castellano, aprobó el lunes de esta semana una asignación de “derechos especiales de giro” o créditos por un total de 650.000 millones de dólares para “apuntalar la liquidez mundial”, según informó el organismo financiero en un comunicado.
Se trata de “una decisión histórica” que busca dar “una inyección de ánimo” a la economía mundial tras el estancamiento por la pandemia del COVID-19 y que beneficiará a todos los países miembro, describió la directora general del FMI, Kristalina Georgieva. Según la vocera, la milmillonaria medida aspira a mejorar las reservas globales, generar confianza y ayudar a las naciones “más vulnerables” que luchan contra “los estragos” del nuevo coronavirus.
Se conoció que 42% de los derechos especiales de giro del FMI, es decir, 275.000 millones de dólares, se asignará a países de mercados emergentes y en desarrollo. También, se precisó que las asignaciones entrarán en vigor a partir del 23 de agosto próximo y serán acreditadas a los integrantes del FMI “en proporción con sus actuales cuotas en la institución”.
Los derechos especiales de giro o DEG sirven como “una divisa” entre los países miembro, que procura el crecimiento económico a partir del crédito y “ampliar la base de activos” del FMI, explica Luis Angarita, economista experto en relaciones internacionales y docente de la Universidad Central de Venezuela.
El último precedente similar data de la crisis financiera mundial de 2009. Venezuela podría recibir el equivalente a 5.000 millones de dólares de esos DEG, pero su “conflicto de reconocimiento y legitimidad” lo entorpece, dice.
“El FMI no reconoce a los representantes de Venezuela, ni del Banco Central (afín al gobierno de Nicolás Maduro), lo que impide que nuestro país sea beneficiario de estas acciones”, precisa Angarita a la Voz de América.
Desde enero de 2019, la oposición de Maduro lo acusa de usurpar la presidencia y al menos 50 gobiernos reconocen en ese cargo de manera interina a Juan Guaidó, el último dirigente del Parlamento venezolano electo en 2015.
Relaciones rotas
El economista y coordinador de la maestría en economía internacional de la Universidad Central de Venezuela, Alfredo Ordóñez, atribuye la dificultad de Venezuela a beneficiarse de esos DEG por tres razones: el rompimiento del gobierno con todos los organismos multilaterales con los que no comparte “filosofía política”; que el FMI da prioridad a economías de libre mercado y sustentadas en valores democráticas, categoría que no calza a la venezolana; y el rompimiento institucional del Banco Central de Venezuela con el organismo.
Venezuela llega al momento de los nuevos créditos del FMI “en condiciones bastante desiguales” en comparación con otras economías, observa. Menciona, por ejemplo, el desplome paulatino de la producción petrolera -el país solo produjo 529.000 barriles al día en junio pasado-, cuando era hace décadas su principal y más firme carta de presentación ante el FMI.
Henkel García, analista financiero y director de la firma Econométrica, afirma que las relaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Maduro, así como de su predecesor, Hugo Chávez, han sido “muy malas”.
“Ni siquiera las cifras económicas se han aportado (del gobierno madurista al FMI). No han ido a las reuniones que los miembros hacen, no han permitido que tampoco comisiones del FMI evalúen directamente la situación de Venezuela. Ha sido una relación bastante compleja”, comenta a la VOA.
Según García, el conflicto político y el no reconocimiento al gobierno de Maduro, ni al interinato de Guaidó, es la clave de la postura del FMI.
“No ha definido cuál es la instancia ejecutiva que reconoce, que finalmente sería la que haría uso de esos fondos”, apunta. El organismo financiero ya presentó ese argumento en el pasado para negar un crédito al gobierno de Maduro.
Sin claridad ni intención
Apenas el año pasado, el FMI rechazó una solicitud de préstamo de 5.000 millones de dólares para combatir el nuevo coronavirus en Venezuela por no existir “claridad” sobre cuál gobernante es legítimo ante los ojos de su directiva.
Angarita, como García, enfatiza en la “falta de interacción” entre el FMI y el poder ejecutivo venezolano desde 2006, cuando Chávez presidía el país.
“En épocas de Chávez, el gobierno satanizó el rol del FMI y trasladó sus deudas a terceros actores del sistema financiero, y no ofrece cifras trasparentes del desempeño macroeconómico del país, como parte del programa de asistencia técnica que maneja el FMI”, especifica el economista.
Chávez, en 2007, anunció que firmaría el retiro de Venezuela como país miembro del FMI. Maduro, por su parte, llamó en 2018 al organismo “sicario del mundo” y lo culpó de la muerte por “hambre” de millones de personas.
Ordóñez, por su parte, se dice convencido de que el BCV o el gobierno de Maduro harán las diligencias respectivas ante el Fondo Monetario para recibir las asignaciones de DEG, no obstante.
“Lo va a volver a solicitar. La administración del presidente Maduro y el grupo directivo del BCV, dada la crisis, están obligados en todos sus niveles a buscar los recursos donde pueda conseguirlos”, menciona a la Voz de América.
En caso de que el FMI contemple la posibilidad de asignar los DEG a Venezuela, estima, exigirá al Estado suramericano una serie de condiciones, como mayor respeto a la seguridad jurídica del aparato productivo nacional, el apalancamiento de sectores empresariales e industriales, o, incluso, la eliminación del control cambiario existente en el país desde 2003.
“El Estado tiene que hacer unos cambios radicales en política monetaria e industrial, y el FMI va a exigirlos para que puedan darse esas condiciones. Estaría este gran dilema de aceptar o no las exigencias que exige el FMI”, acota.
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