Cuba incorporó a su legislación la difusión de noticias falsas, tipificándolas como acciones de alta peligrosidad; los insultos en redes sociales o el uso de plataformas tecnológicas para llamar a subvertir el orden o los preceptos constitucionales.
Además dispuso un “modelo de actuación” con un formulario para ser llenado en caso de que alguien quisiera denunciar estos “incidentes de ciberseguridad” como parte de una serie de normas jurídicas que llegan a un mes de una serie de protestas contra el gobierno y en las cuales internet jugó un papel importante en la convocatoria de los manifestantes.
La Gaceta Oficial publicó este martes seis normas -un decreto ley y otras de menor rango- sobre las telecomunicaciones y el espacio de radiodifusión, su uso y las infracciones. También impone multas a quienes violen algunas de las disposiciones, sobre todo de comercialización o instalación de dispositivos.
“El Estado cubano tiene el derecho irrenunciable y soberano de regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social de nuestro país y constituyen un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo”, expresó el Decreto-Ley 35 del Consejo de Estado y que encabeza a las otras disposiciones de menor rango.
Este decreto-ley es la norma de más alto rango publicada hasta la fecha para estos sectores y busca actualizar y modernizar el marco legal, dijo a medios de prensa locales Wilfredo López, director de Regulaciones del Ministerio de las Comunicaciones. Fue firmado en abril de 2021.
Entre la media docena de otras normas publicadas sobresale el decreto 105 del Ministerio de las Comunicaciones, firmado por la titular de la dependencia Mayra Arevich el 9 de agosto y que pone énfasis en la ciberseguridad y sí es posterior a las manifestaciones de julio.
La norma busca “garantizar que a través de la gestión de incidentes de ciberseguridad se pueda prevenir, detectar y responder oportunamente ante posibles actividades enemigas, delictivas y nocivas que puedan ocurrir en el ciberespacio, así como realizar el enfrentamiento y neutralización de estos sucesos”.
Entre sus novedades, este decreto ministerial contiene la “tipificación de los incidentes” y su “peligrosidad”, como por ejemplo la divulgación de noticias falsas, los mensajes ofensivos o la difamación con impacto en el prestigio del país cuyo nivel se considera “alto”.
En esta misma escala se encuentran la difusión de contenidos que “atenten” contra “los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas”, estableció la disposición.
Con un nivel “muy alto” se encuentras las acciones de “ciberterrorismo” con el objetivo de subvertir el orden o desestabilizar al país.
La norma no estableció sanciones o penas para estos “incidentes” —que quedan a merced del legislaciones complementarias— y en cambio sí anexó un formulario que las personas naturales —civiles— o jurídicas —instituciones— pueden usar para denunciar estos hechos ante los organismos estatales.
Miles de personas salieron a las calles el 11 y 12 de julio en unas inusuales manifestaciones con reclamos al gobierno en medio de una situación de desabastecimiento de alimentos y medicinas, colas y apagones en varias ciudades del país y una persona murió en medio de actos vandálicos. Otros grupos, simpatizantes del gobierno, también marcharon.
Rechazo de Estados Unidos
El gobierno estadounidense, a través del Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, rechazó frontalmente la medida, calificándola de "ley de censura" cuyo objetivo es "silenciar" a la población.
"Hoy, el gobierno cubano anunció otra ley de censura en un claro intento post-protestas de intentar silenciar al pueblo cubano", indicó la cartera de Exteriores vía tuit. "Las autoridades cubanas deberían respetar el claro deseo del pueblo cubano por expresar su propia voz, no castigar a quienes dicen la verdad".
El Tesoro de Estados Unidos aprobó la pasada semana regulaciones para facilitar una internet libre en Cuba, buscando desarrollar infraestructuras de conexión y comunicación libres en la isla, fuera del alcance del gobierno cubano.
* Con información de Associated Press y del Departamento de Estado de EE. UU.
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